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La insignia
2 de agosto del 2007


Cursos de verano de la UCM

Los sindicatos en la globalización


Rodolfo de Benito
La Insignia*. España, julio del 2007.



El actual proceso de globalización determina una nueva configuración de la realidad económica, social y productiva, y exige del movimiento sindical huir de posiciones defensivas para pasar a trabajar a la ofensiva, abordando retos que no tienen espera y que requieren de propuestas de trabajo coordinado a escala internacional, sustentadas en la necesaria movilización social, y la articulación de propuestas que acompañen este trabajo, con el objetivo de promover cambios sobre el actual modelo de globalización a fin de incorporar a él elementos de cohesión y equidad.

Son incuestionables las dificultades que el sindicalismo ha tenido y tiene para abordar su actividad en los ámbitos supranacionales, aunque cierto es que en los últimos meses se han producido dos hechos relevantes que creo conviene destacar: de un lado la creación de la Confederación Sindical Internacional (CSI), producto de la fusión de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y de la Confederación Mundial del Trabajo, a la que se han incorporado centrales sindicales que no tenían ninguna afiliación internacional y de las que Comisiones Obreras (CCOO) y y Unión General de Trabajadores (UGT) son cofundadores; de otro, el recientemente celebrado, en mayo de 2007, Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos, que ha aprobado un programa de acción con objetivos sindicales muy ambiciosos.

La creación de la Confederación Sindical Internacional, que debe convertirse en la base que impulse el internacionalismo sindical, ha de ser el vehiculo que permita universalizar la acción sindical y con ello hacer frente a la internacionalización de una parte de las empresas así como a la descentralización productiva, en definitiva, a unas condiciones laborales donde el empleo se desregula y precariza.

Asistimos a una presión brutal del mercado global, que induce una cierta perdida de poder contractual del movimiento sindical y una reducción del poder del Estado-Nación, que no tiene capacidad para fijar en su ámbito determinadas normas. Esta situación exige del movimiento sindical un replanteamiento de su estrategia sindical, reforzando determinadas líneas de trabajo y de acción que han sido abordadas tanto por la Confederación Sindical Internacional como, más recientemente por la Confederación Europea de Sindicatos. En un escenario como el actual, en el que los espacios de regulación de las relaciones laborales se vienen transformando a ritmos vertiginosos, el sindicalismo no puede mirar para otro lado, como tampoco puede quedarse anclado en el pasado.

El proceso, no imparable todavía, de individualización de las relaciones laborales es portador de ciertos riegos para el movimiento sindical, en la medida en que puede quedar fuertemente debilitado, cuando no excluido, de amplios sectores de la población asalariada, reduciendo así su fuerza e implantación al sector público y a las grandes empresas. Y es la empresa, precisamente, la que con la adopción de determinadas decisiones, entre las que los procesos de deslocalización industrial y de inversión no están al margen, aumenta su poder sobre los países, e incluso sobre los propios sindicatos, que, en actitud de cierto repliegue, terminan por caminar un paso por detrás de los cambios, y al final, de poder sobre los ciudadanos, que ven como sus condiciones de vida y de trabajo dependen de manera creciente de dichas decisiones.

El proceso de globalización al que venimos asistiendo, por tanto, exige de los sindicatos que tengan entre sus prioridades instrumentos de coordinación de acción sindical entre distintos países, para abordar el trabajo sindical allá donde este presente la misma multinacional, allá donde están presentes las cada vez más extensas líneas de producción, que proveen productos a otras empresas ubicadas en países diferentes. Este es el reto y una de las prioridades del movimiento sindical tanto a escala nacional, como internacional; pero no es la única. En esta dirección, la CSI es la apuesta básica e irrenunciable para avanzar en la defensa de los derechos humanos, sociales y sindicales en unos lugares y de defensa y ampliación de conquistas en otros. Es una urgente prioridad para el sindicalismo internacional, tal y como en el Congreso de Sevilla ha manifestado la Confederación Europea de Sindicatos, frenar en primer lugar el proceso, hasta ahora imparable, de desigualdades sociales, para, con el mismo empeño, avanzar en materia de derechos para los trabajadores, los desempleados, los sectores más vulnerables y en riesgo de inminente exclusión; para hacer frente a la situación intolerable de pobreza masiva.

El movimiento sindical internacional ha de ser capaz de construir una red de derechos sociales y de derechos vinculados al trabajo a nivel supranacional, para lo que es cuestión imprescindible que los sindicatos no se queden en el seno del Estado-Nación, sino que miren y actúen más allá, empezando por la Unión Europea, haciendo efectivo el necesario reforzamiento de la Confederación Europea de Sindicatos. Los sindicatos en España, también en el resto de países, deben hace que la acción sindical internacional, sea una parte más de la vida sindical nacional. Y la Confederación Europea de Sindicatos debe ser, a su vez, un instrumento dinamizador del trabajo sindical, que tiene que abordar a escala planetaria la Confederación Sindical Internacional.

