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| 5 de marzo del 2005 |
Segundo Montes Mozo S. J.(CSMM)*. Ecuador, diciembre del 2004. Edición en Internet: La Insignia
3. Respuestas y desafíos del gobierno ecuatoriano
Existe coincidencia en que, de los cinco países vecinos de Colombia, Ecuador es el mejor preparado para atender a la población refugiada colombiana. A diferencia de Venezuela o Panamá, Ecuador cuenta, desde 1992, con una legislación en materia de refugio que se ajusta a los principios de la normativa internacional sobre refugiados. Además, Ecuador, a diferencia de otros países vecinos, ha aplicado los principios de la Declaración de Cartagena, que amplía el marco regional de protección a las víctimas de la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. En este contexto, se trata del país vecino que más refugiados colombianos ha reconocido. Igualmente, la documentación y asistencia de la población refugiada se ha realizado con la cercana cooperación del ACNUR. No obstante, desde finales del año 2001, cuando los flujos de refugiados hacia Ecuador se incrementan de manera dramática, saturando los mecanismos y procedimientos de recepción y atención a la población refugiada, las respuestas empiezan a cambiar. Desde entonces, se evidencia un contraste entre la legislación ecuatoriana en materia de refugio -progresista y de avanzada con respecto a países vecinos- y los discursos y prácticas de parte de ciertas autoridades ecuatorianas. Algunos estudios y análisis recientes aseguran que existe un contraste entre la ley y la realidad (31),. y advierten, entre otras cosas: que existe una interpretación restrictiva de la ley del refugio por parte de los funcionarios encargados de determinar el estatuto de refugiado, así como abusos de poder de parte de autoridades de control frente a colombianos y colombianas en situación de refugio. De hecho, el interés del gobierno ecuatoriano frente al conflicto interno en Colombia se ha centrado principalmente en el tema de la seguridad nacional (narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas), por lo que las respuestas se han enfocado básicamente en el control migratorio y la militarización fronteriza. En esto, el gobierno ecuatoriano se ha alineado a la agenda de seguridad de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. En cambio, las consecuencias humanitarias del conflicto interno colombiano han recibido menor atención. 3.1 Control migratorio y militarización de fronteras Aunque el gobierno ecuatoriano no ha adoptado medidas extremas en contra de los refugiados colombianos, a diferencia de Venezuela o Panamá (devoluciones y retornos forzados), diversas medidas de control se han implementado paulatinamente, algunas de ellas centradas directamente en la restricción de ingreso y vigilancia de ciudadanos colombianos. Así, desde el año 2000, el gobierno ecuatoriano ha incrementado la presencia militar en las fronteras, pasando de 5.000 a 12.000 efectivos. Dos años después, en medio de un clima de inseguridad creado a nivel internacional por los atentados del 11 de septiembre, y bajo el argumento del incremento de la delincuencia en el país, se cerró parcialmente el puente internacional de Rumichaca y aumentaron los controles y deportaciones de extranjeros sin permisos laborales. En el 2003 y 2004, las medidas de seguridad y los discursos en contra de población extranjera (sobre todo colombianos y peruanos) se incrementaron. Por un lado, se dispuso que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas de control en las zonas fronterizas (32). Por otro lado, altas autoridades del país -entre ellos el presidente de la República, el alcalde de Guayaquil y el comandante general de la Policía Nacional- empezaron a difundir mensajes en los que responsabilizaron a los extranjeros asentados en Ecuador del incremento del desempleo, la inseguridad y la delincuencia en el país (33). Como señalamos anteriormente, la poca información existente contradice la relación que se tiende a hacer entre colombianos y delincuencia. Se podría decir que el fenómeno del refugio colombiano en Ecuador pasó de la invisibilización a una visibilización desde un enfoque de seguridad. Irónicamente, fue la detención del líder de las FARC, "Simón Trinidad", en enero de 2004, en Quito, lo que sacó a la luz pública un fenómeno que se venía dando desde el año 2000: la llegada masiva de colombianos y colombianas a Ecuador, en razón del conflicto interno en Colombia y la generalización de la violencia en ese país. A partir de ese hecho, se impusieron restricciones migratorias para ciudadanos