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La insignia
17 de julio del 2005


Irak

AI pide una investigación sobre la muerte
bajo custodia de nueve hombres


Amnistía Internacional, julio del 2005.



Amnistía Internacional ha escrito al ministro iraquí del Interior, Bayan Jaber Solagh, para pedir que se realice una investigación exhaustiva sobre la presunta tortura de un grupo de hombres detenidos por la policía iraquí el 10 de julio y sobre las circunstancias de la muerte por asfixia de nueve de ellos a los que se había recluido en un camión o un contenedor de la policía.

Los nueve hombres muertos formaban parte de un grupo de 12 que habían sido detenidos en el distrito de Al Amariya de Bagdad el 10 de julio. Las autoridades iraquíes han indicado que eran miembros de un grupo armado que había entablado un tiroteo con fuerzas iraquíes o estadounidenses, pero otras fuentes afirman que formaban parte de un grupo de albañiles a los que unos comandos de la policía se llevaron detenidos, al tomarlos por presuntos insurgentes, y torturaron brutalmente antes de tenerlos hasta 14 horas recluidos en un camión o un contenedor de la policía con temperaturas extremadamente altas. Según informes, el personal médico del hospital de Yarmouk de Bagdad, donde se llevaron los cadáveres el 11 de julio, ha confirmado que algunos de éstos presentaban señales de tortura, incluidas marcas de descargas eléctricas.

En su carta al gobierno iraquí, Amnistía Internacional ha manifestado que, cualquiera que fuera la condición de los hombres, no había justificación para el uso de la tortura ni para su reclusión en condiciones capaces de causarles la muerte por asfixia. La organización ha instado al gobierno a que investigue las presuntas torturas y las circunstancias de las muertes y ponga a disposición judicial a todo agente de policía o cualquier otro funcionario presuntamente responsable de cometer violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha instado también al gobierno a tomar medidas efectivas para impedir la tortura y garantizar que todo el personal policial y de seguridad tiene conocimiento de que deberá rendir cuentas si tortura a detenidos o comete otros abusos graves contra los derechos humanos.



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