El Congreso de Mayo de la CES, ante el compromiso de "construir un movimiento sindical basado en una transformación social, abriendo la vía a una globalización que beneficie a todos", incluye en su programa estratégico la necesidad de que los sindicatos europeos muestren un mayor compromiso y realicen acciones más eficaces como parte de la creación de una Unión Europea que juegue un papel protagonista en la regulación de la Globalización. De ahí precisamente la necesidad de pasar a la ofensiva. Una ofensiva para derrotar a los críticos y a los defensores del neoliberalismo, desde el convencimiento de que el Modelo Social Europeo (fuertes Estados de Bienestar, Seguridad Social fuerte, negociación colectiva y normas laborales) no es solo fundamental por si mismo, sino que es una fuente de ventajas competitivas: Garantiza la solidaridad; amortigua el impacto adverso del cambio; estimula la responsabilidad de las empresas y promueve las oportunidades de empleo estable y de calidad. El modelo social europeo es un modelo que hay que defender en casa y promover en el resto del mundo.

Para el movimiento sindical el modelo social europeo es por tanto algo más que el Estado de Bienestar, tal y como he señalado anteriormente: es una concepción de la sociedad, una opción netamente política y no solo económica en el sentido reduccionista del término. Por tanto, y lejos de replegarse, el movimiento sindical debe pasar a la ofensiva y con ello hacer frente al reto del empleo y la precariedad; al de la migración económica, exigiendo políticas de integración y de protección frente a la discriminación y a la explotación laboral, exigiendo políticas de inversión en cooperación y desarrollo para los países con niveles de pobreza masiva.

Lejos de replegarse el movimiento sindical debe promover fuertes iniciativas a favor de los sistemas de protección social de calidad que permitan hacer frente a los desafíos demográficos y a los cambios que se vienen produciendo en el mercado laboral. El movimiento sindical igualmente tiene que redoblar esfuerzos en materia de salud y de seguridad en el trabajo, y para ello, además de formación, hay que acometer los problemas derivados de la precariedad laboral, de las condiciones de trabajo, el reto del empleo y su calidad, como un elemento central que además de urgente, es prioritaria. Y todo ello exige fortalecer el discurso sindical, en lo político y también en cultural, quebrando las tesis neoliberales que sostienen que la existencia de un sistema de derechos y garantías resulta incompatible con un crecimiento económico competitivo, en la medida en que el modelo tradicional de protección de los trabajadores de las mayoría de los países de la Unión Europea resultaría, en líneas generales, responsable de la incapacidad de generar empleo suficiente y de calidad. De donde se desprende, según estas tesis, la necesidad de reducir, flexibilizar o desregular buena parte de los elementos básicos que configuran el derecho laboral que es parte sustancial del modelo social europeo, esto es, un sistema de derechos y garantías.

Se trata de un planteamiento que en ningún caso -según decenas de estudios muy rigurosos que se han venido realizando- es cierto, ya que la Unión Europea ha sido y es capaz de competir globalmente en el mundo, capaz de aumentar su tasa de actividad, y por tanto de mejorar su competitividad, sin que para ello haya sido ningún lastre el grado de desarrollo de su Estado social, aunque cierto es que más desarrollado en unos países que en otros, no siendo precisamente los mas atrasados en su desarrollo, los más competitivos.

Esta afirmación no invalida la necesidad de acometer reformas, que sin duda son necesarias, para con ello hacer frente a los cambios que se vienen produciendo; pero reformar, y es necesario subrayarlo, no tiene por qué ser sinónimo de recorte de derechos. Pero el modelo social europeo también se siente amenazado por la perdida de peso de los salarios sobre la renta total de la Unión Europea, que ha caído desde el 68 por ciento en 1993, al 64 por ciento en 2006. De este modo los costes nominales laborales unitarios han crecido a un ritmo significativamente más bajo que el objetivo de estabilidad de los precios del 2 por ciento en los últimos años. Todo ello ha supuesto que los ingresos por empleado hayan registrado el crecimiento histórico más bajo, el 2.6 por ciento entre 1995 y 2005. Parte de la razón de este comportamiento no es ajena a los cambios que se vienen produciendo en los mercados laborales, al proceso de precarización laboral y de individualización de las relaciones laborales, que debilitan la negociación colectiva, haciendo que esta pierda cobertura. Como también parte de la razón de este comportamiento tan negativo de los salarios reales puede achacarse a las dinámicas inherentes a la globalización, en la medida en que la deslocalización de ciertas industrias a países con menores costes salariales, principalmente en sectores intensivos en mano de obra no especializada y consecuentemente con perdida de puestos de trabajo en los piases desarrollados, ha hecho deprimir los salarios reales, sobre todo en aquellas economías más especializadas en industrias de mayor riesgo de deslocalización y de mayor empleo de baja especialización. Pero cierto es también que esta tendencia general no se ha visto lo suficientemente contrarrestada a través de los dos mecanismos básicos de redistribución de la riqueza, cuales son la negociación colectiva y el dialogo social y el estado de bienestar. Si nos acercamos a nuestro país, y analizamos las dos variables, esto es mercado de trabajo y salarios, hay dos datos que lo sintetizan.

