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La insignia
9 de marzo del 2007


Colombia

Un programa de izquierda para Bogotá


Clara López Obregón
La Insignia. Colombia, marzo del 2007.


En octubre se cumplen veinte años del asesinato de Jaime Pardo Leal, a manos de los grupos paramilitares que continuaron su marcha siniestra en plena impunidad hasta hacer la metástasis que hoy conocemos. Ante su tumba abierta en el cementerio central ese fatídico 13 de octubre de 1987 hice un compromiso solemne: "Juro -dije entonces- luchar con todas mis fuerzas, hombro a hombro, con las mujeres y hombres demócratas de este país, por crear un frente de convergencia de inconformidad nacional para cambiarle de rumbo a Colombia." Fue esa una de las razones por las que acepté, en esa época de guerra sucia abierta, la propuesta de la Unión Patriótica para representar a una convergencia de sectores de la izquierda y vertientes progresistas del Partido Liberal, como candidata a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la primera elección popular del alcaldes en 1988.

De ese entonces a esta parte, es mucha la sangre que ha corrido, pero también la madurez ganada en la lucha política, la cual ha hecho posible la tan soñada y anhelada Unidad de todas las sectores de la izquierda democrática, reunidos hoy en un solo Partido, el Polo Democrático Alternativo, que surge como la esperanza de verdad, de cambio y de justicia social para el pueblo colombiano.

Quiero por ello hoy, aquí, en el seno de la democracia partidaria que es esta Asamblea Distrital, reiterar ese juramento y rendir homenaje a aquellos que no sobrevivieron para celebrar en esta hora que hemos vencido el principal obstáculo que fuera nuestra dispersión y nos aprestamos a conquistar la Presidencia de la República y a gobernar a Colombia en el 2010. Además de Jaime Pardo Leal quiero recordar aquí a Luis Carlos Galán, a Carlos Pizarro León Gómez y a Bernardo Jaramillo Ossa, en el entendido de hacemos honor a su memoria construyendo un programa de realizaciones económicas y sociales con las que siempre soñaron, por las cuales murieron, estos auténticos voceros de la democracia colombiana.

Conocidas las realizaciones altamente positivas adelantadas por el Gobierno del Polo en cabeza de Lucho Garzón y que han permitido señalar a Bogotá como la única ciudad en Colombia en que se han reducido los índices de pobreza, corresponde ahora al Partido establecer con mucha nitidez, con claridad meridiana, qué clase de candidato y qué clase de programa necesitamos plantearle a los ciudadanos que nos permita profundizar sobre lo ya construido, pero por sobre todo, que nos permita avanzar.

Pienso y quiero plantearlo desde esta tribuna, que el Polo está históricamente comprometido, es más, está obligado, a presentar un programa y un candidato auténticamente de izquierda, en oposición al candidato y al programa del establecimiento neoliberal que representa la candidatura de Enrique Peñalosa. Necesitamos, presentar un programa de desarrollo alternativo, un programa capaz de iniciar la ruptura con el modelo de crecimiento económico desigual y promotor del desempleo -que el neoliberalismo perpetúa- y que nos ha separado en dos ciudades que alimentan la desconfianza mutua, el recelo y el miedo: la una moderna, próspera y dinámica, y la otra rezagada, mal remunerada y segregada socialmente, en asentamientos precarios, donde las mayorías se debaten en un círculo vicioso reproductor de pobreza, desempleo y desesperanza.

La aplicación de la primera apertura comercial de los años noventa, porque la segunda vendrá si el TLC es aprobado, convirtió a nuestra ciudad y al país entero en el escenario del consumo de lo que se produce en el mundo globalizado. Solamente aquí en Bogotá, condujo a la ruina de más de 1300 empresas industriales y comerciales, sin que hayamos podido todavía encausar el crecimiento económico hacia la creación del empleo productivo, pasaporte, de la mano de la educación, hacia las oportunidades de ascenso en la vida.

No podemos conformarnos con el status quo de la pobreza a que nos quiere retrotraer el neoliberalismo capitalino y mucho menos con el papel, que desde afuera nos quieren endilgar, de actuar como bomberos del incendio social. Se requiere plantear el esbozo de un nuevo modelo de desarrollo económico para la ciudad, paralelo con lo que ocurre en el resto de América Latina, en dónde las viejas superestructuras políticas sucumben ante los avances de la izquierda, empeñada en subsanar las heridas dejadas por el modelo de desarrollo desigual, en dónde el crecimiento funge de palanca aparentemente competitiva, pero que no ha contribuido a solucionar, sino por el contrario a agravar, la concentración del ingreso y del producto social, con sus secuelas de desempleo, informalidad y exclusión.

