Ernesto de la Jara B.: Perú: El comienzo del fin del Tribunal Constitucional

La elección de los 4 nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) terminó como comenzó: al caballazo, sin ninguna transparencia y producto de una oscura y peligrosa componenda política bajo la mesa.

Hoy, 13 de junio, la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, conminó a Aurelio Pastor, presidente de la comisión evaluadora para que presentara la lista de los 4 candidatos al TC, exigiendo a los congresistas que ninguno se moviera del hemiciclo hasta que se consumara la elección. Con el fin de asegurar el resultado la propia presidenta votó desde su escaño, al igual que el primer ministro, Jorge del Castillo, quien minutos antes había aparecido en el hemiciclo.

Salieron elegidos Javier Ríos, Luis Alarcón, Vladimir Paz de la Barra y Gerardo Eto. Con 84 votos a favor (se requerían 80), 20 en contra, 5 abstenciones y 11 ausentes.

A diferencia de todas las anteriores veces en que se han elegido magistrados constitucionales por el Congreso, sólo se conocieron los nombres de los preseleccionados por la comisión evaluadora minutos antes de la elección por el pleno. Con esta forma de proceder, lo que han pretendido las fuerzas políticas predominantes en el Congreso es producir un hecho consumado.

En los días anteriores no sólo no dio a conocer formalmente los nombres que se presentarían sino que se circuló cual rumor una lista muy distinta a la que se presentó y aprobó. ¿Un psicosocial de los de antes? Y se procedió así, al caballazo, a pesar de que lo que se venía exigiendo en el país desde diferentes sectores (medios de comunicación, el propio presidente del TC, instituciones como la nuestra, personalidades, Confiep, CGTP, etc.) era todo lo contrario: transparencia y racionalidad en la elección.

Finalmente el Congreso terminó eligiendo a la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional (4 de 7) sin haber cumplido con publicar las hojas de vida de los candidatos, sin hacer públicas las entrevistas realizadas a escondidas, sin explicitar los criterios que se usaron para incluir y excluir y sin permitir que los candidatos que iban a ser presentados dialogaran con los medios de comunicación y expertos en la materia.

Ahora entendemos claramente porqué Aurelio Pastor intentó boicotear la audiencia pública convocada hace unos días por el congresista Yhony Lescano -también miembro de la comisión evaluadora y muy crítico de todo el proceso- en la que los candidatos debían destacar los principales puntos de su trayectoria y sus ideas sobre el TC.

Pero lo más grave de todo es que esta forma de proceder del Congreso ha llevado a un resultado indeseable, que pone en peligro el futuro del Tribunal Constitucional y, de esa manera, la vigencia del estado de derecho y de la institucionalidad democrática del país.

Y hacemos esta afirmación tan grave y categórica, en primer lugar debido a que entre los cuatro elegidos por el Congreso esté alguien como Javier Ríos Castillo, quien, como se ha explicado en la primera parte de este texto, aparece en una foto tomada un día antes de su elección, almorzando en el ambiente privado de un restaurante con personajes de la calaña de Agustín Mantilla y Óscar López Meneses, entre otros, vinculados a gravísimos actos ilícitos como ya se ha explicado.

Es realmente inaudito y muy sospechoso que la comisión, ni el Pleno del Congreso hayan hecho caso a los cuestionamientos que se han venido haciendo contra Ríos durante todo el proceso de elección. En nuestro caso, por ejemplo, hemos recordado en distintas oportunidades la acusación de la Universidad Ricardo Palma contra él, de haberse apropiado ilícitamente de una significativa suma de dinero, por lo cual fue procesado judicialmente, lo que determinó su salida del país y que fuera declarado reo contumaz. Si bien, Ríos terminó absuelto por un poder judicial que, como bien sabemos, muchas veces incurre en irregularidades y actos de corrupción, la universidad mantiene la acusación. Prueba de ello, es que la vez pasada, cuando el mismo Ríos postuló al TC, con el anterior Congreso, dicha casa de estudios formuló una tacha formal contra él. Esta tacha no fue declarada fundada, pero por algo será que Ríos no alcanzó la mayoría requerida.

