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La insignia
2 de septiembre del 2005


La elecciones de la Corte Suprema de Ecuador
y su significado para la región


Javier La Rosa Calle
IDL. Perú, agosto del 2005.


Después de los graves sucesos políticos vividos en Ecuador, que significaron el nombramiento de un nuevo jefe de Estado, se viene llevando a cabo un proceso de elección de la Corte Suprema que tiene relevancia para la región andina, y especialmente para nuestro país, ya que nos encontramos en pleno concurso de designación de vocales y fiscales supremos. El artículo siguiente ofrece información pertinente sobre lo que está sucediendo en el vecino país del norte.


En diciembre del año pasado se produjo la destitución de los treinta y dos magistrados de la Corte Suprema por parte del Congreso de la República, lo que contribuyó a empeorar la crisis política del vecino país del norte, teniendo su desenlace el 20 de abril pasado con la marcha del presidente Lucio Gutiérrez y la asunción del cargo por parte del vicepresidente Alfredo Palacios.

Como parte de la recuperación de la institucionalidad democrática, el nuevo gobierno ecuatoriano solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) su apoyo en recursos y experiencias para devolver al país la estabilidad necesaria para su buen funcionamiento. En este sentido, una de las medidas adoptadas fue fortalecer la función judicial a través del nombramiento de una nueva Corte Suprema que estuviese legitimada y tuviera sólidos basamentos jurídicos.

En ese marco, el 26 de mayo del 2005 se dictó la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece las tres fuentes de integración de quienes aspiran a convertirse en magistrados supremos: once deberán provenir de la carrera judicial, diez de la docencia universitaria y otros diez del ejercicio libre de la profesión de abogados. Asimismo, se ha aprobado un reglamento para el concurso, designación y posesión de magistrados y conjueces de la Corte Suprema de la República.

Al respecto, es interesante observar que según la legislación ecuatoriana será un Comité Calificador quien deberá designar a la más alta instancia judicial de dicho país, teniendo en cuenta que los postulantes cumplan, además de los requisitos formales, una serie de condiciones, tales como: no haber pertenecido a partido o movimiento político en los cinco años anteriores a su postulación; no haber sido abogado o patrocinador de denunciados por delitos penalizados en leyes contra sustancias estupefacientes o psicotrópicas, siempre que haya habido una sentencia condenatoria; no haber sido abogado o apoderado por sí mismo o como socio de estudios jurídicos, o como propietario de empresas extranjeras o nacionales que mantengan litigios con el Estado o sus instituciones.

También llama la atención que quienes aspiren a ser magistrados supremos deberán pasar un examen de habilidades donde básicamente se evaluará el respeto a los derechos humanos, la igualdad entre sexos, la solidaridad, la capacidad de toma de decisiones, etcétera.

Este proceso de renovación de la Corte Suprema tiene un significado especial, ya que desde diversas instancias de la comunidad internacional se viene monitoreando este concurso, para lo cual, y en acatamiento de lo dispuesto por el Consejo Permanente de la OEA en su resolución del 20 de mayo, se han designado veedores especiales para dicho proceso, de manera que se aseguren normas apropiadas para la mejor selección de los integrantes de la Corte Suprema. De manera similar, la Secretaría General de la Comunidad Andina ha oficializado su participación en este proceso, aceptando una invitación de la presidencia ecuatoriana. Se espera que la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas hagan lo mismo.

Los hechos manifestados dejan entrever la vital importancia que tiene la designación de los magistrados de la Corte Suprema y con ello el sistema de justicia, de manera que se asegure su independencia. Esperamos que pronto lleguen buenas noticias sobre la recomposición de dicha instancia judicial y se devuelva a Ecuador uno de los componentes básicos de un Estado Constitucional de Derecho. Por lo demás, este proceso es fuente de importantes lecciones a tener en cuenta en toda la región (en particular en el Perú, donde en la actualidad se lleva a cabo un nuevo concurso para seleccionar vocales y fiscales supremos).



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