España: Los mayores no son invisibles

En Madrid hay muchas personas mayores. Más de 850.000 mayores de 65 años. Son gentes pacíficas, acostumbradas a cobrar poco y ahorrar mucho, a ajustar sus gastos, a cuidar de los hijos de sus hijos y causar los menores problemas posibles a sus familiares más cercanos, que no lo tienen fácil para atender sus propias necesidades en una Comunidad complicada para la vida de las familias.

Nuestros mayores están acostumbrados a vivir discretamente, en muchos casos soportando la soledad y, con demasiada frecuencia, el silencio. Los mayores no son noticia, salvo cuando mueren solos en casa y aparecen en las páginas de sucesos. Los ciudadanos hablamos mucho de los problemas del empleo, de los altos precios de la vivienda, de las averías del Metro o de la cada vez mayor presencia de inmigrantes. Sin embargo, los problemas de nuestros mayores pertenecen al mundo de la intimidad familiar, de lo socialmente invisible, por más que afectan y preocupan a la mayoría de las familias madrileñas.

200.000 madrileños tienen más de 80 años. Cerca de 250.000 perciben pensiones de viudedad de menos de 600 euros al mes y cerca de 34.000, pensiones no contributivas con una cuantía media mensual de 305 euros. 187.000 personas mayores viven solas, la gran mayoría de ellas mujeres con bajas pensiones. La atención a las situaciones de dependencia de nuestros mayores recae sobre las familias y, cuando son cuidadores externos los que atienden a nuestros familiares mayores, más del 60 por ciento lo hacen desde la economía sumergida.

La nueva Ley de Atención a las Personas en Situación de Dependencia ha gozado de un amplio consenso parlamentario, teniendo en cuenta que venía avalada por un acuerdo previo del Gobierno, CEOE, UGT y CC.OO. La ley entrará en vigor el 22 de abril, fecha a partir de la cual cualquier persona en situación de dependencia podrá reclamar ante la Administración la baremación de su situación y la atención con los recursos necesarios.

La Comunidad de Madrid presenta un notable retraso en la preparación de los mecanismos para atender la demanda de estas personas. Tan sólo hemos escuchado declaraciones públicas de algunos responsables autonómicos del asunto, poniéndose la venda antes de recibir la pedrada y manifestando que en Madrid la ley ya se cumple con creces. Sin embargo, contamos con 17.000 personas mayores en lista de espera para acceder a una residencia pública, mientras que a lo largo del mandato de Esperanza Aguirre las plazas en residencias públicas se han congelado, al tiempo que las plazas en residencias privadas concertadas o cofinanciadas sostenidas con fondos públicos han crecido un 60 por ciento.

No se ha creado ningún comité consultivo en el que esté el Gobierno regional, CEIM, CC.OO. y UGT, similar al que funciona en el ámbito del Estado y en diferentes comunidades autónomas, para ir supervisando la puesta en marcha de una ley que alcanzará su plena aplicación en 2015. Tampoco el Gobierno regional ha definido los mecanismos de aplicación de esta ley, cuando otras comunidades ya han avanzado la creación de institutos, departamentos u otro tipo de organismos institucionales, y han procedido a seleccionar el personal necesario para poner en marcha la ley, al menos en sus aspectos de baremación y valoración de las situaciones individuales de dependencia.

Las federaciones de Pensionistas y Jubilados de CC.OO. y UGT han manifestado reiteradamente la preocupación por la autocomplacencia del Gobierno frente a la ausencia de compromisos reales para hacer frente a una situación preocupante, que no hará sino agravarse en función de las previsiones de envejecimiento poblacional de nuestra Comunidad. Por eso, el día 22 de marzo participaron en la manifestación en defensa de los servicios públicos, y el 29 de marzo celebrarán un acto público de mayores en el Círculo de Bellas Artes y entregarán posteriormente sus reivindicaciones en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol. Están decididos a ser escuchados, a salir de la invisibilidad y a reclamar sus nuevos derechos legales. Porque una sociedad moderna se mide por la capacidad para atender las necesidades de sus ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos, haciendo posible que la libertad sea ejercida por toda la ciudadanía y eso sólo es posible desde la defensa de la igualdad.

Javier López es secretario general de CC.OO. de Madrid.