Por eso, en el anteproyecto programático que presento a consideración de ustedes para abrir el debate del Programa del Polo que también debe definir esta Asamblea, propongo una Bogotá productiva, Capital de los Derechos. Una Bogotá productiva porque en la concepción de la izquierda democrática, la creación de nueva riqueza es de la esencia para la garantía y materialización de los derechos. Porque los derechos, todos los derechos exigen prestaciones económicas por parte del Estado. Desde los preciados derechos de libertad del grito de la Revolución Francesa, hasta los derechos sociales y colectivos contemporáneos como la salud, la educación, el trabajo y el ambiente sano. Todos los derechos cuestan. De ahí que se pueda afirmar que la vigencia de los derechos depende de los impuestos. La nueva expresión de la izquierda está en la tributación equitativa porque ser de izquierda es conseguir la realización de los derechos.

Por ello sostenemos que no puede, que no debería existir el crecimiento económico, sin la distribución de sus beneficios entre quienes contribuyeron a su formación: capital, trabajo y Estado; y sin la incidencia que este crecimiento debe registrar en la superación del desempleo, el subempleo y la informalidad y de la falta de oportunidades para una vida digna.

Quienes juegan a la producción y a la competitividad, relegando la problemática social, están jugándole a la perpetuación de la exclusión. Solo le apuestan al asistencialismo limitado que no puede convertirse en reemplazo estratégica a la negación de los derechos. Por eso me parece que necesitamos desmitificar y desnudar, en todo su contenido, la tesis efectista que se ha venido abriendo paso en el sentido de que Bogota lo que necesita es un gerente. Es bien sabido que los gerentes se ocupan de la administración y del agenciamiento de intereses particulares, con criterios de rentabilidad privada. De ahí la versión miope de competitividad que promueven desde el gobierno nacional, basada en bajos impuestos a los privilegiados y menores salarios al trabajo. Concepción equivocada que se limita a exprimir utilidades inmediatistas, en lugar de procurar altos índices de productividad, fundamento irreemplazable para generar empleos de calidad y utilidades crecientes en el largo plazo; productividad, que dicho sea de paso, en Bogotá, es inferior al promedio nacional, sin mencionar el internacional.

En oposición a ese criterio, considero que lo que Bogotá necesita es un o una Alcalde: Alcalde que lidere los intereses colectivos, que sea capaz de conjugar las aspiraciones, muchas veces en conflicto, de empresarios, trabajadores formales e informales, constructores, urbanizadores y destechados, jóvenes y adultos mayores, en fin, de la rica pluralidad de estamentos sociales que enriquecen el tejido social, económico y cultural de la ciudad, hacia una visión común, hacia un objetivo estratégico y de largo alcance que a todos congregue en un esfuerzo y compromiso compartido. Alcalde que se ocupe de la Bogotá sin Hambre, con comedores comunitarios y también con el impulso a la Bogotá productiva que deberá, con el apoyo activo del Gobierno Distrital, reducirles la clientela, mediante la generación de oportunidades de trabajo y de empleo adecuadamente remunerados.

Alcalde que se ocupe de la creación de nueva riqueza y de su distribución equitativa, a través de los impuestos y gravámenes distritales, entre los cuales debe ocupar lugar privilegiado el cobro de la plusvalía urbana que produce la inversión y la actividad de la administración distrital. Plusvalía que jamás se cobró cuando miles y miles de hectáreas de tierras de uso rural, por la sola incorporación que de ellas hizo el Distrito al perímetro de servicios, multiplicaron su precio, sin que sus propietarios iniciales retribuyeran a la sociedad, siquiera una pequeñísima parte de ese enriquecimiento sin causa, fruto de las enormes inversiones en megaproyectos de infraestructura como los de Chingaza, el Guavio o Mesitas, construidos en los años sesentas y hasta los ochenta, y que todavía hoy proveen de agua y energía a la ciudad y a vastas regiones del país.

Cuando, ante el agotamiento del primer piso del suelo urbano, requerimos espacio nuevo para crecer, nos corresponde generar el segundo piso del suelo urbano. Ese segundo piso, que depende de la potestad de la administración para regular los usos y densidades del suelo urbano, producirá una segunda ronda de valorización, superior a la primera, y esa si la vamos a captar mediante la participación o impuesto a la plusvalía para financiar el salto en la productividad, en la infraestructura para el desarrollo, en la cantidad y calidad de la educación, la salud, la seguridad ciudadana y el bienestar social.

