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| 17 de febrero del 2006 |
Ecuatorianos en España (I)
Edición para Internet: La Insignia, febrero del 2006.
Del libro La migración ecuatoriana
Introducción
Las migraciones trasnacionales contemporáneas ponen de manifiesto el carácter crecientemente "global" del mundo en que vivimos. En este contexto, los enfoques "nacionales" (qué efecto tienen los procesos migratorios en tal o cual país) implican un recorte de los procesos en juego, que se registran tanto en las sociedades de origen como en las de destino, pero también en ámbitos más extensos. En nuestro caso, la comprensión cabal de los procesos en que se ven involucrados, y que también promueven los migrantes ecuatorianos radicados hoy en España, requiere un estudio de las transformaciones recientes ocurridas en ambos países, en sus contextos inmediatos (Pacto Andino-América Latina y Unión Europea), en las respectivas inserciones en el orden económico global y en las políticas migratorias de terceros países (especialmente Estados Unidos de América). A pesar de lo dicho, este artículo tiene un carácter inequívocamente "hispanocéntrico" pues pretende describir la situación de las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en la estructura ocupacional española, indicando cuáles son sus rasgos clave, y el papel que esta nueva mano de obra puede desempeñar en la reconfiguración de la sociedad española. Por tanto, no incluye la incidencia sobre la sociedad ecuatoriana ni las dinámicas trasnacionales que provocan los actores de esta nueva diáspora. Por lo demás, el enfoque adoptado es descriptivo en gran parte, dado que pretende sistematizar la información existente acerca de las inserciones laborales de los inmigrantes ecuatorianos de ambos sexos, aplicando algunos datos que, hasta ahora, han sido poco utilizados. En cuanto ha sido posible, intentamos efectuar un análisis comparativo con el fin de mostrar la especificidad de la situación laboral de los ecuatorianos respecto al resto de trabajadores extranjeros afincados en España. Como se explica más adelante, a falta de trabajos empíricos más detallados, o de una hipotética situación futura de plena regularidad de los migrantes, todo intento de este tipo se ve obstaculizado por las limitaciones de las fuentes estadísticas disponibles. Por tanto, es importante destacar que el análisis tiene esta otra característica: analiza sólo la parte más visible de las poblaciones migrantes, aquella que es captada por los registros estadísticos. Características de los procesos migratorios recientes hacia España La secular tendencia emigratoria se detuvo en España a mediados de los años 70 del siglo XX. Durante el primer quinquenio de los años 80 se produjo un proceso de retorno de emigrantes radicados en países europeos y, en esa misma década, empezaron a registrarse flujos de inmigración desde el extranjero, a la vez que se ponían en marcha políticas de regulación (restricción) paralelas al ingreso del país en la Unión Europea. Aunque España es un "país de inmigración" desde hace dos décadas, el incremento más notorio de los flujos de entrada se produjo en los años recientes, a finales de los años 90. No es éste el lugar para realizar un análisis detallado de la cuestión, para nuestro interés será suficiente con indicar que en 1997 la cifra de extranjeros "con papeles" era algo superior a 600.000 y que seis años más tarde, a finales de 2003, superaban los 1.600.000. Este fortísimo incremento, el mayor registrado entre los países de la Unión Europea, no refleja, sin embargo, la verdadera magnitud de los flujos reales, debido a las restricciones que desde 1997 existen para la obtención de permisos de residencia. Los datos de los padrones municipales, abiertos a todos lo extranjeros a partir del año 2000, indican que a comienzos de 2003 los extranjeros eran más de 2,6 millones. Por tanto, en torno a un millón estarían residiendo en el país en situación irregular. Además, el "índice de irregularidad" (1) ha crecido de forma importante a partir de 2000 (34,7% a comienzos de ese año, 50,3% tres años después). En síntesis, la principal onda migratoria hacia España se ha producido durante el último quinquenio, y lo ha hecho debido al tipo de política migratoria existente, bajo la forma de flujos "irregulares". En este período, las principales aportaciones llegaron desde América Latina (Ecuador y Colombia, principalmente) y de la antigua Europa del Este (especialmente búlgaros y rumanos), cambiando el "mapa de diversidad étnica" existente hasta entonces (con claro predominio de los inmigrantes marroquíes). En este contexto, la inmigración ecuatoriana es la que ha experimentado el mayor crecimiento, de forma que en tres o cuatro años ha pasado a ser la primera o segunda nacionalidad inmigrante en muchas de las regiones del país. Tras el crecimiento exponencial registrado, en la actualidad puede estimarse el conjunto de la población de origen ecuatoriano radicada en España, en torno a las 450.000 personas, de las cuales, más de la mitad se encuentra en situación "irregular" (2). No todo este contingente poblacional está en posibilidad de ingresar al mercado de trabajo. En primer lugar, hay que contabilizar aparte a la población menor de edad (3). Las cifras del padrón indican que hay al menos 69.000 menores de 15 años (enero