Japón: AI exige al Gobierno que elimine la pena de muerte

Japón es uno de los pocos países industrializados que sigue aplicando la pena de muerte, ha manifestado Amnistía Internacional el día en que publica su análisis anual sobre el uso de la pena de muerte en el mundo.

Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a la Unión Europea (UE) para que aproveche la próxima Cumbre UE-Japón para llamar la atención sobre esta lamentable mancha en el historial de derechos humanos de Japón.

Varias personas han sido condenadas a muerte en Japón por delitos que no cometieron, debido a un sistema basado en las "confesiones" obtenidas durante el periodo de detención preventiva, en algunos mediante coacción.

Las ejecuciones mediante ahorcamiento sólo se anuncian una vez que han tenido lugar, por lo que no es posible organizar vigilias y el debate público se reduce al mínimo. En algunas ocasiones, ni siquiera se notifica la ejecución al preso.

Las personas condenadas a muerte permanecen recluidas en un régimen de asilamiento, una situación que puede durar decenios. La televisión está prohibida, el uso de libros está limitado y el contacto con el mundo exterior se reduce a las visitas infrecuentes y supervisadas de familiares o abogados. Según informes recibidos, como consecuencia de todo ello varios reclusos han desarrollado enfermedades mentales mientras estaban en prisión.

"Es una triste paradoja comprobar que uno de los países más industrializados y gran donante de ayuda humanitaria no respeta valores básicos en su territorio", ha manifestado Dick Oosting, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante la Unión Europea.

La organización de derechos humanos ha señalado que Japón corre el riesgo de perder su condición de observador en el Consejo de Europa por no haber abolido la pena de muerte.

"La Cumbre constituye una oportunidad ideal para que la Unión Europea intensifique la presión sobre Japón para que siga el ejemplo de varios países que han abolido recientemente la pena de muerte", ha manifestado Oosting.

A pesar de la inequívoca tendencia a la abolición, las conclusiones anuales de Amnistía Internacional revelan que más de 20.000 personas están actualmente en espera de ser ejecutadas por sus respectivos gobiernos.

Las conclusiones del último estudio de Amnistía Internacional demuestran que, en 2005, al menos 2.148 personas fueron ejecutadas en 22 países, la gran mayoría de ellas en China, Irán, Arabia Saudí y Estados Unidos.