Arnaldo Pérez Guerra: Chile: La verdad se abre paso

En el desconocido cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en la comuna de La Reina, operaba la brigada Lautaro, unidad especial dedicada a asesinar a militantes comunistas y preparar sus cuerpos para lanzarlos al mar, además de encargarse de la seguridad del general Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA.

La investigación del juez Víctor Montiglio ha comenzado a develar detalles desconocidos de los asesinatos, en 1976, de las direcciones clandestinas del Partido Comunista (PC). A mediados de febrero confirmó el procesamiento y prisión preventiva de infantes de Marina y militares que participaron en el secuestro y homicidio del dirigente Víctor Díaz López. Entre los ex agentes de la brigada Lautaro se encontraban mujeres civiles adscritas a la Armada con el grado de suboficiales: Celinda Aspé Rojas, Teresa del Carmen Navarro Navarro, Berta Jiménez Escobar y Adriana Rivas González. Varias otras agentes mujeres operaron en el cuartel de La Reina, donde habrían sido asesinadas las direcciones clandestinas del PC secuestradas en mayo y diciembre de 1976.

Ex agentes han confesado que dirigentes y militantes del PC fueron llevados al cuartel de Simón Bolívar 8630 para ser aniquilados. Ningún detenido que pasó por ese recinto salvó con vida. Estuvieron presos, interrogados y torturados durante meses, antes de ser asesinados. Fue el caso de Víctor Díaz y de los dirigentes Jorge Muñoz -esposo de Gladys Marín-, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro y Reinalda Pereira, entre otros. La investigación del juez Montiglio ha dado un valioso giro aportando datos para esclarecer la verdad de lo ocurrido.

La brigada Lautaro estaba integrada por infantes de Marina, agentes civiles y oficiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, incluyendo mujeres. Ejercía el mando el jefe de la seguridad de Contreras, el mayor de ejército Juan Morales Salgado. Hasta ahora, treinta y seis ex agentes han sido procesados por Montiglio. Al parecer, se trataría de la brigada más numerosa y desconocida de la DINA. El caso "Calle Conferencia" acumula 45 procesamientos, incluido el ex ministro de Interior y ex integrante de la Junta militar, general César Benavides, convirtiéndose en el juicio por violaciones a los derechos humanos que tiene más reos. Sin embargo, Manuel Contreras no fue procesado pues se aplicó el principio de "cosa juzgada". Se sabe que ex agentes de la brigada Lautaro pertenecientes a la Armada se mantuvieron en funciones después de 1975, año en que la institución sostiene que retiró todo su personal de la DINA.

Víctor Díaz fue secuestrado en calle Bello Horizonte 979, Las Condes, días después de lo ocurrido en calle Conferencia. Fue trasladado a Villa Grimaldi y a varios centros de tortura, entre éstos Casa de Piedra, del Cajón del Maipo. Los agentes Sergio Escalona y Bernardo Daza le amarraron una bolsa plástica en la cabeza asfixiándolo, mientras la teniente de ejército, Gladys Calderón le administró cianuro. Se ha establecido que otros detenidos fueron asesinados aplicándoles gas sarín. Michael Townley, responsable del laboratorio químico de la DINA que operaba en Lo Curro, asistía al cuartel de calle Simón Bolívar para experimentar con el gas fabricado por el químico Eugenio Berríos. Otras confesiones relatan el asesinato de prisioneros con brutales torturas. Hay antecedentes de que Augusto Pinochet supo de los crímenes y el propio dictador decidió la suerte de los detenidos. Pinochet visitó a Víctor Díaz cuando éste permanecía en la Casa de Piedra, antes de ser trasladado a Simón Bolívar.

Los cadáveres de prisioneros en calle Simón Bolívar eran trasladados en helicópteros Puma, del Comando de Aviación del Ejército (CAE), que operaban en los terrenos de campaña, en Peldehue. Eran envueltos en sacos, amarrados con alambre a un trozo de riel y transportados hasta el lugar donde esperaba los helicópteros que se dirigían a la costa de la V Región, dejándolos caer mar adentro.