de 2003) y en el sistema escolar no universitario más de 56.000 alumnos matriculados (curso 2002-2003). Por tanto, los ecuatorianos en edad laboral pueden estimarse en algo más de 320.000. La distribución por sexo de esta población ha cambiado de forma importante: mientras que las primeras migraciones fueron protagonizadas principalmente por mujeres, se ha alcanzado rápidamente un equilibrio: desde enero de 2001, el 51% de los empadronados son mujeres y el 49% hombres. En cuanto a la población en edad laboral, las mujeres son también levemente mayoritarias, salvo en el tramo entre 30 y 39 años en el que existe equilibrio entre ambos sexos. Mercados de trabajo y trabajadores inmigrantes en España La adscripción de España a la Unión Europea y, con ella, al primer mundo ha supuesto un impulso importante en diversos ámbitos, uno de ellos es el del crecimiento económico y la mejora general de las infraestructuras. Sin embargo, en el terreno sociolaboral, la situación española presenta algunas características propias que resultan claves a la hora de analizar las posibilidades de inserción laboral. Expuestos de manera sucinta, los principales rasgos estructurales son los siguientes: - Desempleo estructural importante: desde 1980 la tasa de desempleo no desciende de los dos dígitos (en épocas de crisis supera el 20%, en períodos de bonanza está en torno al 11%). - Altas tasas de empleo temporal: los empleos de duración indefinida, dominantes hasta los años 80, están en retroceso desde entonces. Actualmente, el 31% de los asalariados tiene empleos de duración temporal (casi siempre por debajo de un año). - Importante volumen de empleo sumergido: aunque, por definición, no es posible cuantificar con precisión su importancia, diversas estimaciones la sitúan entre el 30% (1985, Ministerio de Economía) y el 40% (1992, Universidad Autónoma de Barcelona) de la población ocupada. En 1998, la Comisión Europea situaba a España en el tercer puesto, tras Grecia e Italia, en el ranking de países con más economía oculta (entre el 10% y el 23% del producto interno bruto). Las ramas económicas en las que tiene mayor incidencia este fenómeno son la agricultura, la hostelería- restauración y los servicios menos cualificados (limpiezas, servicio doméstico, etc.), aunque también adquiere un peso creciente en sectores modernos, especialmente en el trabajo a domicilio de personal cualificado que utiliza los desarrollos recientes de la telemática. - Incorporación femenina al mercado de trabajo: entre 1976 y 2000 el número de mujeres activas se incrementó en 2,7 millones mientras que el de las dedicadas sólo a tareas domésticas disminuyó en 2,5 millones. Como consecuencia, se modificaron las pautas de natalidad, y la asignación de trabajos en el hogar. - Cambio y polarización ocupacional: según la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados pasó de 12,1 millones a comienzos de 1994 hasta 17,1 millones diez años más tarde. En ese período, se redujo la importancia del empleo agrícola, se estancó el empleo industrial, mientras se expandió la escala en el sector de servicios; en la construcción, el empleo sigue las oscilaciones del ciclo económico (por tanto, ha crecido continuamente desde 1995). Por su parte, las únicas categorías ocupacionales que incrementaron su importancia relativa fueron las de los trabajadores técnicos (de 16% a 24% del total de ocupados) y las de los no calificados (de 27,8% hasta 28,6%) (4), mientras descendía la de los puestos administrativos y de trabajo manual calificado. En resumen, la mayor parte del empleo se desplaza hacia la construcción y los servicios, en ocupaciones de elevada y baja calificación. - Segmentación ocupacional creciente: como resultado de estos procesos, las posibilidades de inserción laboral tienden a escindirse en un escenario polarizado. Por un lado, empleos fijos con alta retribución (5) en empresas que cumplen la legislación laboral y en las que existe implantación sindical. Por el otro, secuencias que combinan el desempleo, el empleo precario en sectores con elevada irregularidad, bajos salarios, malas condiciones laborales y escasas posibilidades de defensa de los intereses de los trabajadores. Aunque existe un interesante debate acerca de si la estructura laboral se encuentra segmentada en mercados más o menos estancos, o bien en el proceso de "flexibilización" laboral que caracteriza al conjunto de empleos, configurando un único mercado con diversos grados de precarización (Martínez Veiga, 2004), parece indudable que -al menos hasta la fecha- existen empleos con condiciones de trabajo claramente diferenciadas. Además de estas dinámicas ocupacionales, hay que mencionar algunas medidas estatales que contribuyen a regular tanto el volumen como la mayor o menor disponibilidad de mano de obra. Entre ellas, la extensión de la enseñanza obligatoria (hasta los 16 años), la universalización de la asistencia sanitaria pública a toda la población, o la ampliación del régimen de pensiones y jubilaciones. Estas medidas, propias del "Estado providencia", amortiguan las desigualdades sociales (6) y permiten eludir los empleos más precarizados a ciertos segmentos de la población autóctona.
Notas
(*) Colectivo Ioé, España. Correo electrónico: ioe@nodo50.org. Página web: www.nodo50.org/ioe |
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