Arnaldo Pérez Guerra: El narcotráfico en Chile (II)

La venta de drogas en Iquique y Alto Hospicio es una realidad en gran parte de sus poblaciones. El microtráfico es visto como una actividad legítima para quienes no tienen oportunidades. La entienden como la única manera de ascender socialmente, de conseguir algo, aunque sea a costa de la cárcel o la muerte. Es dinero fácil, y eso ayuda a sortear los peligros, pero cómo fácil llega, fácil se va.

Los microtraficantes son marginales con problemas legales, sociales, de drogas o escolaridad. Un círculo vicioso del que es difícil salir. Margarita Rojas, vecina de El Boro, nos dice: "Dos de mis hijos están metidos en la droga. Es un gran sufrimiento para mi familia, un peso enorme. Roban y se drogan, están enfermos. Roban para comprar droga y se drogan para robar. Y así no pueden salir de esto. Nadie les quiere ayudar. La cárcel está llena de jóvenes que no pueden salir de la droga". Cristián Z., microtraficante, de Iquique, nos dice que vendo droga porque es más sencillo que trabajar. Gana tres o cuatro veces lo que ganaría trabajando de sol a sol: "Es peligroso, pero trabajamos con la 'yuta' (policía). Les damos su parte en droga o dinero, y no nos 'apuran' (molestan). Así es el negocio. Hay que salvarse". Marcelo V., microtraficante de Alto Hospicio, dice: "Yo no voy a trabajarle a nadie… Vendo droga y qué... Me gano mis 'moneas' y me fumo 'la parte'. Soy choro, y si tengo 'ficha' (antecedentes) en la 'pesca' (policía), nadie me va a dar pega. Acá la ficha me sirve. Si caigo 'en cana' (preso) 'tengo ropa' (amigos). Ni gueón pa' darle plata a los gueones trabajando por un sueldo".

El microtráfico es el último eslabón en la red de distribución de las bandas de narcos que utilizan a Iquique y Arica como vía de paso. Pero el tráfico, según la nueva legislación, no sólo ocurre cuando alguien vende o comercializa la droga, sino también cuando la traslada, distribuye gratuitamente o permuta. Las condenas pueden ir desde los 5 años y un día hasta los 15 años. El microtráfico tiene penas que van desde las multas, 541 días o 5 años. Cada vez es más frecuente que los detenidos sean menores de edad. Edith Arancibia es dirigenta de la toma Laguna Verde, en la periferia de Iquique. Allí viven, en los faldeos del cerro, más de 600 familias hace once años. Tienen luz, pero no alcantarillado. Han postulado al Serviu, sin resultados. Al centro de la toma campea el microtráfico y la drogadicción: "Hay mucha delincuencia asociada a los narcos. Es peligroso, cobran peaje y en la noche asaltan. En la población hay muchos niños y adolescentes.

Queremos vivir tranquilos pero las autoridades no toman en cuenta nuestras denuncias. Los narcos no respetan a los dirigentes de la toma. Carabineros hace rondas, pero el problema sigue. Se les ha dicho a la policía muchas veces lo que ocurre y no hay respuesta. Si detienen a alguien a la semana está otra vez vendiendo droga".

Para Julio Almanza, coordinador regional de Conace, el principal problema es que nos encontramos muy cerca de dos productores mundiales de drogas: Bolivia y Perú. "Nuestra región de alguna manera actúa como filtro para el resto del país", dice. Según la fiscal de Pozo Almonte, Tania Sironvalle, el problema social es enorme: "La ingesta de ovoides de droga, generalmente la realizan personas muy modestas y jóvenes. Las bandas se ganan su confianza prestándoles dinero o ayudando a sus familias". Pero los proveedores y financistas rara vez son detenidos. Con utilidades superiores a los 700 mil millones de dólares anuales, el narcotráfico se ubica entre los negocios más rentables del mundo. Los grandes carteles forman verdaderos ejércitos, estableciendo conexiones con empresarios, policías y jueces. El prefecto de Investigaciones Dantes Cifuentes, jefe de la Primera Región Policial, señala que Tarapacá es una puerta de entrada para la droga: "Necesitamos que más recursos para aumentar el control migratorio, combatir el microtráfico con la colaboración entre las policías y la comunidad, y la inteligencia policial". Alejandro Allende, dirigente vecinal de Alto Hospicio, señala que en Iquique los grandes traficantes no están en las cárceles: "La mayoría de los presos por drogas son microtraficantes. Es un problema social que ha estigmatizado a la región. Los operativos policiales atacan sólo el microtráfico. ¿Qué sacan con destinar más policías si no detienen a los empresarios de la droga que ingresan toneladas por Iquique y la frontera? Una ínfima parte ingresa con burreros y la policía deja el pasadizo abierto".

Una abrumadora mayoría de los reos de la cárcel de Iquique cumple condena por drogas. El director regional de Gendarmería, coronel Sergio Zapata, nos dice: "En Iquique hay 1.300 detenidos. La cárcel de Alto Hospicio tiene una capacidad de 1.679 internos. En Pozo Almonte hay unas 250 personas y en Arica 1.960 reos. Las estadísticas nos dicen que más casi un 70 por ciento corresponden a causas por tráfico de drogas. Eso implica tener que adoptar procedimientos distintos a los que se aplican en otros penales como registros y allanamientos, segregación de la población, etcétera. Tratamos con otro tipo de personas, de una criminalidad distinta. Además el promedio de edad no supera los 35 años".

