España: El malestar de los empleados públicos

Es curioso comprobar cómo el lenguaje bélico se apodera de algunos políticos y de sus voceros en un intento implacable de alimentar la crispación ante cualquier discrepancia, conflicto o problema. Un lenguaje que pretende extenderse desde el ámbito de la política al conjunto de la sociedad, sin demasiado éxito pero con empeño persistente.

Se habla indiscriminadamente de "guerra sindical" para referirse a una movilización de trabajadoras. Se habla de "batalla por Madrid" ante una convocatoria electoral como la de las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo. Se tuercen los argumentos para hablar de "huelga general" cuando se convoca un paro parcial de empleados públicos de dos horas de duración.

Para tranquilidad de la mayoría ciudadana conviene ir poniendo un poco de sensatez en las relaciones entre instituciones, partidos y organizaciones sociales. A fin de cuentas todos podemos coincidir en que vivimos en democracia y decir esto no es poco con nuestro pasado de espadones, dictadores, dictablandos, absolutistas y déspotas más o menos ilustrados. No es poco en un mundo donde somos minoría los ciudadanos que vivimos en países que merezcan el nombre de democráticos.

Ahora bien, la democracia se construye día a día a base de reconocer el conflicto social inevitable, abordando con voluntad de diálogo y renunciando a cualquier forma violenta para afrontarlo. Lo cual significa aceptar sólo las formas democráticamente establecidas para expresar el conflicto: la palabra, la manifestación o la huelga.

Los sindicatos hemos aprendido esta lección y, por lo tanto, que nadie nos llame a batallas, guerras ni batallitas porque no va con nosotros. Vivimos, hoy por hoy, un conflicto de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. No entienden los trabajadores de los servicios públicos que el Gobierno regional haya decidido homologar las retribuciones del personal facultativo de la sanidad madrileña sin negociarlo y acordarlo en las mesas de negociación, despreciando la representatividad de los sindicatos y dejando fuera al resto de trabajadores públicos. No entienden este desprecio a la mayoría en plena campaña de elecciones sindicales en un intento burdo de favorecer a sindicatos corporativos y minoritarios.

De forma tremendamente prudente, los sindicatos CC.OO. y UGT hemos convocado una manifestación de protesta el día 7 de febrero, hemos realizado un encierro en la Consejería de Presidencia el día 19 y un paro parcial de dos horas por turno, el 20 de febrero, acompañado de concentraciones en centros de trabajo y en la Puerta del Sol.

Una respuesta medida y responsable, en la que sólo desde posiciones partidistas e interesadas se puede realizar una lectura de "guerra sindical". Los sindicatos queremos abrir la negociación para abordar la homologación retributiva y la carrera profesional de los empleados públicos madrileños una vez que el Gobierno, unilateralmente, ha regulado este tema para el personal facultativo de la sanidad pública madrileña.

Recientemente, CC.OO. de Madrid ha presentado un estudio sobre riesgos psicosociales de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Hemos analizado factores como la estima, respeto y reconocimiento en el trabajo de los empleados públicos. Las exigencias psicológicas. La doble presencia laboral y familiar. La inseguridad en el trabajo, el apoyo social o la autonomía en la realización del trabajo. Estos factores psicosociales tienen efectos sobre la salud general, la salud mental, la vitalidad y el estrés.

Las conclusiones del estudio ponen de relieve que los trabajadores sanitarios, seguidos de los de la educación y, en general, los empleados públicos con contacto directo con el público; así como las mujeres, los trabajadores temporales y los menores de 25 años padecen más los efectos de los riesgos psicosociales. El malestar se encuentra muy generalizado sin que se analicen sus causas, se evalúen los riesgos y se establezcan planes para prevenirlos.

Cualquier administración sensata debería tomar nota del malestar y modificar las condiciones de trabajo de sus empleados. A fin de cuentas, la calidad de un servicio público depende en buena medida del compromiso y de la calidad del empleo de los profesionales que lo prestan.

Para quienes alientan el lenguaje bélico, si hay batallas y guerras que ganar no son otras que la del interés general y la cohesión social, que en las sociedades modernas garantizan los servicios públicos. En esa batalla, en esa guerra, las administraciones y los sindicatos deberíamos estar en el mismo frente. Las actuaciones partidistas, alentar el corporativismo, negar a muchos lo que se concede a unos pocos y cerrar las puertas a la negociación en los ámbitos legalmente establecidos no hacen sino profundizar el malestar y deteriorar la calidad de los servicios.

Tal vez es lo que algunos intentan para justificar una espiral de privatizaciones que, por más que asegure cuantiosos beneficios a intereses particulares, en nada beneficia a una ciudadanía que, aún consciente de las insuficiencias, tiene una alta valoración de los servicios públicos y de la labor de sus profesionales.

(*) Secretario general de CC.OO. de Madrid.