De una parte la fuerte creación de empleo. Tres millones de empleos entre 2001 y 2006 y a la vez una perdida del peso de los salarios en el reparto de la renta nacional. En 2001, el peso de los salarios era del 55 por ciento; y en 2006, del 52,3 por ciento. En la misma proporción los beneficios empresariales han pasado en este periodo del 45 por ciento, al 47,7 por ciento. Es la primera vez que se da este fenómeno contradictorio, y ello no es debido, y quiero subrayarlo, a la perdida de poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores, sino a que la creación de empleo se esta dando especialmente en sectores de bajos salarios y escasa cobertura de la Negociación Colectiva. Pero a su vez estos datos, que hay que analizar bien sindicalmente, están muy vinculados, tal y como se ha reflejado anteriormente, con la precariedad laboral, así como con el tamaño de la empresa y la modalidad de contrato, fundamentalmente en lo relativo al de la jornada a tiempo parcial.

En lo que hace referencia al tamaño de la empresa observamos como prácticamente en todos los sectores la diferencia salarial es abrumadora, llegando a suponer un 40 por ciento de la retribución entre las empresas pequeñas y las de más de doscientos trabajadores. En lo que concierne a la modalidad contractual, se sitúan en una media, para todos los sectores de actividad del 32 por ciento menos del salario ordinario, estos es, descontadas gratificaciones y pagas extras. De otra parte el empleo en sectores de menos de 11 euros la hora supuso el 55,4 por ciento del total en 2001, y alcanzo el 59 por ciento en 2006. De cada seis empleos creados entre 2001 y 2006, dos se han creado en el sector de la construcción y actividades inmobiliarias, y algo más de dos en el comercio, hosteleria, servicios domésticos y otras actividades sociales. En la Comunidad de Madrid, paradigma de este modelo de crecimiento insostenible socialmente, ya hay más trabajadores de servicios domésticos que trabajadores industriales. Y son estos los elementos que están incidiendo en el grado de cobertura de la negociación colectiva, por tanto también en sus contenidos. Así los trabajadores con derecho a la negociación colectiva cubiertos por un convenio colectivo han pasado de un 87 por ciento en 2001, a prácticamente un 80 por ciento en 2005. Y ante esta realidad, que no esta al margen del proceso de globalización, como tampoco de la urgente necesidad de abordar una acción sindical de carácter internacional, exige de los sindicatos que erradiquemos un discurso autocomplaciente, en el sentido de que la negociación colectiva no esta suponiendo una merma del poder adquisitivo de los salarios, cuestión que es cierta, pero que afecta, fundamentalmente a quien esta consolidado en el mercado de trabajo, no para quien se ha venido incorporando en los últimos años o lo esta haciendo en la actualidad, que forma parte del colectivo creciente de los trabajadores fuera de cobertura convencional. Ni tampoco podemos quedarnos en un mero discurso macroeconómico sobre la necesidad de cambiar el modelo productivo basado en bajos salarios, lo que, sin duda, es cierto, ya que si nos limitamos a ese discurso parece que los sindicatos nos situamos al margen del proceso por el cual se acuerdan los salarios; un proceso que no obedece sino a la formalización de la confrontación capital-trabajo, la razón básica de la existencia de los sindicatos.

