Javier Fueyo: Un insulto a los derechos humanos

El organismo encargado de promover y proteger universalmente los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos, acaba de adoptar una desafortunada decisión al nombrar para el cargo anual de presidente al representante permanente de la República Indonesia ante las Naciones Unidas, Makarim Wibisono. La decisión, consensuada por sus 53 miembros el pasado 17 de enero, ha puesto en entredicho la imparcialidad e independencia de este organismo. Su tarea fundamental será la de presidir la 61ª Sesión anual de la Comisión en Ginebra que tendrá lugar el 14 de marzo y que se prolongará durante seis semanas.

Indonesia es un país que siempre ha estado sometido al escrutinio de la comunidad internacional por su interpretación de la soberanía nacional, la cual antepone la unidad nacional a los derechos de sus pobladores. Los abusos cometidos en Timor, sin que se hayan determinado responsabilidades aún, su posición respecto a la minoría papú en Irian Jaya o la negativa a ceder un palmo de terreno en la secesionista provincia de Aceh son los ejemplos más notorios de una pléyade de actuaciones represivas en las que las Fuerzas Armadas son el principal brazo ejecutor.

De los distintos tratados y protocolos opcionales que regulan la protección internacional de los derechos humanos -y que la ONU, a través de la propia Comisión y varios órganos ad hoc, tiene como cometido vigilar-, Indonesia sólo ha ratificado tres. No es miembro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ni del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y mantiene sus reservas a los Protocolos que amplían la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Tampoco ha querido saber nada del Protocolo Opcional sobre la Convención contra la Tortura. Indonesia, por tanto, no puede ser la cabeza visible de la protección y promoción de los Derechos Humanos.

A finales del año pasado el panel de expertos de la Secretaría General de las Naciones Unidas sugería una despolitización del organismo y una mayor participación de expertos individuales. Eligiendo a un diplomático indonesio, la Comisión ha hecho caso omiso a estas proposiciones y ha dado un paso atrás en su necesaria reforma. Dividida en cinco áreas geográficas, la candidatura de Wibisono ha sido promocionada por los países asiáticos y, finalmente, se ha impuesto a los otros cuatro aspirantes.

En lugar de atender a las recomendaciones de los especialistas, la Comisión se ha comportado como un ente viciado y, una vez más, la diplomacia de pasillos se ha impuesto al sentido común.

Una burla al sistema

Más allá del descrédito de la Comisión al escoger al representante de un Estado con un oscuro récord por la violación sistemática de los derechos humanos, el nombramiento es, en sí mismo, una burla a todo el sistema de las Naciones Unidas.

Hay que remontarse cinco años atrás, justo al contexto de la cuestión del Timor Oriental, para entender el porqué del escarnio. El 12 de noviembre de 1999, Makarim Wibisono, como embajador de Indonesia ante la ONU, cuestionó la legalidad de la propia Comisión de Derechos Humanos, porque, en septiembre, había decidido investigar los crímenes y desmanes cometidos por el ejército indonesio y los paramilitares en Timor Oriental, a través de una comisión especial. No contento con ello acusó a la por entonces, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la irlandesa Mary Robinson, de parcialidad. Unos antecedentes impropios para un futuro presidente de la Comisión.

No obstante, la inclinación de la ONU por este esbirro de Yakarta no es nueva. Sus polémicas declaraciones fueron realizadas en el marco de un debate sobre Timor Oriental en la sede del ECOSOC (Consejo Económico y Socia de Naciones Unidas) que finalizó con el apoyo por mayoría simple de sus miembros al comité de investigación. Un año más tarde, Wibisono, incomprensiblemente, fue nombrado presidente de este organismo de las Naciones Unidas.

Junto a la triste paradoja que significa el nombramiento de un antiguo detractor de la Comisión, su designación puede conllevar importantes consecuencias para el desarrollo de esta 61ª Sesión donde se establece la agenda y las prioridades temáticas y geográficas en la protección de los derechos humanos. El Presidente disfruta de un peso considerable en la elaboración de la agenda y actúa como mediador entre los distintos miembros de la Comisión, quienes, en muchas ocasiones, discrepan de cuáles son los asuntos que merecen importancia. Dado el poder que se le ha concedido, tiene capacidad para influir directamente en los temas tratados y en los países sometidos al escrutinio de la Comisión.

Más impunidad para los criminales

En la pasada Sesión de la Comisión de los Derechos Humanos no se adoptó ninguna disposición especial sobre la situación en Indonesia, como sí se hizo en el caso de Nepal, Myanmar o Colombia, por citar algunos casos. No obstante, en los trabajos preparatorios, dos organizaciones no gubernamentales con estatus de consultoras especiales dentro de la Comisión atestiguaron las siguientes prácticas habituales por las fuerzas de orden público: discriminación racial, violencia física y psíquica hacia los activistas pro-derechos humanos, torturas, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales. No se consideró una cuestión prioritaria.

Con Wibisono al frente no parece que la posición de la Comisión al respecto vaya a cambiar. Y ello a pesar de que la protección de los derechos humanos en Indonesia no es que no haya mejorado, sino que ha empeorado. A las denuncias anteriores, se han añadido en 2004 otras nuevas, como las derivadas de la prolongación del estado de emergencia en Aceh, el escaso interés puesto por las autoridades en la investigación del presumible asesinato de un activista local por los derechos humanos y, sobre todo, la absolución de la mayoría de los implicados en las atrocidades cometidas en Timor en 1999, pese a las promesas del Gobierno de reforzar la protección de los derechos humanos.

Con actuaciones como la absolución de 12 de los 18 encausados por crímenes en Timor Oriental, la independencia de la Justicia indonesia vuelve a quedar en entredicho y, por otra parte, se pone en tela de juicio las verdaderas intenciones del Ejecutivo de Sukarnoputri, primero, y de Yudhoyono, después, al hacer una llamada a la Verdad y a la Reconciliación. Llevar adelante acciones firmes para la resolución de violaciones de los derechos humanos en Indonesia podría tocar a miembros muy próximos al Gobierno y esa es una polvareda que nadie desea levantar. Es preferible estar al frente de la Comisión de Derechos Humanos para evitar su incómodo escrutinio, mientras que la retórica de la reconciliación utilizada por Yakarta amansa a la comunidad internacional.