Prósperos empresarios

Un reciente estudio de Conace señala que más de un 30 por ciento de los estudiantes declara haber sido objeto de ofrecimientos de marihuana en su colegio. Un 12 por ciento dice lo mismo sobre cocaína y pasta base. Un 35 por ciento reconoce que hay drogas al interior de sus escuelas y un 47 por ciento que ésta se encuentra fácilmente en los alrededores. Otro estudio relaciona comisión de delitos y consumo de drogas. Cifras que no disminuyen a pesar de programas estatales y millonarios recursos destinados a prevención. Según el Informe Mundial de Drogas 2005, presentado en Viena por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), un "5 por ciento" de la población mundial consume drogas. Y la cifra va en aumento.

La Reforma Procesal Penal se está jugando su prueba de fuego en el asunto de la droga. El Servicio Médico Legal (SML) simplemente no da abasto para el cúmulo de denuncias y peritajes. A eso se suman deficiencias en la certificación de sustancias incautadas, las que deben ser entregadas por el Servicio de Salud correspondiente a través del Instituto de Salud Pública (ISP). La propia fiscalía de Tarapacá advirtió hace unos meses que en unas 40 causas por narcotráfico se sobreseerían debido a que el ISP "no envió los informes requeridos en los plazos legales correspondientes". En el ISP dicen que no hay recursos ni personal para suplir la demanda de informes y peritajes. El gobierno se pronunció anunciando a través del Ministerio de Justicia más dineros. Pero Claudio Roe, Fiscal Regional de Iquique, reconoció a La Estrella de Iquique que "las soluciones de parche no sirven. Todos los días se siguen viendo nuevas causas y más incautaciones. Si el gobierno no interviene el sistema colapsará". Mientras los recursos para combatir el narcotráfico son insuficientes, el tráfico aumenta. Se amparan en el modelo económico que permite, incluso, que se erijan prósperos empresarios ligados a la droga. El 2001, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) inició la "Operación Icaro". El empresario Fernando Zevallos fue acusado de lavar dinero del narcotráfico. Dueño de la línea aérea Aerocontinente, operó en Chile por varios años. Acá se le dejó ir, pero fue condenado en Perú junto a la banda "Los Norteños". Se comprobó que Zevallos recibió un millón y medio de dólares para adquirir un avión y enviar droga en los vuelos de la aerolínea, entre 1992 y 1995, a México, Estados Unidos y Europa.

No es el único caso. La "Operación Océano", iniciada en 1998, desbarató a la banda liderada por los empresarios navieros Manuel Losada y Luis Bustos. Se les acusó de asociación ilícita para el tráfico de drogas y lavado de dinero. Luego de la captura del naviero mercante Harbour por guardacostas de Estados Unidos en 1992, en las cercanías de la base de Guantánamo, comenzaron las sospechas en su contra. Ambos empresarios poseían vinculaciones con el Cartel de Cali. Harbour llevaba a bordo 5 toneladas de cocaína colombiana.

Quizás el caso más pintoresco sea el de Mario Silva Leiva, el famoso "Cabro Carrera", y sus cómplices. En abril de 1997, el CDE presentó una querella por narcotráfico, lavado de dinero y asociación ilícita. Silva Leiva era el jefe de una banda que transaba droga en Bolivia y la embarcaba en Brasil rumbo a Europa. Tenía varios negocios en Iquique, y estaba construyendo un hotel de lujo. Como "capo" chileno contaba con sui generis red de protección que incluía a policías y altos funcionarios judiciales. Sus bienes incautados se tasaron en más de 40 millones de dólares.

Michel Diban, ex abogado del CDE y del Conace asegura que el problema del narcotráfico cuesta a nuestro país alrededor de 54 mil millones de dólares anuales. El CDE ha incautado sólo 33 millones de dólares, desde 1997, en las operaciones para desbaratar a las cinco grandes organizaciones: "Ana Frank" (Mario Silva Leiva), "Océano" (encabezada por el empresario Manuel Losada), "Frontera 2000" (venta de precursores desde Chile a Bolivia), "Icaro" (Lupe y Fernando Zevallos) y "Paraíso Amancay" (Familia Guzmán Avila), pero muchos de los bienes incautados simplemente se pierden o quedan olvidados en las bodegas de tribunales.

Cada cierto tiempo, algún jefe policial es exonerado por vinculaciones non santas. Entre julio de 1996 y julio de 1997, la Policía de Investigaciones debió exonerar a más de 120 agentes. En diciembre de 1995 se denunció una red de tráfico de drogas en el Congreso, que incluía a funcionarios policiales, y a mediados de 1996 se descubrió en San Antonio, en un mercante de la empresa "Gran Colombia", 478 kilos de cocaína a cargo de siete personas, entre ellas el ex secretario de la embajada de Colombia en Chile, Alberto Botero.

Aunque en Chile el debate recién comienza, la experiencia internacional indica que la despenalización parece ser el único modo eficaz de combatir realmente el narcotráfico y sus consecuencias. Holanda es pionera en la despenalización de las drogas blandas. Según organismos internacionales de salud como la OMS, quienes fallecen por consumo de alcohol y tabaco superan en más de un mil por ciento a quienes lo hacen por drogas ilegales. Y nadie en su sano juicio piensa en prohibir el alcohol o el tabaco. Es evidente que existe una doble moral. Mientras nuestro país siga siendo un paraíso para el lavado y un puerto y punto de embarque para mercados internacionales, los problemas sociales asociados al narcotráfico seguirán profundizándose. Es un hecho: la droga llegó hace mucho tiempo para quedarse.

Fotografías

1. Coronel Juan Villegas Alcántara, prefecto de Carabineros de Iquique. 2. Más del 70 por ciento de los 1.300 reos de la cárcel de Iquique cumple condena por drogas. El promedio de edad no supera los 35 años. 3. Alejandro Allende, dirigente vecinal de Alto Hospicio: "¿Qué sacan con destinar más policías si no detienen a los empresarios de la droga que ingresan toneladas. La policía deja el pasadizo abierto.