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| 27 de febrero del 2007 |
MINUSTAH: Mandato fuerte, interpretación frustrante
Elena Couceiro Arroyo
Desde la caída de Jean Bertrand Aristide tras una revuelta popular, Haití
sufre la ausencia del respeto a los derechos humanos, el subdesarrollo
socioeconómico, el revanchismo político y la inseguridad. En medio de un
proceso electoral y a más de un año del despliegue de la Misión de
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), la situación
apenas ha mejorado. La falta de voluntad política a la hora de interpretar
un mandato prometedor es una de las causas del fracaso de la primera
misión de la ONU comandada por Latinoamérica.
Haití, ex colonia francesa, fue el primer país latinoamericano en alcanzar la independencia. Sin embargo, este hecho no ha asegurado la consolidación de su democracia. Las dictaduras y la cultura política según la cual "el ganador se lleva todo" han hecho que la alternancia en el poder llegara sólo en forma de golpes de Estado y revueltas populares. Así se terminó con la dictadura militar de los Duvalier, que se prolongó de 1934 a 1986, y con la presidencia democrática de Jean- Bertrand Aristide, que en 1991 (recién llegado al poder) sufrió un golpe militar y en 2004 una revuelta popular que le obligó a salir del país. Los grupos paramilitares son otro hilo conductor de la historia reciente de Haití. Los tonton-macoutes de los Duvalier y los chimères de Aristide sembraron el pánico, el odio y el deseo de venganza entre sus oponentes. La centralización del poder, los fraudes electorales y la eliminación del enemigo -Aristide abolió el ejército, pero no desarmó a sus miembros- también han sido constantes. Desde el exterior, Francia y EEUU han intervenido con frecuencia en Haití, pues Aristide no les agradaba por su política económica y su discurso contra Fran cia. La CIA llegó a financiar y apoyar al Frente por el Adelanto y el Progreso en Haití (FRAPH), la organización paramilitar responsable del golpe de Estado de 1991 (1), mientras que los rebeldes y la oposición a Aristide -el Grupo de 184, dirigido por el empresario estadounidense Andy Apaid- recibían ayuda del Partido Republicano de EEUU (2). Butteur Metayer, antiguo protector de Aristide y líder de un grupo armado, encabezó en 2004 una rebelión contra el presidente tras el asesinato de su hermano a manos del Gobierno. Gracias a la ayuda de los ex militares, la revuelta originada en la ciudad de Gonaïves se extendió rápidamente y Washington y París forzaron la salida de Aristide del país en un avión militar estadounidense el 29 de febrero de 2004. Paralelamente, la Comunidad del Caribe promovía el acuerdo entre las partes ante la crisis. Esta organización regional, que reclamó a la ONU una investigación que fue vetada por Francia y EEUU, no reconoce al Gobierno haitiano actual. Desde entonces, en Haití ha habido intentos de crear instituciones que representen a todos los colectivos sociales, incluido el partido de Aristide -el Fanmi Lavalas-. Pero estas tentativas son boicoteadas debido a una férrea lucha de intereses (3) y al gobierno provisional, formado por tecnócratas poco populares, que ha seguido con la tradición de perseguir a sus oponentes -por ejemplo, el antiguo primer ministro Yvon Neptune lleva más de un año en prisión sin ser juzgado-. La crisis actual en Haití responde a la de un Estado fallido que es incapaz de garantizar la seguridad y satisfacer las necesidades sociales debido a una crisis económica, política y social (4). El país sufre las ausencias de respeto a los derechos humanos, bienestar económico, seguridad, diálogo nacional y control estatal del territorio. Las detenciones y ejecuciones arbitrarias (especialmente de seguidores del Fanmi Lavalas) por parte de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y las agresiones sexuales son muy comunes, y no existe un sistema judicial. Haití tiene unos indicadores de desarrollo socioeconómico -renta per cápita, analfabetismo y esperanza de vida- muy similares a los de África subsahariana y sólo ha recibido la mitad de la ayuda prometida hace más de un año (1'08 millones de dólares) (5). Además, las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que el Gobierno se esfuerza por obedecer, no arreglan las cosas. Hay más de 200.000 armas ilegales en circulación y las bandas violentas trabajan para empresarios -como por ejemplo Andy Apaid-, políticos, ex militares y narcotraficantes. Desde septiembre de 2004 a julio de 2005, Médicos Sin Fronteras ha atendido en su hospital a más de 1.000 heridos a causa de la violencia (6). El diálogo nacional parece complicado cuando los integrantes del Fanmi Lavalas son perseguidos mientras los medios de comunicación y el Gobierno hacen uso de un lenguaje que incita al odio. El