España: El tripartito reniega de la autonomía

Autonomía sí, pero no para los otros. El mal de los partidos nacionalistas -entre los que, por desgracia, debemos incluir al PSC y a IC- estriba en que ambicionan para sus respectivas regiones toda la autonomía posible (y también la imposible), pero ésta resulta incómoda tan pronto como la aplican los demás. Eso es lo que parece que les ocurre ahora a los miembros del "tripartito", que después de exigir y reivindicar corresponsabilidad fiscal y autonomía normativa empiezan a ser conscientes de los peligros que ello comporta cuando todas las Comunidades lo aplican. Desde la derecha se puede ser autonomista, federalista y nacionalista, pero difícilmente desde la izquierda. El consejero de Economía de la Generalitat parece que ahora se da cuenta del disparate al que conduce la fragmentación del sistema fiscal y tributario. Algunos veníamos pronosticándolo desde mucho tiempo atrás, pero se nos tenía por jacobinos y españolistas.

La Comunidad de Madrid y la de Valencia, siguiendo la doctrina de la formación política allí gobernante, han anunciado la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La medida es perfectamente coherente con la ideología de un partido conservador en lo político y liberal en lo económico, pero debería ser inadmisible para un partido progresista. El impuesto de sucesiones constituye un instrumento esencial a la hora de reducir las desigualdades que crea la economía de mercado, mitigando la acumulación capitalista.

El derecho a la propiedad privada resulta bastante incuestionable cuando los bienes se han adquirido a lo largo de la vida con el propio esfuerzo, pero comienza a ser más relativo y problemático tratándose de bienes heredados. El de sucesiones se configura como uno de los impuestos más equitativos y justificables, ya que incide sobre una riqueza que el contribuyente adquiere de forma gratuita y tan sólo por derecho de nacimiento. Nada más justo que dar participación en esos bienes a toda la comunidad mediante un gravamen tributario.

No se pretenda justificar la desaparición de este impuesto en la defensa de las pequeñas herencias entre padres e hijos. La técnica tributaria permite situar el límite exento en el nivel que se desee y aplicar diferentes tarifas para los distintos grados de parentesco. Una cosa es eximir a los pequeños patrimonios familiares, incluyendo la propia vivienda, y otra muy distinta primar con muchos millones de euros a las grandes fortunas.

Los peperos de Castilla y León que están proyectando eliminar también este impuesto acuden al tópico de que tal medida beneficia a las clases medias, dado que las clases altas poseen distintos mecanismos de evasión. En primer lugar, me parece que tienen cierta confusión sobre lo que en este país son clases medias y, en segundo lugar, es conveniente resaltar que si las grandes fortunas pueden eludir los tributos, es tan sólo porque las autoridades se lo permiten. En cualquier caso, no les debe de resultar tan fácil eludir este impuesto, al menos totalmente, cuando tienen tanto interés en que desaparezca. Con frecuencia ha saltado a la prensa la noticia de que tal renombrado empresario o afamado financiero han tenido que pagar bastantes millones de euros por el impuesto de sucesiones.

Es lógico que las fuerzas conservadoras, bien sean políticas o económicas, hagan lo posible para suprimir o al menos minimizar este gravamen. Igual de lógico que el hecho de que desde la izquierda se pretenda potenciarlo. Nada hay en ello de extraordinario. Es el juego normal y según sea la correlación de fuerzas y el color, por tanto, del Gobierno se irá en uno u otro sentido. La contradicción comienza con la fragmentación del sistema tributario y fiscal que, paradójicamente, descubre ahora el "tripartito". Porque, manteniendo la unidad económica y de mercado como no puede ser menos en un único país, la decisión de una Comunidad Autónoma de eliminar este impuesto arrastra antes o después forzosamente al resto de Comunidades, sea cual sea el signo político de su Gobierno, a tomar la misma iniciativa, con lo que desaparece cualquier margen para hacer en este aspecto, y diríamos que en casi todos, una política de izquierdas.

La consejera de Hacienda de Madrid, Engracia Hidalgo, parece tener la lección bien aprendida y nos obsequia con el sofisma al uso de los populares cuando de defender la reducción de impuestos se trata. Nos quiere hacer que comulguemos con ruedas de molino, y nos asegura con mucha seriedad que estos recortes fiscales generan prosperidad sin menguar la recaudación. Vamos, el milagro de los panes y los peces o la cuadratura del círculo. Lo que no sé es por qué habiendo encontrado la piedra filosofal no la aplican hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué no eliminan todos los impuestos, ya que según ellos la recaudación seguiría siendo la misma?

En algo sí puede tener razón la señora Hidalgo: medidas tan generosas en materia fiscal pueden atraer a muchos contribuyentes a las Comunidades que las adopten, trasladando el domicilio fiscal, con lo que a corto plazo su recaudación puede verse favorecida, pero eso sí, después de haber esquilmado a las otras Comunidades. Esta situación no puede mantenerse. Las Autonomías perjudicadas se verán en la obligación de adoptar medidas parecidas o quién sabe si fiscalmente aún más favorables, con lo que a medio plazo se establecerá una competencia a la baja, lo que se denomina abusivamente dumping fiscal. El resultado es ya claramente desastroso cuando, como sucede en la Unión Europea, de países diferentes se trata, pero puede adquirir, si la materia no fuese tan seria, apariencias de vodevil cuando nos encontramos ante regiones de un mismo Estado. El final del proceso es la depauperación del sistema fiscal y, por supuesto, la eliminación en él de todo carácter de progresividad.

El consejero de Economía de la Generalitat, señor Castells, se queja de que las rebajas impositivas en Madrid y Valencia van a tener efectos perversos en Cataluña, y de que le va a resultar muy difícil a su Gobierno realizar una política progresiva. Tiene razón, pero ¿no eran ellos, los del PSC, los que exigían y reclamaban autonomía fiscal y financiera? ¿O es que creían acaso que la iba aplicar sólo Cataluña y que las otras Comunidades nunca la iban a llevar a la práctica? Ahora hablan de armonizar la normativa tributaria en el plano nacional. O sea, que primero destrozamos la unidad del sistema fiscal y más tarde demandamos reconstruir, aunque sea parcialmente, lo que poco antes hemos destruido. Lo de la armonización fiscal está bien, y es imprescindible para la Unión Europea en la que por desgracia partimos de sistemas estatales diferentes, pero resulta muy chistoso escuchar a los nacionalistas solicitarla para España.

Aún no nos hemos enterado bien de los desaguisados que va a generar el Estatuto de Cataluña y que aparecerán en todo su esplendor cuando, como es lógico, sus previsiones se hagan extensibles a todas las Comunidades Autónomas. El ministro de Economía se pone la venda antes que la herida e insta a que los próximos estatutos que se aprueben, al tratar de la financiación, no empleen Como Cataluña y Andalucía fórmulas cuantitativas sino cualitativas. Pero ¿por qué van a ser menos unas Comunidades que otras, sobre todo cuando de euros se trata? Todas querrán dejar el tema atado y bien atado, aun cuando pongan la referencia en magnitudes distintas, cada una según le convenga. Cataluña ha empleado el PIB, Andalucía la población, y no tendría nada de extraño que Castilla-La Mancha o Castilla y León utilicen su extensión geográfica. Es evidente que con parámetros tan dispares el reparto de 100 terminará sumando 150. ¿De dónde saldrán los cincuenta de diferencia? ¿Con estos mimbres les extraña a ustedes que el ministro de Economía haya anunciado que no quiere determinar el sistema de financiación autonómica hasta el 2008? Pensará que el que venga detrás se haga cargo de ese miura.