Los sindicatos son un agente fundamental en el proceso de determinación de los salarios, y eso es algo que en ningún caso se puede obviar. En los sectores de bajos salarios, que en su gran mayoría coincide también con los de mayor nivel de precariedad laboral, los bajos niveles de cobertura de la negociación colectiva, y en no pocas ocasiones, los reducidos niveles de afiliación sindical, solo pueden ser un acicate para reforzar una de las mas urgentes prioridades del sindicato, organizar a los trabajadores para con ello avanzar en materia de derechos y por tanto quebrar la precariedad. Porque en caso contrario hay riesgos de un desencuentro entre los nuevos trabajadores y las estructuras sindicales. Pero no todas las cuestiones relativas a las condiciones de vida de la clase trabajadora se dirimen en el seno de las relaciones laborales aún cuando éstas sean determinantes. Como hemos señalado anteriormente, los mecanismos de redistribución de la riqueza generada, básicamente, por la fuerza del trabajo opera también a través de la redistribución social de la renta, a través de promover la accesibilidad de bienes y servicios básicos para la calidad de vida, incluso, para la verificación efectiva de la condición de ciudadanía.

La progresiva injerencia del mercado en la prestación de servicios básicos, así como la consideración especulativa de otros, hace que el poder adquisitivo de los salarios se vea significativamente mermado, en una espiral creciente que difícilmente se puede compensar únicamente desde el incremento salarial a través del convenio colectivo. Y ahí tiene mucho que decir el sindicalismo de clase, reforzando la acción general, es decir, su vertiente sociopolítica, haciendo del diálogo social una prioridad real, con contenidos sustantivos, promoviendo negociaciones y, eventualmente, acuerdos que incidan, configurándola como un derecho, sobre la garantía efectiva en el acceso a bienes y servicios básicos para el conjunto de la sociedad y, significativamente, para sus sectores más vulnerables al riesgo de pobreza y exclusión social, no desde una concepción asistencial, sí desde la concepción de cohesión y equidad que está en la base del modelo social europeo.

Un modelo que también está siendo presionado por los efectos de la globalización, significativamente por los fenómenos migratorios: en la medida en que el gasto social de los distintos países se incrementa muy por debajo de lo que lo hace su economía, los grupos sociales más desfavorecidos, entre ellos la población inmigrante, compiten por algunas prestaciones sociales, generándose así no sólo una ampliación del empobrecimiento social, sino también fenómenos inducidos de xenofobia y racismo. De ahí la necesidad de afrontar estrategias supranacionales que, de un lado, garanticen derechos laborales en los países que carecen de ellos, rompiendo así el "efecto huída" de muchas localizaciones geográficas, y, de otro lado, que amplíen los derechos y prestaciones sociales, evitando, de este modo, el "dumping" interno entre los estratos más empobrecidos de nuestras sociedades.

Es por ello que el sindicalismo debe romper sus propias fronteras. Es necesario el crecimiento y fortalecimiento del sindicalismo europeo y a partir de ahí el internacional, desde parámetros absolutamente distintos, que superen la inercia hacia una acción sindical centrada en las grandes empresas para abordar el reto de ganar en influencia abriendo nuevos espacios de intervención sindical. En este sentido, la interlocución sindical con las instancias políticas de carácter supranacional, es un terreno aún por definir que debe cobrar carta de naturaleza para poder hablar de un auténtico sindicalismo europeo e internacional, más allá de la actual fase de coordinación más de estructuras que de la acción sindical, en que éste se verifica en la actualidad. El objetivo del sindicalismo, que no es otro que el de proteger a la inmensa mayoría de los trabajadores, debe adecuarse para dar cabida, y con fuerza, a los cambios que se vienen produciendo, y ello exige de un sindicalismo activo, con mucha capacidad de iniciativa y de propuesta. La negociación colectiva en este marco, que es parte fundamental del núcleo central de la libertad sindical, así como una institución social básica e insustituible del modelo social europeo, puede correr ciertos riesgos, si no modifica su actual tendencia.

Una modificación necesaria para dar respuesta a los cambios que hemos venido señalando, tiene que mirar más hacia fuera, hacia la empresa global, promoviendo el necesario impulso que ha de tener en el ámbito supranacional. En definitiva, tal y como se refleja en los acuerdos del reciente Congreso de la CES es necesario pasar a la ofensiva por un espacio de dialogo social, de negociación colectiva y de participación de los trabajadores. Para los sindicatos el actual proceso de globalización esta derivando hacia un proceso de perdida de derechos de los trabajadores y de capacidad contractual de los propios sindicatos. Pero este proceso no es irreversible y es responsabilidad de las organizaciones sindicales el ampliar sus actuales limites de actuación, adecuando sus planteamientos estratégicos, superando las inercias de momentos pretéritos que ya no son compatibles con la configuración actual del trabajo, con la propia configuración de la clase trabajadora, y definiendo una dimensión transnacional de los objetivos sindicales y de la propia acción sindical como consecuencia.


(*) Publicado originalmente por la Fundación Sindical de Estudios
Rodolfo Benito es presidente de la Fundación Sindical de Estudios y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras (España).



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