Carlos Santiago: La memoria como arma arrojadiza

En alguna ocasión hemos manejado la versión de que la banda del asesino Aníbal Gordón, antes de salir a las calles de la provincia de Buenos Aires a cometer sus fechorías (generalmente asesinatos con contenido político, secuestros, etc.), llamaba a un número de teléfono de la Casa Rosada que, en la primera etapa de la triste Triple A, sonaba en el mismo despacho de Perón, quién daba el visto bueno a los "operativos". Al grupo pertenecían Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruizel y el famoso Paqui Forese, a quienes algunos atribuyen el asesinato de los legisladores urugayos.

Luego de la muerte del líder argentino, las llamadas de Gordón, al parecer, tenían como destinatario otro despacho, el de José López Rega. Por eso, cuando Joaquín Morales Solá pregunta en su última nota publicada en el diario La Nación si el gobierno de Néstor Kirchner, al impulsar la investigación de la Triple A, se ha dado cuenta de que ese camino puede llevar el tema al mismísimo Perón, está centrando el tema en una sustancial disyuntiva del gobierno argentino.

En esta coyuntura de la realidad argentina, que se vincula tan directamente con la uruguaya hasta en esos asesinatos emblemáticos, las palabras del ex presidente chileno Ricardo Lagos parecen proféticas: "El pasado es el deber de la justicia; el futuro es el deber del gobierno". Lagos entendió que la política es la materia que convierte el pasado en presente.

El historiador Eric Hobsbawm, que se formó también en militancias de izquierda, llegó al mismo concepto de Lagos pero por otro camino. "Es peligroso dejar la memoria en manos de los políticos porque la podrían usar como armas arrojadizas", subrayó el historiador inglés. Para Hobsbawm, sólo una justicia imparcial y la investigación independiente pueden acercarse a la verdad.

Parafraseando a Morales Solá, podríamos decir que durante más de dos décadas los gobiernos uruguayos se empecinaron en convertir el pasado en pasado, mientras que las organizaciones de derechos humanos, los familiares y las organizaciones sociales y políticas de la izquierda, en convertir ese pasado en presente; lo que, en alguna medida, han logrado durante los dos últimos años.

Uruguay había puesto punto final a los zafarranchos de su historia mediante la criticada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sólo después de una consulta popular. Sin embargo, tampoco en Uruguay se cerró el pasado, porque eso no se puede lograr por una acción de la técnica jurídica, sino por una serie de condiciones sociales que nunca estuvieron presentes en nuestra realidad.

Con el nuevo gobierno, encabezado por Tabaré Váxquez, aparece un nuevo escenario donde las revisiones de las tragedias vividas son cosas frecuentes; como también lo son en casi todas las naciones del mundo que han vivido bajo regímenes militares o dictatoriales.

Esa marea en la que está inmerso el Uruguay baña también a una Argentina que fue diferente, en la cual fracasaron las tres leyes del perdón (obediencia debida, punto final e indultos), lo que fue también una derrota de la política que se empecinó en convertir el pasado en pasado, abandonando la verdad y la justicia.

Para Hobsbawm, -repetimos- sólo una justicia imparcial y la investigación independiente pueden acercarse a la verdad. De ahí la manifiesta inutilidad del decreto del "Nunca más" del gobierno uruguayo, que hay que interpretar con criterios enteramente políticos y no de necesidad histórica.

¿No habría sido más adecuado trasmitir el apoyo del Estado a las investigaciones de la Justicia para determinar el oprobio de ese pasado que todavía aparece a cada vuelta de la esquina? ¿O será que son planos diferentes? ¿Que como el agua y el aceite, la política y la Justicia recorren caminos distintos que tienden a bifurcarse cada vez más?

Si es así, ¿alguna vez se llegará al acuerdo final que debe tener el necesario contenido de verdad y justicia? Sólo el tiempo responderá estas preguntas.

(*) Carlos Santiago es periodista y secretario de redacción de Bitácora.