pasado agosto sólo estaba registrada una cuarta parte de los votantes y por eso las elecciones, previstas para octubre y noviembre de 2005, se han vuelto a posponer. Los haitianos consideran al dictador Jean-Claude Duvalier como el mejor político de su país (7) y éste participará en los citados comicios (8). El Estado no controla todo el territorio. Hay áreas como Cité Soleil, donde viven millones de personas pobres, en las que la autoridad son los grupos armados, y los narcotraficantes o comerciantes de armas disponen de su propio aeropuerto. La MINUSTAH: su mandato y composición La MINUSTAH no es la primera misión de la ONU en Haití, pues en poco más de diez años ha habido tres: una para garantizar la vuelta de Aristide en 1994, después del golpe militar que lo destituyó; otra en marzo de 2004, tras la salida del presidente; y la reciente MINUSTAH, que opera desde junio de 2004. Como la mayoría de las misiones de paz de la ONU a partir de la década de los noventa, la MINUSTAH responde a lo que se ha llamado "operación de segunda generación". Su finalidad es intervenir para producir consecuencias políticas, económicas y sociales y, para conseguirlo, se autoriza el uso de la fuerza (9). Su mandato incluye medidas en los campos de la seguridad, la política y los derechos humanos (10), como reformar y colaborar con la Policía Nacional Haitiana (PNH), contribuir a los programas de desarme, apoyar la gobernabilidad y la celebración de elecciones, supervisar e informar de la situación de los derechos humanos en el país, etc. La misión permanecerá en Haití hasta el 15 de febrero de 2006, ocho días después de que se produzca el traspaso de poderes (11). Juan Gabriel Valdés, enviado especial del Secretario General de la ONU, considera que deberá permanecer en Haití diez años más. Para algunos especialistas, la MINUSTAH es una respuesta regional a una crisis regional, ya que Haití sufre todos los problemas de América Latina y el Caribe en su grado superlativo: corrupción, violencia enquistada, grupos paramilitares, exclusión social y política, narcotráfico y racismo institucional (12). En el contingente hay miembros de 20 países (13), pero sólo cuatro de ellos son del norte. Su mando es brasileño y casi la mitad de los países con tropas desplegadas pertenecen a Latinoamérica. Desde el 28 de febrero de 2005, la misión está compuesta por un 72% de personal militar, un 16% de policías y un 10% de personal civil. De los 10.019 efectivos prometidos en la resolución de la ONU, se han desplegado 8.691, un 86,74% de lo aprobado. Logros y fracasos de la MINUSTAH Para algunos, el mandato de la MINUSTAH y su composición son loables, pues se trata de una operación comandada por países del Sur; constituye un esfuerzo multilateral en tiempos de acciones unilaterales; e incide en la defensa de los derechos humanos. Otros consideran que la democracia no se puede imponer desde fuera y menos a través de un golpe de Estado (14). No hay duda de que la violencia ha disminuido en Haití, pero es obvio que la MINUSTAH no ha demostrado toda la eficacia deseable y no puede traer, por sí sola, el fin de los problemas estructurales del país (15). La imagen que tienen los haitianos de la misión es muy negativa porque no conocen su mandato y la perciben como una injerencia. Además, la mayor parte de su personal no habla francés ni creole, la lengua popular. Durante el primer año que la MINUSTAH estuvo presente en el país, su actuación frente a la violencia fue criticada como pasiva. Juan Gabriel Valdés decía entonces que la fuerza no serviría para mejorar la situación a largo plazo (16). Pero tras la muerte de dos soldados en marzo de 2005, la MINUSTAH ha tomado un papel más activo en la lucha contra los grupos armados. Aun así, este empeño ha dado pocos resultados y ha provocado la muerte de civiles en el fuego cruzado (17). Muy pocas veces la policía civil de la MINUSTAH (CIVPOL) ha patrullado sin la Policía Nacional Haitiana (PNH). La misión ha diseñado un programa propio de desarme, desmovilización y reinserción basado en conceder beneficios y ayudas a las comunidades cuyos miembros se desarmen. También ha creado un seminario de sensibilización sobre el desarme para los periodistas del país (18). Pero el Gobierno haitiano concede ayudas antes de que se entreguen las armas o lanza promesas que luego no cumple, así que hay descoordinación y se está generando mucha frustración. Hasta el momento, la MINUSTAH no dispone de inteligencia, pues todavía no se ha desplegado el prometido Centro de Análisis Mixto. Juan Gabriel Valdés niega que en Haití exista persecución política y considera que se deberían buscar agentes para el cambio. Quizá por eso la misión ha organizado jornadas con sacerdotes del vudú que puedan propiciar el diálogo y promover la paz. Valdés defiende que