Arnaldo Pérez Guerra: Chile: La tragedia busca la verdad

En agosto del 2003 el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Daniel Calvo, dictó sobreseimiento en el caso de los ejecutados en el Puente Bulnes y dejó sin efecto la encargatoria de reo del cabo de Carabineros Rubén Osvaldo Barría Igor, único procesado en este caso. Sin embargo, la verdad se abrió paso y recientemente, el cabo Rubén Barría fue condenado a 16 años de cárcel por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, que anuló el sobreseimiento anterior y ordenó además indemnizar a las familias de los ejecutados que presentaron la querella con 50 millones de pesos. Al sobreviviente del fusilamiento, Luis González, le asignaron 75 millones de pesos. Pero esa resolución está pendiente en la Corte Suprema debido a un recurso de casación presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que se opone a las indemnizaciones.

"Se acogieron aspectos relevantes: penalmente se revoca el sobreseimiento al aplicarse los convenios internacionales de derechos humanos, se condena al responsable por homicidio calificado y se condena al Fisco al pago de indemnizaciones civiles", señala el abogado Alberto Espinoza Pino.

Los familiares de las otras víctimas no han presentado demandas hasta ahora. La resolución aplicó los convenios internacionales, declarando los delitos imprescriptibles. En el caso de Luis González, se establece que como consecuencia de las balas se le provocó una inflamación del tejido óseo -conocida como osteomielitis escapular-. "La reparación en este último caso ha de tener especialmente en consideración, no sólo las penurias que ha debido soportar la víctima al padecer de los sufrimientos a la comisión del delito sino de las secuelas posteriores que provienen de la actuación de funcionarios de Carabineros", afirma la sentencia.

"Este caso es un crimen masivo de menores de edad, que se enmarca dentro de la política represiva de Pinochet. Tuvo por fin aterrorizar a la población. Nuestra querella ha tenido un fin parcialmente exitoso. Se ha logrado determinar la participación de uno de los responsables. Pero aún andan criminales sueltos. Es una situación que está pendiente. No descartamos presentar otras querellas por víctimas que aún no han ejercido la acción penal por temor. Es muy relevante que la sentencia de la Corte recoja el derecho internacional. El CDE presentó un recurso de casación, en relación a las demandas indemnizatorias. El proceso está pendiente en la Corte Suprema. El CDE no quiere que el Fisco indemnice a las víctimas. Los familiares han hecho un llamado a la presidenta Bachelet para que instruya al CDE -no obstante su independencia- para que se desista de la casación y deje que la sentencia dictada por un tribunal se ejecute plenamente, y que se recompense en forma parcial daños que son irreparables", agrega el abogado.

"Indudablemente que la vida de las personas no se va a recuperar. El daño a Luis González causado por las heridas y el trauma que significó esta detención y ejecución frustrada han perdurado hasta el día de hoy. Las huellas y secuelas físicas están presentes en su cuerpo y en su conciencia. Están las cicatrices en su mente que le han impedido desarrollarse en forma normal por todos estos años. Aún cuando la presidenta Bachelet no interceda por esta situación estimamos que consecuentemente con lo que se ha sostenido en torno a la aplicación de los derechos humanos y a la integralidad que debe tener la reparación -tanto penal como civil-, la Corte Suprema debiera recoger los principios del derecho internacional de los derechos humanos y rechazar el recurso de casación en el fondo", dice Espinoza.

Hay varios antecedentes sobre los carabineros que integraron la patrulla que perpetró el crimen. El juez Calvo no logró establecer la participación de otros efectivos, lo que resulta inconsistente. "No es posible que estos hechos hayan sido cometidos por una sola persona. Todos eran efectivos de la 20ª Comisaría de Puente Alto. No es verosímil que haya un solo responsable estando identificadas las dotaciones. Todavía hay posibilidades de continuar adelante con acciones judiciales. Familiares que recién hoy se atreven a presentar las querellas nos permitirán descorrer este velo de impunidad. Es inaceptable para la institucionalidad democrática que sigan asesinos sueltos", concluye el abogado Espinoza.

Fotografías

1. Alberto Espinoza Pino, abogado del FASIC (Fotografía de Luis Arnez).
2. Algunos de los asesinados en el Puente Bulnes: