Luis Peraza Parga: Colombia: Los plátanos del terror

Cuando era pequeño, en España existía un eslogan que enaltecía el valor nutritivo del plátano. Decía así: "todos los días, un plátano por lo menos". Mi madre seguía a rajatabla el estribillo. Después, cuando fui padre, aprendí que no son tan necesarios.

Entonces eran plátanos de Canarias, como cabía esperar para proteger la producción nacional. Ahora proceden de los países más recónditos del mundo. De multinacionales que reinaron y gobernaron despóticamente en países americanos. Extrajeron las riquezas de las naciones y les dieron una prosperidad temporal, limitada geográficamente, no sustentable. Los estadounidneses llevaron su propia comida, levantaron sus propias casas, construyeron sus campos de golf y negociaron con los paras colombianos.

Los paramilitares de Colombia nacieron como ejército privado ilegal de ganaderos ricos para combatir a la guerrilla de las FARC. Los nexos de aquellos con los sucesivos gobiernos colombianos son supremamente conocidos -por utilizar una expresión bien popular por aquellas tierras- por la sociedad colombiana. Incluso en su origen, una ley del Estado les otorgó cobertura legal, que no legitima, para constituirse. Para qué hacernos hipócritas a estas alturas. El negocio del banano era imposible sin la autorización de la estructura de poder que mandaba en ese territorio, ya que durante muchos años el Estado no ejerció el poder en gran parte del territorio nacional. Como extensión fantasma de su autoridad, se apoyó en los paras. Allí donde no podía llegar, llegaba su poder en la sombra de forma siniestra, asesina y creando el terror con masacres indiscriminadas de la población civil. Apoyados en un principio desde el estado y las Fuerzas Armadas, tolerados después y acogidos, finalmente, a la desmilitarización y eventual reinserción.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha demostrado en varias ocasiones que los militares colombianos ofrecían ayuda logística y de todo tipo a los paras para que eliminaran a sospechosos de apoyar a la guerrilla de las FARC. La sentencia quizás más importante, por los lazos que expone y manifiesta probados, data de septiembre del 2005 y se la conoce como "Mapiripán". En cinco días de julio de 1997, los paramilitares asesinaron, en colaboración comprobada con el Ejército (de donde se desprende la responsabilidad estatal), a casi cincuenta personas. Los derechos humanos violados fueron el de la vida, la integridad física, la libre circulación y el más novedoso: el derecho a la justicia.

No puedo ni quiero resistirme a la tentación de reproducir ciertos párrafos de la sentencia interamericana:

"La incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto minuciosamente planeado desde varios meses antes de junio de 1997, ejecutado con previsiones logísticas y con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército. (...) Las autoridades tuvieron conocimiento del ataque perpetrado contra la población civil en Mapiripán y omitieron adoptar las medidas necesarias para proteger a los miembros de la comunidad."

"La Corte dio por probado que "el ejército colombiano permitió el aterrizaje de los `vuelos irregulares' que transportaban" los paramilitares a la zona, y "facilitó el transporte de los paramilitares hasta Mapiripán". Al rodear Mapiripán en el amanecer del día 15.07.1997, los paramilitares "vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, portaban armas de corto y largo alcance monopolio del Estado, y utilizaban radios de alta frecuencia (...) Los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 21 de julio de 1997, lapso durante el cual impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio, y torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare (...); además, una vez concluida la operación, las AUC destruyeron gran parte de la evidencia física con el fin de obstruir la recolección de la prueba".

Para muchos, esta sentencia puede ser un atentado a su soberanía. No reparan en que la soberanía no es un concepto absoluto, sino que se presenta en su vertiente compartida con la comunidad internacional, una de cuyas manifestaciones es la consagración y aplicación efectiva de la sentencias de tribunales internacionales y extranjeros.

Parece de todo punto probable que el gobierno colombiano de entonces supiera y autorizara aquella extorsión o contrato de convivencia de casi dos millones de dólares, y es posible que incluso llegara a lucrarse de él. Varios altos funcionarios y políticos colombianos están presos por sus posibles conexiones con los paramilitares. La ministra de Relaciones Exteriores tuvo que dimitir por la implicación de su hermano. Le sustituyó en el cargo un personaje simbólico: el evadido más reciente de un secuestro de larga duración (seis años imposibles de imaginar), que acaba de hablar ante la Organización de Estados Americanos. El discurso fue emotivo. Habló de su secuestro, del supuesto mensaje de amor del gobierno Uribe y se le escapó una expresión que los gobiernos colombianos jamás utilizan para referirse a su conflicto interno y que podría haberle costado el puesto si no fuera por su categoría de símbolo. Dijo que era "una guerra que no tiene sentido".

La continuidad de la responsabilidad del Estado es un principio de derecho internacional. La Corte Interamericana ya lo estableció en su primera sentencia continental, conocida como Velásquez Rodríguez contra Honduras, en la que establece que "a pesar de que cambien las autoridades, la responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del tiempo". Es decir, hasta que no se produzca una declaración pública de asunción de responsabilidad, los sucesivos gobiernos que lleguen al poder, después de que uno cometiera un acto violatorio de los derechos humanos, comparten la responsabilidad con el gobierno ofensor.