las elecciones no deberían excluir a nadie, aunque "Aristide no tiene espacio para un regreso". La MINUSTAH también ha ayudado en la formación de una coalición de mujeres candidatas (19), ha puesto en marcha seminarios y ha elaborado un censo y campañas de sensibilización sobre las elecciones (20). Pero los analistas critican que no se haya acercado a los pobladores pacíficos de los suburbios pobres y que reprima sus manifestaciones. A pesar de que su mandato en derechos humanos es de los más fuertes de la historia de la ONU, la MINUSTAH no ha generado ningún informe público y accesible sobre esta situación; no deja de colaborar con la PNH, a pesar de las documentadas violaciones de derechos humanos que caracterizan a este cuerpo; participa en operaciones de ataque indiscriminado en zonas como Cité Soleil; y no investiga casos como el de una enorme fosa común en Titanyen, donde la PNH se deshace de los cadáveres de los detenidos (21). Ante los requerimientos de las organizaciones que indagan sobre estas actuaciones, responsables de la misión han declarado que no tienen poder para investigar (22) o que su mandato en derechos humanos no es muy fuerte (23). El Consejo de Seguridad de la ONU afirma que es imposible realizar investigaciones debido a la inestabilidad y los temores por la falta de protección de los testigos (24). El embajador argentino de la misión, Ernesto López, asegura que "la MINUSTAH sólo entra en Cité Soleil a disparar" (25). Esto significa que está fracasando en su combate contra la impunidad, aunque la misión ha expresado claramente su malestar por la detención prolongada del ex primer ministro Yvon Neptune. Además ha creado talleres de capacitación de los partidos políticos en materia de derechos de la infancia -la explotación y la prostitución infantil siguen aumentando en Haití- y un teléfono para que las víctimas de los abusos puedan denunciar los hechos. Ante la falta de sistema judicial, Canadá está ofreciendo formación para resolver este problema en el futuro. Valdés es consciente del retraso con el que llega la ayuda al desarrollo. Países como Marruecos, España, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile han señalado que, si la ayuda no llega, se plantearán la retirada de sus tropas de la MINUSTAH. Ésta también se ha dedicado a labores humanitarias, especialmente a raíz de las catástrofes naturales que azotan el país, y ha organizado conferencias sobre el VIH con el fin de informar a la población. Para muchos analistas, los numerosos despropósitos de la misión no se pueden atribuir a una falta de medios, sino a una falta de voluntad política. La implicación española en la MINUSTAH La presencia española en Haití refleja cómo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quiere apostar por el multilateralismo y un acercamiento a Latinoamérica a la hora de gestionar las relaciones internacionales. De hecho, la idea de participar en la MINUSTAH empezó a fraguarse muy poco después de las elecciones de marzo de 2004 (26). El Gobierno quería intervenir en Haití por el temor a una posible desestabilización de la República Dominicana, por el deseo de acompañar el intento latinoamericano de resolver una crisis regional y por motivos humanitarios. Ya entonces se anunció que se trataría de una operación a largo plazo. Los nuevos ministros se afanaban en transmitir al pueblo español las diferencias entre la invasión de Irak y la intervención en Haití. Finalmente, el seis de julio de 2004, el Congreso aprobaba el envío de las tropas al país latinoamericano. Éstas forman parte de una fuerza conjunta con mando español y soldados marroquíes compuesta por 200 infantes de marina, 10 policías y 18 guardias civiles a los que se suman 150 soldados marroquíes (con esta iniciativa se intentaban mejorar las relaciones hispano-marroquíes, muy deterioradas durante el último tramo del Gobierno del Partido Popular). El 11 de noviembre de 2004, los españoles y los marroquíes tomaron el control de Port Liberté, en la frontera norte con la República Dominicana. Desde entonces, la función de los agentes de policía y de la Guardia Civil ha sido formar a nuevos policías. Antes de ser destinados a Haití, los soldados recibieron formación en temas humanitarios, políticos, económicos, sociales e históricos. Su cometido ha sido patrullar en la frontera para evitar tumultos por el tráfico de drogas, escoltar convoyes, repartir ayuda humanitaria y prestar asistencia sanitaria a los civiles (27). En marzo de 2005 se organizó el relevo de los infantes de marina, pero España ha anunciado que si la ayuda internacional prometida no llega, las tropas regresarán a finales de año. A modo de reflexión La MINUSTAH es un valioso ejemplo de colaboración "sur-sur" y de multilateralismo en una época en la que la hegemonía de Washington