Contra Ríos Castillo, la revista Caretas publicó también una denuncia vinculada esta vez a la Universidad San Martín de Porres, de la que también fue abogado. La acusación consistió en que el hoy elegido magistrado de nuestro Tribunal Constitucional colaboró con el segundo vicepresidente de la República en la época de Fujimori, César Paredes, a impedir el ingreso de una comisión reorganizadora que había sido nombrada para investigar una serie de irregularidades que ocurrían en dicha universidad.

El presidente de dicha comisión reorganizadora se refirió en ese entonces a Ríos Castillo en los peores términos, tal como lo consigna en su momento la revista Caretas: "Ríos tenia un botín que distribuía en todos los juzgados civiles y penales; esa es la gran cantidad de dinero que se le ha dado a este abogado y que nadie sabe en que ha gastado. Una de las últimas intervenciones de Ríos Castillo consistió en que después del fallo de la suprema a favor de la Comisión Reorganizadora, consiguió mediante actividades clandestinas, tomar el expediente y archivarlo en el Tribunal Constitucional que no existía en ese momento, a través de una medida denominada el derecho de casación ".

La oportuna foto tomada por el periodista Oscar Medrano de Caretas a Ríos Castillo en tan "distinguida compañía", no es más, entonces, que el registro visual de una trayectoria absolutamente oscura, llena de denuncias y acusaciones que se conocían desde hace mucho tiempo.

Pero esa es la persona que 84 congresistas acaban de elegir de un momento a otro para ser magistrado del mas alto tribunal del país, como lo es el TC, órgano del que depende resolver qué leyes son constitucionales o inconstituciones y qué amparos o hábeas corpus proceden o no.

Vladimir Paz de la Barra, es otro de los elegidos por el Congreso para el TC, pese a los cuestionamientos que también se han venido expresando durante el proceso contra él. Destacamos dos: ser actualmente abogado de Ángel Romero, el presidente de la Corte Superior de Lima, que la OCMA suspendió en el cargo y acaba de pronunciarse por su destitución por no haber acatado un precedente vinculante precisamente del TC, en una acción de amparo; y haber estado vinculado a la desaparición del expediente del narcotraficante Evaristo Porras.

Una prueba contundente de que la bancada aprista no ha querido de manera premeditada poner verdaderos juristas en el TC es que, de los varios candidatos con afinidad aprista, eligió a Alarcón, y no a uno que habría sido celebrado por todos, debido a que tiene inequívocamente todos los méritos para ser magistrado constitucional: Camilo Carrillo. Como él mismo dijo en la audiencia pública organizada por Lescano: "prueba de que seré independiente en el TC es que estoy acá", haciendo alusión a que los apristas se oponían a la realización de dicho evento. Y por ello mismo- agregaríamos nosotros- el Apra le bajó el dedo.

Se han elegido a candidatos absolutamente cuestionables, cuando en esta oportunidad había varios que tenían el perfil indispensable, en términos profesionales y de trayectoria democrática. Mencionamos, entre otros - además de Camilo Carrillo- a Oscar Urviola, cuya candidatura había sido presentada por diversas y reconocidas instituciones de Arequipa. O la de Rocío Villanueva, con una destacadísima trayectoria académica y 10 años de trabajo como adjunta del Defensor del Pueblo, aparte de ser la única mujer que habría integrado el próximo TC. O por ultimo, mencionamos el nombre de Ernesto Blume, con quien se puede discrepar en algunos temas, pero nadie podría negar su condición de jurista.

Con este golpe al Tribunal Constitucional, para nosotros la situación de la institucionalidad democrática del país, se divide en un antes y un después. Se ha producido un quiebre peligrosísimo. Como lo veníamos advirtiendo, cuando veíamos venir lo que hoy se consumó: así como Fujimori terminó con el TC, destituyendo a cuatro de sus integrantes, el régimen actual pretende neutralizar a esta importantísima institución, que viene además cumpliendo un papel sumamente reconocido, nombrando a magistrados que no solo carecen de los requisitos mínimos sino que poseen trayectorias turbias y peligrosas.

El costo político de esta decisión era fácilmente previsible, por lo que el hecho de haberse tomado aun así, permite sospechar que para lo que se viene, pesa más el no contar de aquí para adelante con un Tribunal Constitucional independiente y que puede poner freno a las arbitrariedades del poder.