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| 18 de septiembre del 2006 |
Sión y Pilar Mazzetti
Wilfredo Ardito Vega
El pasado 11 de septiembre, la localidad de Sión, en San Martín, parecía vivir los tiempos de la violencia política. La policía ocupó violentamente el poblado, arrojando bombas lacrimógenas y disparando perdigones, irrumpiendo en las viviendas y dejando como saldo más de treinta heridos, entre ellos un niño de ocho años, gravemente lesionado. Se trataba de un operativo de la CORAH (Control y Reducción de los Cultivos de Hoja de Coca en el Alto Huallaga). Cuando estos hechos fueron denunciados, la respuesta oficial fue que la policía había respondido un ataque de los cocaleros y que los menores heridos habían sido utilizados como escudos humanos por sus propios padres.
Afortunadamente, un vecino logró filmar el ataque al poblado. Ante la presentación del video, la ministra del Interior, Pilar Mazzetti, decidió dar por concluidas las funciones del coronel José Yale como jefe del CORAH y abrir una investigación para deslindar las responsabilidades. Además, sostuvo que "los pobladores no son nuestros enemigos, sino que muchas veces tienen que dedicarse a estos cultivos, porque no tienen otras alternativas". De esta forma, Mazzetti ha manifestado una diferencia radical respecto a los ministros del Interior del régimen de Toledo, tanto frente a su percepción del problema cocalero como sobre el uso excesivo de la fuerza. Recordemos por ejemplo a los campesinos puneños Nicolás Gonzáles, Florencio Quispe y Mauro Surco, abaleados por la espalda en San Gabán. Mientras un helicóptero trasladó a un policía herido hasta Juliaca, los campesinos fueron abandonados y fallecieron por la falta de atención médica. La versión de Javier Reátegui, entonces ministro del Interior, era que campesinos "narcoterroristas" y ebrios estaban atacando la central hidroeléctrica, aunque ésta se encontraba a 34 kilómetros del lugar de los hechos. Sin embargo, fue durante las dos gestiones de Fernando Rospigliosi cuando se cometieron los más graves abusos policiales contra la población, desde el asesinato del anciano Marcelino Sulca, en San Clemente, durante una protesta de campesinos algodoneros, hasta la muerte del rondero Reemberto Herrera en Huancabamba. En todos estos casos, Rospigliosi respaldó el accionar policial, denominando "cómplices de delincuentes" a las autoridades locales que denunciaban los hechos de violencia. Respecto a Herrera se informó que se había caído de un cerro estando borracho. Como en el caso de San Gabán, se busca presentar al campesino como un ser alcoholizado azuzado por fuerzas externas, que ni siquiera sabe por qué protesta. Rospigliosi sostenía además que los cocaleros deseaban "un país dominado por el narcotráfico y la violencia", olvidando que la mayoría se ve empujada a un cultivo ilegal debido a la pobreza que viven. Todavía muchos líderes recuerdan la violenta represión con que los recibió el ministro cuando vinieron a Lima en el año 2004. Sin embargo, los excesos policiales no se circunscriben a Reátegui o Rospigliosi: en los primeros meses de este año, mientras los medios de comunicación se concentraban en la campaña electoral, el estudiante Mario Vargas en Loreto, el campesino Guillermo Tolentino en Huaraz y el pescador tumbesino Zoilo Huertas, fallecieron también en operativos policiales. Curiosamente, Rómulo Pizarro, el ministro del Interior durante dicho período, ha sido nombrado presidente de DEVIDA, el organismo estatal a cargo de enfrentar el problema del narcotráfico. Con estos antecedentes resulta muy importante resaltar la actitud que ha mostrado la ministra Mazzetti frente a los conflictos sociales. Hace algunas semanas, cuando los habitantes de Combayo bloquearon la carretera que daba acceso a los yacimientos de Yanacocha, Mazzetti dispuso que la policía no abriera fuego y finalmente, el diálogo promovido por el primer ministro Jorge Del Castillo logró que se levantara la medida de fuerza. Quedan sin embargo por investigar las causas de la muerte del campesino Isidro Llanos, ignorándose aún si fue cometida por un vigilante de la empresa Forza, que brinda seguridad a Yanacocha o por un policía. En realidad, la ministra Mazzetti conoce los crueles efectos de una política represiva: cuando ella dirigía el Instituto Neurológico Oscar Trelles, estuvo internado varios meses allì Elmer Hilaita, uno de los estudiantes gravemente heridos debido a la acción militar en la Universidad del Altiplano el 29 de mayo del 2003. La doctora Mazzetti debió atender varias veces a los angustiados padres de Hilaita, quien nunca pudo recuperarse de una severa lesión neurológica. Al parecer, la situación será más favorable para el niño de Sión, también herido en la cabeza, quien ha sido trasladado desde el viernes a un hospital limeño. Mientras algunos sectores conservadores acusan a la ministra Mazzetti de blanda y temerosa y pretenden inclusive que renuncie, nosotros confiamos en cambio en que desde el Ministerio del Interior se mantenga una política que respete la vida humana y evite los excesos policiales.
Relación de muertes por uso excesivo de la fuerza Responsabilidad de las fuerzas policiales
Marcelino Sulca. San Clemente, Ica, 19 de febrero de 2002 Responsabilidad de las Fuerzas Armadas Edy Quilca, Puno, 29 de mayo de 2003 |
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