Familiares de Víctor Díaz y el abogado Eduardo Contreras emplazaron a la Armada y a la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, a que entreguen la nómina de oficiales, suboficiales y cuadros permanentes adscritos a la DINA: "Ya es hora de que la Armada entregue los antecedentes sobre sus funcionarios en la DINA, especialmente de la Infantería de Marina, porque es muy probable que hayan participado en la eliminación de otros comunistas. Emplazamos a la ministra de Defensa para que entregue la información, porque hasta ahora nos han mentido", dijo el abogado Contreras.

Importantes avances

Por su parte, el abogado de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Alberto Espinoza Pino, que recientemente fue obligado a renunciar a la Universidad ARCIS donde era académico, considera que el año 2006 fue bueno para las causas de derechos humanos. "2006 marca una jurisprudencia notable en materia de violaciones a los derechos humanos, pues se reconoce el derecho internacional. Esto abre un escenario en que estas violaciones deben ser investigadas. Las causas de exoneración de responsabilidad penal, como la prescripción, la cosa juzgada y, en particular, el decreto ley de amnistía, no son aplicables. Por consiguiente, los tribunales se inclinan hacia la verdad y justicia", dice Espinoza.

"Los tribunales tienen una cuota importante de responsabilidad por todos los años de impunidad. Y este cambio se ha verificado gracias a la perseverancia de familiares, abogados y organismos de derechos humanos que han estado luchando décadas. Se ha dictado jurisprudencia al aplicar los tratados y convenios internacionales. No es algo generalizado, pero hay un rumbo, un golpe de timón, que reconoce por fin el derecho internacional en materia de derechos humanos. Hay que avanzar más, porque quedan muchas causas pendientes. Bajo ningún punto de vista puede ser visto como un triunfo. Falta aún mucho por hacer", agrega el abogado Alberto Espinoza.

-¿Qué opina de la investigación de calle Conferencia?

- También señala un vuelco importante. Las investigaciones abren nuevos escenarios, se descubren centros de detención y agentes responsables de crímenes. Se trabajó por años sobre la base de que los centros de detención estaban circunscritos a Villa Grimaldi, Londres 38, la clínica Santa Lucía, etcétera. Toda una suerte de loca geografía de la tortura. Sin embargo, hoy se ha determinado la existencia de otros centros desconocidos de detención donde se violaba y torturaba. Además, la existencia de otras brigadas de la DINA donde participaban funcionarios de la Armada. Eso también pone el acento en que el trabajo de los jueces como investigadores puede arribar a buen fin, determinando de manera eficaz la verdad negada a los familiares todos estos años. Cuando se piden informes oficiales a las Fuerzas Armadas, dicen que no saben más. Sin embargo, hay más. Todavía es posible investigar, encontrar restos humanos, develar otras formas que adquirió la represión. Eso es lo que demuestra la investigación por la desaparición de Víctor Díaz y la dirección del PC. Se descubre una casa en calle Simón Bolívar, en la que participan directamente en la tortura y crímenes mujeres agentes. Aparece Pinochet envuelto directamente en operaciones represivas. Se establece que tuvo entrevistas con los dirigentes detenidos, especialmente con Víctor Díaz, lo que evidencia que no solamente operó en el ámbito de la jefatura, sino que también tuvo directa participación".

-¿Podría haber otros centros de exterminio?

"Se encontró un recinto de detención y tortura del que no se sabía nada, en Simón Bolivar 8630. Aparecen otras brigadas de la DINA de las que tampoco se tenía conocimiento. Se sabe que Pinochet se entrevistó con detenidos y fue a un lugar de detención en el Cajón del Maipo. Detalles inéditos. Un escenario nuevo gracias a una investigación acuciosa y responsable. No descarto la posibilidad que el juez Víctor Montiglio cambie su criterio en torno a la aplicación de la amnistía".

