Wilfredo Ardito Vega: Tribulaciones norteñas

Pequeña y delgada, la señora Jovita Becerra viste de luto riguroso, desde que en octubre su hermano Edmundo fue asesinado por un sicario en la localidad de Yanacanchilla. Ella, como muchos cajamarquinos, cree que la muerte se debió a la oposición de Becerra a la empresa Yanacocha. No hay pruebas, sin embargo, porque el asesino, meses después, fue también muerto a tiros por la policía. "Le dispararon tantas veces que parecían empeñados en que jamás dijera quién le encargó matar a Edmundo", comenta una joven cajamarquina.

La muerte del veterinario Edmundo Becerra generó una honda conmoción entre los ambientalistas y los líderes campesinos de Cajamarca, porque coincidió con el descubrimiento de las acciones de espionaje hacia Grufides, la ONG dirigida por el padre Marco Arana. Difícilmente puede pensarse en alguien, además de Yanacocha o su empresa de seguridad Forza, con la capacidad económica y el interés de pagar a una docena de personas para que sigan y filmen durante varios meses a cada uno de los integrantes de Grufides.

Este reglaje, sin embargo, es sólo parte del levantamiento de información que algunas empresas mineras realizan en el norte del país sobre quienes tienen alguna preocupación ambientalista, sean religiosos, dirigentes campesinos o integrantes de ONG. Los que osan plantar que la agricultura o el ecoturismo son mejores alternativas de desarrollo que la minería terminan padeciendo insidiosas campañas de difamación a través de volantes, radios locales o periódicos como Rupa Rupa en Jaén, Correo en Piura y Clarín en Cajamarca, que recuerdan el uso de los diarios chicha en tiempos del SIN.

El año pasado, uno de estos periódicos llegó a publicar las fotos de decenas de alcaldes, ronderos y obispos como integantes de una supuesta Red Bolivariana del Terror, financiada por Hugo Chávez, con la participación de Javier Diez Canseco, Ollanta Humala y Víctor Polay. Estas acusaciones delirantes han sido repetidas por el programa de televisión Panorama en varias ocasiones.

En sus casas o sus celulares, los ecologistas norteños también reciben amenazas de muerte, como le ocurrió a unos ingenieros que se disponían a monitorear la contaminación de unos ríos en La Libertad y con frecuencia sucede a los integrantes de Grufides. Hace una semana el turno de ser amenazado le tocó a Javier Jahncke, abogado de Fedepaz, quien ha denunciado los abusos de las empresas Yanacocha y Majaz.

Los amenazados tienen razón para temer: la muerte de Becerra tiene mucha semejanza con el asesinato del ingeniero piurano Godofredo García Baca, uno de los principales opositores a la empresa Manhattan el año 2001. En este contexto, cuando el pasado 17 de marzo, el periodista Miguel Pérez Julca fue asesinado por dos sicarios en Jaén, muchos pensaron en Majaz. Esta presunción se debía a que la participación de los funcionarios de esta empresa en acciones violentas, como la invasión de dos comunidades campesinas, la destrucción de la radio ambientalista La Poderosa, la brutal golpiza a la señora Josefa Adrianzén y la irrupción en un foro sobre ecología en marzo del año pasado, cuyos asistentes fueron apedreados por una turba. Sin embargo, debe señalarse que el fallecido periodista tenía numerosos enemigos, por lo que las sospechas sobre Majaz deben tomarse con prudencia.

Lo más frecuente es que las empresas denuncien a la población por diversos delitos. En febrero pasado, Santos Quispe, alcalde de Parcoy (La Libertad), el dirigente rondero Renán García y el joven campesino Omer Castillo fueron condenados a 10 años de prisión por haber secuestrado y torturado a un agente policial. Quispe sostiene que él mas bien logró liberar al policía y que ni García ni Castillo participaron en los hechos. Al parecer, la empresa Minera Horizonte estuvo detrás de esta condena, porque Quispe y García habían denunciado sus abusos hacia las comunidades de la zona.

La severidad de esta condena contrasta con la pasividad con que se atienden las denuncias de los campesinos: derrames de productos tóxicos, muerte de truchas, espionaje, difamación..., todo termina archivado por el Ministerio Público o el Poder Judicial. Igual destino han corrido las muertes de campesinos que participaban en marchas de protesta, como los piuranos Reemberto Herrera y Melanio García, el ancashino Guillermo Tolentino y los cajamarquinos Juan Montenegro e Isidro Llanos. Todos ellos fallecieron debido a la indiscriminada represión policial, salvo Montenegro, quien habría muerto a consecuencia de los disparos de un vigilante particular.

La última semana, las buenas relaciones se hicieron evidentes, al incorporarse un representante de Yanacocha al Consejo Consultivo del Ministerio del Interior. Entratanto, una buena parte de las acciones de Majaz fueron compradas por la empresa Zijin, con sede en China, donde la preocupación por los derechos humanos o el medio ambiente es ciertamente escasa.

El panorama para los ecologistas norteños se complica aún más. ¿Será tan difícil que el gobierno y las empresas comprendan que la población tiene derecho a decidir sobre su futuro?