Wilfredo Ardito Vega: Paga o te convierto en clandestino

La semana pasada, millones de peruanos casados, viudos o divorciados recibieron un mensaje conminante del RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) según el cual disponían de treinta días para regularizar sus datos, pagando una suma de veintiún soles, o sus documentos carecerían de valor y no podrían ejercer sus derechos fundamentales. Posteriormente, gracias a las protestas de ASPEC (Asociación Peruana de Consumidores), RENIEC decidió prorrogar el plazo a 120 días e introducir un pago reducido, de ocho soles, para las personas pobres.

El trasfondo de esta medida está en que RENIEC, como otras entidades estatales, está autorizada para cubrir sus gastos mediante los aportes de la población, a través de los llamados "ingresos propios". Los ciudadanos también tenemos que pagar por los distintos trámites judiciales (con excepciones como asuntos penales o laborales) o para presentar reclamaciones ante INDECOPI. Ante el escaso presupuesto que reciben, muchos hospitales públicos han establecido tarifas diferenciadas, donde quienes pagan menos deben resignarse a padecer una atención peor.

En todos estos casos, el financiamiento de las instituciones estatales debería cubrirse con el tesoro público y no con aportes directos de la población. Pero la situación es especialmente penosa en el caso de los documentos de identidad: el gobierno de Fujimori eliminó nuestro derecho de recibir un documento de identidad gratuito y permanente y estableció la obligación de recabar un DNI caro y temporal, que apenas dura seis años.

El precio del DNI que fija RENIEC es, además, mucho más caro de los cuatro soles que efectivamente cuesta emitirlo y prohibitivo para los más pobres. Ni los gobiernos de Paniagua ni los de Toledo se preocuparon por solucionar esta situación y parece ser que el régimen actual tampoco ha pensado en ello. Como resultado, millones de peruanos han quedado involuntariamente relegados a la clandestinidad. Entretanto, quienes en los últimos 11 años hemos obtenido y renovado el DNI, hemos contribuido desprendidamente al funcionamiento de RENIEC, desde los servicios de limpieza hasta las coloridas revistas institucionales.

A mediados del año 2005, RENIEC emitió además la Resolución 789 que prohibe a los funcionarios públicos atender a los ciudadanos que carecen de DNI vigente, lo cual es, a nuestro entender, totalmente inconstitucional, porque el ejercicio de los derechos fundamentales no puede supeditarse a un documento o a las posibilidades económicas para obtenerlo, renovarlo o actualizarlo. La Defensoría del Pueblo ha cuestionado también las últimas disposiciones de RENIEC al indicar que éste no tiene facultades para impedir que los ciudadanos ejerzan sus derechos.

Gracias a estas disposiciones, los peruanos indocumentados no pueden casarse ni reconocer a sus hijos y se ven totalmente limitados para insertarse en la vida económica del país. La indocumentación, por lo tanto, afecta el desarrollo de toda la sociedad.

En realidad, el costo de los documentos de identidad debería ser asumido por el Estado, como ocurre en muchos otros países y antes sucedía en el Perú. Tal vez debamos recordar que en Bolivia el costo del documento de identidad es de apenas dos dólares, que en Ecuador su vigencia es de doce años y que en Colombia es indefinida.

Llama la atención que esta nueva polémica relativa al DNI surja cuando el Estado posee recursos de sobra para cubrir todos los gastos operativos de RENIEC, sin que esta institución pretenda amenazar con la "muerte civil" a viudos, casados y divorciados.

Aunque al inicio del gobierno de Alan García se plantearon una serie de medidas para racionalizar el gasto público, como reducir los sueldos de los funcionarios públicos y suspender los viajes en el avión presidencial, la ausencia de un enfoque de derechos impide que se inviertan recursos para enfrentar problemas estructurales que, en este caso, han sido agravados por el propio Estado.

Es verdad que RENIEC ha puntualizado que los trámites de actualización del DNI serán gratuitos en los 811 distritos más pobres y que también gozarán de ese beneficio los mayores de 60 años. Sin embargo, creemos que el principio fundamental debería ser que el costo de todos los trámites ante RENIEC sean asumidos por esta institución, que en muchos casos ya tiene registrada la información requerida.

Frente a esta problemática, nos corresponde recordar que en el Congreso figura desde hace ocho meses el proyecto de ley 569 presentado por la congresista Hilaria Supa, para disponer que el Documento Nacional de Identidad tenga carácter gratuito y permanente.

Aprobar este proyecto debería ser prioritario, siquiera pensando en la popularidad del régimen o del Congreso de la República. De esta forma, los peruanos que se casaron, enviudaron o se divorciaron no se encontrarían en la angustia de tener que contribuir con los ingresos de RENIEC para no quedar privados de todos sus derechos.