Wilfredo Ardito Vega: Perú: ¿Quién debe pagar?

Ante la propuesta de que los egresados de colegios particulares paguen en las universidades estatales, debemos señalar que, en principio, nos parece injusto que los impuestos que pagan peruanos de toda condición sean usados para financiar la formación profesional de una persona que podría asumir este gasto.

Sin embargo, debatir la gratuidad de las universidades públicas como un asunto aislado es un grave error; mas bien se debería aprovechar esta oportunidad para una discusión más amplia sobre las necesidades de los ciudadanos de las que se debe hacer cargo el Estado.

Lamentablemente, en el Perú no vivimos en un "estado del bienestar", donde la atención en salud, educación e incluso el subsidio de desempleo dependen del Estado. Aquí, la intervención estatal es subsidiaria, es decir, se dirige a los casos en que los ciudadanos no puedan satisfacer por sí mismos sus necesidades fundamentales.

Ese fue el sentido de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la señora Azanca Meza en el año 2004, al señalar que era obligación del Estado atender la salud de las personas cuyas vidas estaban en peligro. El razonamiento fue reiterado el año pasado por el mismo tribunal en amparo de la demanda de los habitantes de La Oroya afectados por las emisiones contaminantes de la empresa Doe Run, y sentencio que el Ministerio de Salud debía intervenir ante los daños ambientales.

Ahora bien, normalmente el Estado peruano incumple con esta obligación, empleando como argumento recurrente la carencia de recursos. En realidad, hay un problema de prioridades: a mayor crecimiento económico hay mayores ingresos para el Estado y debería haber mayor inversión social, pero no ha sido así. El aumento en las arcas fiscales permitió mas bien gastos suntuosos, como el avión presidencial para viajar a China o Punta Sal, mientras otros mandatarios latinoamericanos y europeos usan vuelos comerciales.

A veces, la confusión de prioridades en la asignación de fondos públicos obtuvo respaldo popular, como ocurrió con la remodelación de estadios para realizar campeonatos internacionales de fútbol. Ahora que el césped sintético está provocando quemaduras graves a los futbolistas, se empieza a cuestionar la falta de criterio para manejar los recursos estatales.

Un sector estatal que ha logrado que sus gastos parezcan prioritarios ante la opinión pública son las Fuerzas Armadas, y siempre hay medios de comunicación ansiosos de reportar o inventar incidentes fronterizos o diplomáticos con los países vecinos para justificar créditos o adquisiciones millonarias. El "bienestar" de las Fuerzas Armadas implica también gastar en viviendas, asignaciones de vehículos y gasolina para los oficiales y colegios para sus hijos (que tienen que ser distintos a los colegios donde estudian los hijos de los subalternos),. e inclusive la propuesta sobre cobros en las universidades públicas mantendría la gratuidad para los hijos de los oficiales.

Finalmente, no sólo se emplean los recursos estatales supuestamente escasos en armas contra chilenos o ecuatorianos, sino que también se destinan grandes sumas para reprimir a los propios peruanos: la ministra del Interior ha anunciado que su despacho gastará diez millones de soles en granadas lacrimógenas de triple acción, más de cinco millones en balones lanzagases y más de seis en cartuchos lacrimógenos.

Resulta patético que mientras se gasta en césped sintético y granadas lacrimógenas, sigamos teniendo la inversión social más baja de América Latina y haya cinco millones de peruanos totalmente excluidos de los servicios de salud. Por no poder pagar una operación de apendicitis, muchas personas son rechazadas de los hospitales (las he visto yo en San Martín y Puno, enviadas a morir a sus casas). Eso sí, el gobierno actual gastó una gran cantidad de dinero en vacunar a millones de personas contra la rubeola, sin que lo justificaran una gran extensión de la enfermedad en el país ni una terrible mortalidad.

En realidad, aunque se destinen importantes recursos a una zona, cuando se carece de una noción de derechos ciudadanos, las inversiones estatales serán irrelevantes para los más necesitados. Un ejemplo es el canon minero, que podría lograr la erradicación del analfabetismo o la desnutrición en regiones como Cajamarca y Ancash, pero se ha establecido que sólo se puede usar en obras de infraestructura. Las autoridades locales y regionales prefieren dedicarse a remodelar plazas, con una placa recordatoria, claro está, que a exigir un urgente cambio legislativo que permita enfrentar los problemas más graves de la población.

El destino prioritario de los fondos públicos debería ser lograr que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos: desde la atención médica hasta la capacitación en idiomas indígenas para los funcionarios estatales; desde la entrega de DNI gratuito y permanente hasta la gratuidad de los reclamos ante Indecopi; desde el acceso a la justicia hasta la formación profesional para todos aquellos que no puedan pagar por ella.