colombianos y se extremaron las medidas de seguridad: se realizaron redadas y operativos sorpresa, sobre todo en las zonas fronterizas; se propuso pedir visa a ciudadanos colombianos (medida que no se dio porque desconoce acuerdos contraídos ante la Comunidad Andina de Naciones), y, finalmente, se exigió el récord policial (o pasado judicial) exclusivamente a extranjeros de origen colombiano que ingresen a Ecuador. Diversas organizaciones y personalidades de la sociedad civil ecuatoriana cuestionaron estas medidas (34). Aunque las políticas migratorias restrictivas no han logrado detener los flujos de población refugiada, de hecho y de derecho, los discursos que han acompañado estas medidas sí han conseguido crear un ambiente de creciente xenofobia, alentado por algunos medios de comunicación y autoridades ecuatorianas, e incluso por el presidente colombiano Álvaro Uribe, quien insiste en subrayar el riesgo que representan los "terroristas colombianos" para el Ecuador (35). Hay que señalar que ha sido justamente este ambiente de criminalización y estigmatización de la población colombiana en Ecuador, el que muchas veces ha justificado o tolerado prácticas abusivas en contra de este grupo. La desconfianza frente a los colombianos también ha dificultado el acceso de la población refugiada (independientemente de sus estatus jurídico) a puestos de trabajo (36). En este último año, los gobiernos de Ecuador y Colombia han puesto énfasis en la necesidad de buscar mecanismos que permitan el "retorno voluntario, digno y seguro" de los refugiados colombianos (37). Sin embargo, esta medida (una de las soluciones duraderas que propone ACNUR para la población refugiada) implica que deben existir al menos dos factores garantizados: en primer lugar, un retorno realmente voluntario significa que existen alternativas legales para quedarse en el país de asilo (Ecuador) y no que el retorno se produce porque no hay opciones de quedarse; por otro lado, un retorno seguro solo se garantiza si las condiciones de seguridad han mejorado en el país de origen (Colombia). En este caso, ninguno de estos dos factores están garantizados. Por un lado, en Colombia continúa la confrontación armada y la violencia sistemática contra la población civil, por parte de los actores armados colombianos, y no se vislumbran soluciones pacíficas y negociadas al conflicto interno. Por otro lado, en Ecuador preocupa la tendencia creciente a negar solicitudes de refugio presentadas por ciudadanos colombianos, así como la falta de una política clara y transparente de regularización de esta población (no solicitantes, solicitantes rechazados, inmigrantes irregulares) (38). El porcentaje de reconocimiento de solicitudes de refugio ha caído visiblemente en los últimos años, y no existe claridad sobre los criterios de elegibilidad que se utilizan para reconocer o negar una solicitud. Cabe preguntarse por qué en el año 2000 se reconocieron el 80% de las solicitudes de refugio, mientras que en el 2003 se reconocieron solo el 40%, cuando no han existido cambios significativos en el contexto de Colombia o Ecuador (39). 3.2 Los desafíos Al haber ratificado una serie de instrumentos internacionales que reconocen y protegen a los refugiados, el Ecuador tiene la responsabilidad de brindar una adecuada protección a la población que cruza la frontera en busca de refugio, velando por su seguridad y el respeto de sus derechos humanos. En este sentido, es indispensable que cualquier medida frente a la seguridad interna del país encuentre un balance apropiado con los principios de protección de los refugiados. De hecho, la coyuntura actual presenta especiales desafíos para Ecuador, que en los últimos meses ha asumido altísimas responsabilidades a nivel internacional, al presidir e integrar importantes instancias de protección de los derechos humanos.
-El 4 de octubre pasado, Ecuador (a través del jefe de la Misión Permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas y Organismos Internacionales con sede en Ginebra) asumió la presidencia del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El Comité está conformado por representantes de 61 Estados.
Notas
(31) Werner, A. y Cassel, A, (2002), Entre la ley y la realidad. La situación actual de los refugiados colombianos en el Ecuador, INREDH, Quito.
Datos y ficha bibliográfica
(*) Título original: "Refugiado/as colombiano/as en Ecuador:
Editor: Pablo A. de la Vega M.
Centro de Documentación en Derechos
Observatorio Control Interamericano
Diseño e Impresión: Nina Comunicaciones |
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