Wilfredo Ardito Vega: Perú: Reflexiones peruanas: Majaz: La historia continúa

Algunos medios de comunicación y voceros del gobierno, insisten en que la confrontación social frente a la empresa Majaz, perteneciente a la inglesa Monterrico Metals, es parte de una “conspiración antiminera”. Plantear una posible conspiración es un mecanismo para evitar analizar las circunstancias concretas que existen en cada conflicto social. De hecho, las demandas concretas pueden ser muy distintas y el desarrollo de los conflictos varía. En muchos lugares, las demandas se centran en la solución de los daños ambientales, sin cuestionar la presencia de las empresas mineras. Los resultados pueden ser diferentes: mientras la comunidad de San Mateo, en la Carretera Central, ha llegado a un acuerdo positivo con el grupo Wiese, en Junín sigue impune la muerte de Efraín Arzapalo, presidente de la comunidad de Matacancha, asesinado por la policía el 27 de noviembre del 2003, mientras protestaba por la contaminación del Lago Chinchaycocha o Junín.

Los campesinos de Piura y Cajamarca son más tajantes en su rechazo a la introducción de nuevas actividades mineras, básicamente porque temen que su producción agrícola, cada vez más orientada a la agroexportación, termine irreversiblemente perjudicada. Me perdonarán los lectores de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio que ahora incurra en detalles obvios, pero debo señalar que los habitantes de esas zonas distan mucho de ser “indígenas en aislamiento” manipulables por el primer agente pastoral o promotor de ONG que pasa por allí. Hablan castellano, van a cabinas de internet, escuchan radio (o revisan las páginas web de las emisoras), se preocupan por las fluctuaciones globales del precio del café y muchos jóvenes viajan a estudiar en universidades de Piura, Chiclayo y Lima.

En estas zonas se han ido produciendo en los últimos 18 meses una serie de hechos que han causado un fuerte impacto negativo: el asesinato de Reemberto Herrera; la campaña de difamación hacia los líderes ecologistas y campesinos; la destrucción por una turba de la emisora ambientalista “La Poderosa” en Huancabamba; las denuncias penales por terrorismo contra sacerdotes y agentes pastorales; los ataques sistemáticos hacia los obispos de Piura y Chulucanas y la frecuente asociación del movimiento campesino con el narcotráfico. Es verdad que, producidas las protestas del año pasado, se instaló una mesa de diálogo, pero pretende convocar solamente a dos comunidades y no a toda la población afectada. Además, la presencia de la empresa no está entre los supuestos a discutir, por lo que los campesinos sienten que es inútil participar en el proceso.

La insistencia de la empresa y el Ministerio de Energía y Minas puede llevar a que los cuatro alcaldes provinciales opten por convocar a un referéndum, como el de Tambogrande, para que la población decida si debe darse actividad minera en su territorio. Después de todos los abusos cometidos por la policía durante esta semana, lo más probable es que el rechazo a la actividad minera se haya reafirmado. Otra posibilidad, aún más siniestra, sería que la empresa busque apuntalar candidatos propios para las elecciones municipales provinciales y distritales, como han hecho otras entidades poderosas en otros lugares del país. Sin embargo, esto sólo implicaría profundizar el conflicto social.

Resulta interesante que un argumento que se emplea para rechazar los argumentos de los campesinos es que se atentaría contra la seguridad jurídica. Se piensa de esta forma que sólo la empresa Majaz tiene derecho a la seguridad jurídica y no los propios campesinos.

Hace cuatro años el gobierno de Costa Rica optó por prohibir toda actividad minera de tajo abierto en su territorio; señaló que es imposible contar con formas fiables de evitar la contaminación, que se ponía en peligro el desarrollo ecoturístico del país y la estabilidad social. El proyecto de Majaz ha costado ya la muerte de dos campesinos, uno piurano y otro cajamarquino, mientras siguen escuchándose voces que plantean aún más represión en la zona. Hace poco, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos planteó: “La vida de cualquier peruano vale más que todos los intereses económicos que pudieran estar en juego.” ¿A qué precio se pretende llevar a cabo esta explotación minera?

Dada la forma en que se ha conducido la empresa hasta el momento, no existen las condiciones sociales para plantear seriamente que se puede llevar a cabo explotación minera en esta zona. Ya hace un año lo advirtieron los obispos de Piura, Chulucanas y Jaén, pero Monterrico Metals no parece dispuesta a escuchar a religiosos, alcaldes o campesinos.

Al margen

Hacemos llegar nuestra solidaridad a todas las personas que puedan haber sufrido violaciones a sus derechos fundamentales durante la confrontación social, así como a quienes se vieron injustamente acusados de promotores de la violencia: Oscar Cantuarias, arzobispo de Piura; Daniel Turley, obispo de Chulucanas; Francisco Muguiro, vicario de Jaén; Radio Cutivalú; Pier Paolo Marzo, integrante de la Defensoría del Pueblo, etc.

Se puede encontrar más información sobre el caso de Majaz en las RP mencionadas, la página de la Red Muqui o la de Factor Tierra. Quienes deseen los antecedentes podrán leer el artículo que escribí tras el asesinato de Reemberto Herrera, ¿Osos de Anteojos en la mira de paramilitares?, publicado en La Insignia en mayo del 2004.