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La insignia
30 de marzo del 2007


Ecuador

Correa se consolida


Francisco Hidalgo Flor
Gramsci e o Brasil / La Insignia. Ecuador, marzo del 2007.


En menos de sesenta días, luego de su posesión, Rafael Correa ha alcanzado dos triunfos políticos importantes: por un lado, los partidos de derecha perdieron la mayoría en el Congreso; y, por otro, el presidente ganó presencia política en el principal bastión de la derecha: la provincia del Guayas.

La mayoría de los diputados principales de los partidos de derecha han sido destituidos y reemplazados por sus suplentes, que ahora se alinean con el gobierno. A la par, se debilita una de las "cartas" de la oligarquía, el asunto de las autonomías, con la conformación de una nueva provincia, la de Santa Elena.

Con el aval político alcanzado, ¿emprenderá Correa las reformas estructurales que el país necesita? ¿afirmará una línea antineoliberal y de una propuesta alternativa? Dichas interrogantes no impiden valorar positivamente, desde el punto de vista de las fuerzas de la izquierda, el nuevo escenario político. La oligarquía ha perdido rápidamente, y con extremada torpeza, lo que había ganado en la primera vuelta electoral. En aquella ocasión (octubre del 2006), el millonario Álvaro Noboa consiguió la victoria con un 27% de los votos frente a Rafael Correa, que obtuvo el 23%, y los partidos derechistas obtuvieron la mayoría del Congreso. Entre PRIAN, el partido de Noboa, el PSC, el partido del ex-presidente León Febres Cordero, y Sociedad Patriótica, el partido de Lucio Gutiérrez, sumaban 57 legisladores de un total de 100.

Eso es lo que ellos acaban de perder el pasado 20 de marzo, cuando se ratificó la destitución de los 57 diputados principales y su sustitución por sus alternos, que acceden al parlamento en franca oposición a sus partidos y proclamándose "partidarios de la Asamblea Constituyente".

La prepotencia y la falta de visión de la nueva situación política ha perdido a estos diputados de la oligarquía. Jamás entendieron que los resultados de la segunda vuelta (noviembre del 2006), que dió la Presidencia a Rafael Correa con el 56% de la votación, representaba algo más que una coyuntura; que mas allá de su aparente fragilidad, significaba la concreción de un sentir político de cambio y de participación directa.

Pensaron que desde su mayoría parlamentaria podían arrinconar a Correa, debilitarlo e incluso ir hacia su derrocamiento. No hay que olvidar que desde la destitución de Abdala Bucaram (1997) se implementó una práctica política que el vocabulario criollo denominó "el trapiche", pues la mayoría derechista pactaba con el presidente, "le sacaba el jugo", es decir, lo comprometía en sus proyectos y jugarretas, luego lo trituraba y así, "convertido en bagazo", lo desechaba.

Ese mismo tratamiento se pretendió aplicar con Correa, pero les falló; la situación política había cambiado radicalmente.

Luego de su triunfo, Correa tuvo la virtud de exponer a la población la perspectiva de la Asamblea Constituyente como mecanismo para llevar a cabo los cambios que reclama el país: "dejar atrás la noche neoliberal" y "sepultar la partidocracia". Centró en ello sus mensajes de la posesión presidencial y luego sus recorridos en provincias.

Frente a ello la oligarquía no tuvo una respuesta coherente y con capacidad de convocatoria; se limitó a la consigna de bloquear a Correa y creyó que el camino era cerrar los caminos democráticos: no solo impedir la Constituyente, sino incluso boicoteando la convocatoria a una consulta popular. Esto es, cerrar las puertas de la participación y, una vez atrincherados en el Congreso, realizar pequeños cambios en el texto constitucional.

Ahí cayeron, pues a su propio desgaste sumaron el desprestigio acumulado del Congreso y el rechazo a sus prácticas reiteradas de bloqueo y manipulación. Nadie salió a defender a los 57 diputados. Y no sólo que perdieron la mayoría parlamentaria; adicionalmente se consolidó la tesis del sí a la Asamblea Constituyente, la cual se ve hoy como un hecho inevitable.

