Wilfredo Ardito Vega: La advertencia de Casapalca

El pasado miércoles 27 de junio, el conflicto de Casapalca produjo su quinta víctima mortal: el policía Carlos Mariluz. Le impactó en la cabeza una pedrada lanzada por uno de los trabajadores que habían bloqueado la Carretera Central, en medio de una crisis donde se hace evidente la incapacidad del Estado para hacer cumplir sus propias normas.

Los obreros de Casapalca afrentan un panorama desolador: jornadas de trabajo de hasta doce horas sin probar alimento, equipos averiados (desde botas hasta máscaras de oxígeno) y problemas de ventilación en los socavones. Casi todos, además, trabajan para contratas fantasmas creadas por la empresa para evitar cualquier beneficio laboral. La empresa les descuenta a los trabajadores los alimentos que proporciona y, de esta forma, reciben poco más de 300 soles al mes.

Los trabajadores pernoctan hacinados en precarias habitaciones con techos de calamina, plástico y madera totalmente inadecuados para las difíciles condiciones climáticas y sin servicios adecuados de agua, desagüe y luz. "El desagüe no está cubierto y pasa al lado de los dormitorios y las aguas sucias llegan directamente al río", informa Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien también comprobó como solamente tienen dos horas de luz eléctrica durante la noche. Todo este panorama constituye una violación flagrante de las condiciones laborales contempladas en la ley, lo cual debería haber supuesto una dura sanción para la empresa.

Hace unos meses, cansados de tanta explotación, los trabajadores se atrevieron a formar un sindicato, cosa que en el Perú es un caso de heroismo porque no hay sindicatos ni en McDonald's ni en Topy Top ni en las ONG. Como resultado, la empresa decidió despedir a los trabajadores afiliados, en una escandalosa maniobra que también debió haber sido sancionada.

Sucesivamente, la empresa Casapalca ha rehusado participar en las reuniones de conciliación convocadas por el Ministerio de Trabajo, demostrando que no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo con los trabajadores. Tampoco fue sancionada por ello.

Después de varios meses de buscar una solución pacífica, bloquear la Carretera Central fue la única alternativa de los trabajadores para llamar la atención sobre los abusos que padecen. Sin embargo, ese acto afectó a miles de personas sin ninguna relación con el conflicto. El primer bloqueo, realizado el 15 de junio, produjo la muerte del niño Fermín García debido al frío, y del paciente Percy López, que era trasladado desde Pasco, en ambulancia, hacia Lima. Ese mismo día, cuando la Policía Nacional pretendía disolver el bloqueo, fallecieron los trabajadores Óscar Fernández y Julio Raymundo, estando confirmado que, por lo menos el primero murió debido al impacto de perdigones y bombas lacrimógenas.

Todas las absurdas muertes de Casapalca deben investigarse y sancionarse, pero ninguna se habría producido si el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin hubieran cumplido sus responsabilidades frente a los abusos de la empresa, que prefiere pagar carísimos avisos en los periódicos para exponer su posición, en lugar de usar ese dinero para que los trabajadores tengan aire limpio y botas decentes.

La crisis de Casapalca demuestra un grave problema de gobernabilidad, con autoridades que no pueden mostrarse firmes para garantizar derechos fundamentales ni siquiera a cuatro horas de Lima. En otros lugares, las autoridades favorecen abiertamente a las empresas: durante el mes de junio fueron encarcelados varios dirigentes de los trabajadores que protestaban contra Shougang y Yanacocha, cuyos niveles de opresión parecen provenir de alguna novela de Manuel Scorza.

El panorama social se viene enrareciendo porque en la Amazonía, el Sur y otras regiones no se percibe ya el descontento de un sector, sino un malestar generalizado, como lo reflejan las recientes movilizaciones en Ucayali (ahora bajo Estado de Emergencia), Loreto, Puno, Arequipa, Tacna, Ancash, etc.

En tiempos de Alejandro Toledo, la alternativa frente a las protestas sociales fue cuadruplicar las penas para los bloqueos de carreteras, sin afrentar los problemas de fondo. El gobierno de Alan García está demostrando la misma incapacidad; de poco sirve transferir millones de soles a gobiernos regionales y locales, si al mismo tiempo es casi imposible que éstos puedan combatir la desnutrición o el analfabetismo por culpa de las normas vigentes.

El denominador común de las protestas es la indignación de la población frente a un Estado que los trata como a los obreros de Casapalca, es decir, ciudadanos aparentemente predestinados a sufrir y de cuya existencia sólo se tiene conciencia cuando optan por medidas de fuerza.

Afrontar el problema de Casapalca, obligando a la empresa a cumplir la ley y sancionándola por todas sus infracciones sería un signo de que el Estado reconoce que todos los peruanos son seres humanos. De lo contrario, conflictos como éste serán cada vez más graves y más comunes, y podrían provocar una situación inmanejable.