en las intervenciones internacionales no es muy contestada. El fuerte mandato de la misión en temas como los derechos humanos, el diálogo nacional y el desarrollo del país supone un paso muy importante en cuanto a la ambición de estas misiones de la ONU y la forma de entender un conflicto. Por otro lado, los intentos, más bien poco difundidos, que la MINUSTAH realiza para crear un diálogo nacional y sensibilizar a la población -a través de seminarios y conferencias- son loables. Sin embargo, su actuación en Haití está resultando decepcionante en cuanto a la interpretación de ese fuerte mandato. De las carencias aquí analizadas se desprenden algunas recomendaciones importantes para que la misión gane en eficacia, credibilidad y apoyos. La MINUSTAH debe tomarse en serio su mandato en la defensa de los derechos humanos, cuya situación en Haití es desastrosa, y no tiene excusas para eludir este cometido. Por ello sería aconsejable que investigara los crímenes (especialmente en el hospital de Puerto Príncipe y en la fosa de Titanyen) y publicara informes periódicos, en creole y francés, que fueran accesibles para la población. La misión tendría que investigar y castigar con firmeza a los culpables de crímenes, así como condicionar el apoyo a la Policía Nacional Haitiana (PNH) al respeto que este cuerpo tenga hacia los derechos humanos. Las prisiones y el hospital de Puerto Príncipe, donde tienen lugar gran cantidad de violaciones contra los derechos humanos, deberían ser los lugares de mayor despliegue de la MINUSTAH. Ésta, además, debería supervisar muy de cerca las operaciones de la PNH, estando presente en sus actividades y en todas las comisarías. La presión de la MINUSTAH para que se creen tribunales, comisiones de la verdad, cortes penales internacionales, unos estatutos transparentes del sistema judicial y bases de datos de violaciones de derechos humanos y de presos serviría para acabar con la impunidad. Asimismo, la misión podría colaborar en la formación de un sistema imparcial de defensa de los derechos humanos apoyado en órganos jurídicos y comisiones nacionales. De este modo contribuiría a que la defensa de los derechos humanos pase a formar parte de la cultura cívica haitiana. La MINUSTAH no tiene información propia y elaborada sobre Haití y su situación, de lo que se deriva la necesidad de que se ponga en marcha el Centro de Análisis Mixto y que se establezcan acuerdos entre diferentes actores que compartan y analicen la información concerniente al país. Para realizar las labores de inteligencia es importante que la MINUSTAH disponga de intérpretes y traductores de creole y refuerce la cantidad de soldados de lengua francesa. Un mayor trabajo con la población haitiana mejorará sin duda no sólo la eficacia, sino también la imagen negativa que tiene la misión en Haití. En este sentido, la ONU recomienda que se realice una campaña de comunicación para que los haitianos confíen más en la MINUSTAH, incidiendo especialmente en su trabajo en el campo humanitario y por el desarrollo del país. Esto se conseguiría si en sus operaciones de seguridad incorporase un equipo de atención humanitaria. La MINUSTAH tiene que saber cómo viven y qué quieren los habitantes pacíficos de los suburbios para que la violencia deje de ser su único recurso. Y todas las actuaciones cuyo fin sea conocer bien a la población haitiana obtendrían mejores resultados si se trabajara con las ONG que operan sobre el terreno. El programa de desarme, desmovilización y reinserción basado en los beneficios para la comunidad debería ser puesto en marcha sin demora. Pero también es urgente que la MINUSTAH impida que el Gobierno lleve a cabo un programa de desarme descaradamente orientado a escuchar a los ex militares y a ignorar a los partidarios del Fanmi Lavalas. Además, los analistas exigen una mejor coordinación entre la misión y las autoridades gubernamentales (incluida la PNH), así como entre los diferentes elementos de la propia MINUSTAH. La difusión de una campaña de educación cívica que anime a la población a que vote y en la que se explicite la importancia de ese voto para el futuro del país es otra medida ineludible. Para garantizar unas elecciones lo más libres posible, la ONU debería presionar para que el Fanmi Lavalas y sus seguidores no sean perseguidos. En materia de desarrollo socioeconómico, la MINUSTAH tendría que exigir que la ayuda llegue al país de forma eficaz y con un calendario riguroso de desembolsos. Al mismo tiempo, debería convertirse en un importante brazo ejecutor de esa ayuda porque, si ésta no llega, la crisis haitiana corre el peligro de convertirse en crónica.
Notas
(1) Patrick Costello y José Antonio Sanahuja, "Haití: los desafíos de la reconstrucción",
1996. Disponible en: |
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