-¿Qué ha ocurrido con la aplicación de la ley de amnistía?

"Todavía existe poca claridad para desestimar la aplicación del decreto ley de amnistía. Desde el ámbito internacional, gracias a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han motivado pronunciamientos del Ejecutivo, siempre vacilante en torno a esta materia, partiendo con la famosa frase del presidente Aylwin: 'Justicia en la medida de lo posible', tan dubitativa y a medias tintas, cuando era necesario claridad y firmeza para procurar justicia en su más amplio y pleno sentido. Posteriormente, con el presidente Frei los derechos humanos fueron un tema prácticamente ausente. No obstante, hoy Frei se muestra muy preocupado por el crimen de su padre, convirtiéndose en una víctima más de las violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Lagos inaugura la frase de 'No hay mañana sin ayer', y platea, de forma ambigua, que el gobierno piensa que 'los tribunales deben aplicar la ley'. Eso es tan ambiguo como 'Justicia en la medida de lo posible', porque la aplicación de la ley, sin pronunciarse acerca de la ilegitimidad e inaplicabilidad del decreto ley de amnistía, dio pábulo para pensar, por un lado a los sostenedores de la internacionalización de los derechos humanos, que se no acogería la amnistía, y por otro, a los militares que defienden dicho decreto, que siendo una ley vigente debía ser aplicada. Gracias a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Almonacid, se ha provocado una reacción del gobierno de Bachelet. Hasta hoy no se expresa en nada concreto, ni siquiera en una discusión en torno a si el decreto ley de amnistía deba anularse, interpretarse o derogarse. Pero cualquiera sea el mecanismo, es indiferente. Es una discusión es bizantina. Sí sería importante un planteamiento del gobierno y, principalmente, del poder Ejecutivo, a través de un proyecto de ley que estableciera la interpretación y sentido que el gobierno da a ese decreto ley. No me cabe duda que considera la amnistía a lo menos como ilegítima. Sería un buen mensaje, incluso para los tribunales, independientemente que provocara alguna discusión en torno a si se aplica el principio más favorable al reo o que si la ley se derogó es por que estaba vigente. Gracias a la interpretación de la amnistía que hoy hacen los tribunales, es indiferente cualquier decisión. Pero no me cabe duda que un pronunciamiento del gobierno reafirmaría la tesis que han adoptado algunos jueces. Se ha desechado la prescripción y el decreto de amnistía por la naturaleza de los crímenes contra la humanidad, delitos que ofenden el linaje humano como decía Bartolomé de Las Casas, de modo que no cabe sino perseguir las responsabilidades penales cualquiera sea el tiempo transcurrido y las leyes inventadas para autoexonerar a los culpables. Sería interesante que por lo menos el gobierno diga que no se debe aplicar la amnistía".

Según Espinoza, algunos jueces al llegar a la fase de la sentencia han desechado aplicar el decreto de amnistía y la prescripción. Jueces como Lamberto Cisternas, por ejemplo, que anteriormente la consideraron aplicable. Hoy, haciendo una reflexión más profunda desde el punto de vista jurídico, han cambiado su posición, considerando de acuerdo a las orientaciones del derecho internacional que se trata de crímenes de lesa humanidad. "Así como el ministro Cisternas ha cambiado, debemos tener esperanza que otros ministros también lo harán y que se irá construyendo jurisprudencia. Donde todavía hay deficiencias es en las reparaciones civiles y en la aplicación de la justicia militar", dice.