Ello exigirá la proyección y realización de megaproyectos semejantes en tamaño y esfuerzo a los anteriores, pero de variadas características, que compartirán un común denominador. Serán megaproyectos auto-financiables por su contribución a la valorización y a la productividad de la ciudad. Me refiero, por ejemplo a la renovación de las áreas deterioradas y de los barrios con viviendas precarias, a la modernización de Corabastos, la densificación de San Victorino, la proyección de la ciudadela hospitalaria para exportar servicios especializados de salud y promocionar la investigación, la implantación del ciclo complementario del bachillerato académico en los colegios públicos del Distrito con carreras intermedias técnicas de formación para el trabajo, la profundización de la infraestructura de la conectividad y del conocimiento, la universalización de los servicios de salud que le rompa el espinazo a la Ley 100.

Esta es la manera que una Alcalde puede garantizar los derechos. Por eso necesitamos una capital productiva, generadora y regeneradora de nueva riqueza, individual y colectiva. De lo contrario, no tendremos los recursos necesarios para extender y garantizar los derechos. Para lograrlo requerimos una Alcaldía armada de la voluntad política necesaria y capaz de captar a favor del Distrito, la parte que le corresponde de la plusvalía urbana y para alimentar con ella los enormes recursos que deben destinarse a atender las necesidades de los sectores más vulnerables, para mejorar la calidad de vida de todos y todas las bogotanas, para integrar en sola, las dos ciudades hoy separadas por la exclusión social, política y económica de los más desaventajados. No tenemos que escoger entre hacer inversión social o construir la infraestructura de la productividad. Podemos hacer ambas cosas si todos aportamos en la medida de los beneficios que recibimos. Lo que la ciudad produce colectiva y socialmente no puede tener apropiación individual. Todos aportamos, todos recibimos, todos nos comprometemos con el futuro multi-productivo de la ciudad.

En función de ese objetivo estratégico y como esencia de la propuesta de gestión y modelo de ciudad que presento a su consideración, toda la actividad administrativa, económica y social, así como las relaciones con las comunidades, el Concejo Capitalino, el sector privado y los medios de comunicación, estarán atravesadas por lo que ahora se conoce como el derecho a la ciudad, ese amplio espectro de derechos y deberes que garantizan a todos y todas, el disfrute y aprovechamiento de la vida social, en igualdad de oportunidades y de acceso al ejercicio de los derechos fundamentales, sociales y colectivos.

El derecho a la ciudad comprende el derecho a no pasar hambre; el derecho a la igualdad de oportunidades para recibir una educación digna y de calidad que permita competir con eficacia y acceder al empleos y el trabajo bien retribuido; el derecho a la salud pública; el derecho al ambiente sano de quienes habitamos la ciudad y de quienes están por nacer; el derecho a respirar aire limpio; el derecho a contar con una ciudad en la que los niños y niñas sean los únicos privilegiados; el derecho y el respeto a las minorías étnicas, a la diversidad sexual, a todas las religiones y a todas las vertientes del pensamiento; el derecho a una perspectiva de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas; el derecho a la recreación; el derecho y el reconocimiento a las actividades culturales; el derecho a la movilidad confortable y digna; el derecho de acceso a toda la ciudad; el derecho a la belleza del entorno; el derecho a no ser desplazado de su comunidad por proyectos de renovación urbana; el derecho a la vivienda que se debe estimular desde la administración distrital para garantizar los espacios públicos y sociales así como la integración de las actividades remuneradas; el derecho al espacio público como un espacio de convivencia; el derecho a caminar con seguridad en la noche; el derecho a participar en las decisiones que nos afectan; el derecho que también es un deber a contribuir en la medida de nuestras capacidades a la creación de la ciudad y de la riqueza individual y colectiva; el derecho a que se apliquen las normas y reglamentaciones de manera estricta, sin privilegios ni discriminaciones injustificadas; el derecho a contar con, y a vivir en, una ciudad en dónde el gobierno esté al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas; el derecho a soñar con una ciudad próspera sin las diferencias odiosas que se han ido implantando; el derecho a la acción afirmativa en favor de los débiles y de los sectores vulnerables para garantizar de manera sustantiva el derecho a la igualdad; en fin, el derecho a acercarnos solidariamente a la materialización de un igual derecho para todos y todas a la ciudad.

Son estos los lineamientos de un programa de izquierda para la ciudad de todos. Los invito a debatirlos, a enriquecerlos, a reconstruirlos, si es menester, para que el Polo pueda hacer de una Bogotá productiva, la capital de los derechos.


(*) Discurso pronunciado ante la Asamblea Distrital del Polo Democrático. Bogotá, 3 de marzo de 2007.



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