El otro aspecto a destacar es la fractura del bastión político de la derecha, la provincia de Guayas, controlada desde hace dos décadas por el Partido Social Cristiano. En esa jurisdicción los partidos de derecha venían ganando desde hace dos décadas atrás, y una de sus banderas era la autonomía, pero, en el contexto del debilitamiento político, varios cantones que componían la provincia de Guayas proclamaron su voluntad de separarse y constituir una nueva provincia, la de Santa Elena, y en torno a ella se alinearon todos los sectores antioligárquicos de dicha jurisdicción.


Asamblea Constituyente y desafíos de la izquierda

La virtud de Correa ha sido la de generar un proceso de movilización social que superó las fases electorales en torno a la propuesta de una Asamblea Constituyente, bajo el principio de "volver hacia el soberano, que es el pueblo". La Asamblea se presenta como el instrumento óptimo para viabilizar los cambios que anhela la población, para "refundar la patria".

Esta propuesta, que aglutinó en noviembre al 56% de los electores, convoca a cerca del 75% de los ciudadanos según algunos sondeos.

Garantizar una conformación mayoritaria de las tendencias democráticas y de izquierda en la Asamblea y un discurso constitucional que sepulte el andamiaje neoliberal y abra espacios de participación al conjunto de la población son los grandes desafíos.

Con una oligarquía arrinconada políticamente y carente de un discurso con capacidad de convocatoria, el escenario parece menos complicado. Pero quedan pendientes las propias limitaciones de la tendencia, su acostumbrado fraccionamiento, su corporativismo y proyectos ajustados al momento social, político e ideológico que se va conformando.

Correa se constituiría en el eje aglutinador de un proceso donde la formación de una lista única de la tendencia, bajo los auspicios del gobierno y liderada por Alianza País (su agrupación electoral), parece ser la vía para garantizar una mayoría de constituyentes.

Eso implica un escenario con varias complicaciones, que superan la tradicional dualidad oposición/resistencia, porque no se trata de un proyecto ajeno a lo que han sido las demandas políticas de los movimientos populares y partidos de izquierda en el Ecuador de las últimas décadas.

Es más, se vive un proceso de "retorno a la política" para amplios sectores populares, que se están movilizando en respaldo a un gobierno que se decide a enfrentarse a la oligarquía y a la derecha, y en ese proceso se van superando visiones corporativas a favor de un debate por un nuevo país.


Periodo de transición

El propio Correa describió con precisión el carácter de la coyuntura cuando, en una entrevista radial, expresó: "vivimos un período de transición, desde una 'democracia de plastilina' a una democracia participativa".

En verdad es un período de transición. Las fuerzas principales de la derecha y la oligarquía, que en el Ecuador, como en la mayor parte de Latinoamérica, se encuentran estrechamente articuladas, están arrinconadas, han perdido algunas batallas, pero sus pilares se encuentran intactos.

Las fuerzas de izquierda tienen ahora un componente novedoso, un gobierno con mucha iniciativa y capacidad de convocatoria, que en muchos casos supera en velocidad a las tradicionales estructuras orgánicas. Eso no había sucedido antes.

Los escollos mas difíciles están por delante. El fundamental se refiere al desmontaje del andamiaje neoliberal que se construyó en las últimas dos décadas y el inicio de una nueva fase, lo que se empieza a conocer como "post-neoliberalismo". Esas batallas van a ser las más complejas y de mayor confrontación social.

Correa se está mostrando coherente con su proyecto de "revolución ciudadana", al que ha dado en esta etapa un contenido adicional antioligarquico. No se ha dejado atrapar por las normas de "gobernabilidad". Al contrario ha ido hacia la confrontación, como la vía para ganar espacios y lo ha conseguido. Pero también es pragmático y desconfiado de la izquierda orgánica; prefiere actuar tejiendo alianzas poco ideológicas; un buen ejemplo de ello es lo variopinto de su gabinete, en su mayoría funcionarios de ONG, pero con dos pilares clave: el ministro de Economía y el ministro de Energía, el primero apoyando propuestas estratégicas como el Banco del Sur, junto a los gobiernos de Venezuela y Argentina, y el segundo promoviendo un pacto energético regional que deja de lado a los Estados Unidos.



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