- El Consejo de Defensa del Estado ha cumplido un papel desastroso en los juicios por reparación, y la justicia militar aún no es reformada…

- De parte del CDE debiera haber una actitud de conciliación. Así como en alguna oportunidad se invocaron razones de Estado por parte del presidente Frei para desistirse de acciones penales contra el hijo de Pinochet, creo que se justifica que por razones de Estado la presidenta Bachelet instruya al CDE -no obstante la autonomía que el organismo tiene-, en orden a que las víctimas sean reparadas conforme a las sentencias dictadas por los tribunales. El Fisco no se verá afectado por pagar reparaciones a víctimas, más aún si consideramos los altos ingresos que experimentan las arcas fiscales producto del precio del cobre que hoy financia los gastos militares. No me cabe ninguna duda que no se puede comparar el financiar gastos militares y no las reparaciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La reforma de la justicias militar sigue ausente. La Corte Interamericana falló en el caso Palamara y todavía se mantiene vigente la legislatura militar. La Corte Suprema rechazó un proyecto que intentaba reformarla, por insuficiente y poco claro. Los parlamentarios o no hacen bien su trabajo o no tienen voluntad de cambiar la justicia militar. El Ejecutivo tampoco respondió claramente a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Palamara, que ordena a Chile introducir modificaciones a la judicatura militar en orden a que por lo menos no juzgue civiles, y que cuando juzgue a militares lo haga dentro de los marcos del debido proceso".

Uno de los casos que el abogado Alberto Espinoza Pino patrocina es el de los catorce ejecutados de Puente Alto, fusilados por Carabineros en el Puente Bulnes y arrojados al río Mapocho el 14 de octubre de 1973, entre ellos varios menores de edad. El día anterior, fueron detenidos en la quinta de recreo Los Sauces y llevados a la 20ª Comisaría de Puente Alto, y luego a una Comisaría de Santiago. El año 2003, el ministro Daniel Calvo sobreseyó el caso. Luis González Plaza, de 19 años al momento de los hechos, fue el único sobreviviente. La Corte de Apelaciones revocó el fallo y condenó a los culpables, además de ordenar el pago de una indemnización a las familias. Sin embargo, el CDE interpuso un recurso de casación. "Por un lado, a través de la oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior, el Estado se hace parte en las causas de violaciones a los derechos humanos. Por otro, a través del CDE se opone al pago de indemnizaciones. Es algo esquizofrénico que produce gran desconcierto en las víctimas. Hay dinero para investigar, pero no para responder las indemnizaciones que dictan los tribunales", dice Alberto Espinoza.

-Varios fallos en casos de violaciones a los derechos humanos han concluido con condenas muy bajas al aplicarse la media prescripción o beneficios…

- Las sentencias quizás no han sido tan altas. Pero primero hay que pensar en condenas. Más allá de su magnitud, es primordial el que se haya establecido la responsabilidad penal de los culpables, se esclarezca la verdad y se aplique la ley. Eso es lo relevante. El tema de los años de condena o cárcel pasa a ser desde el punto de vista ético y jurídico una cuestión menor, aunque no por ello insignificante. Frente a la alternativa de impunidad y no saber qué ocurrió, no hay por dónde perderse. La impunidad no es aceptable. Se ha aplicado 'media prescripción' y 'rebajas de condena' porque ha habido 'colaboración'. Es parte de una estrategia procesal. Si queremos obtener verdades a lo mejor tenemos que ofrecer a esas personas algún grado de benevolencia en la aplicación de las penas. Varios ministros han conseguido la confesión completa pero no a cambio de impunidad. La 'colaboración eficaz' es una atenuante. Es parte de nuestra legislación. Cada juez pondera cuándo aplicarla. Es absolutamente necesario que los jueces lo hagan. De esta forma se han develado antecedentes que permanecían ocultos producto de 'pactos de silencio' al estilo de la mafia. La muerte de Pinochet puede aflojar la presión de ex agentes que se veían comprometidos con la omnipotencia de Pinochet, quien actuó a la cabeza de la represión que se articuló en torno a la DINA, CNI y otros organismos de seguridad. Esa política institucional permitió la existencia de lugares secretos de detención, tortura, asesinatos… Sobre esto ya no existe duda. La impunidad de Pinochet que la Concertación garantizó ha dejado en evidencia que son herederos de su institucionalidad y modelo económico, que se erigió sobre la base de las violaciones a los derechos humanos. No tienen la intención ni la voluntad de cambiar el rumbo del itinerario que dejó Pinochet".