Humberto Campodónico: Bolivia: El transfondo de la nacionalización de los hidrocarburos (I)

No está en discusión la medida de nacionalización del petróleo y del gas en Bolivia. No sólo porque es una decisión soberana, sino también porque así lo dispuso el voto popular en el referéndum del 2004. La segunda pregunta ("¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?") tuvo 1.913.642 votos a favor, el 92,2% de los votos válidos.

El pueblo votó así, entre otras razones, porque estaba plenamente probado que los principales campos de gas, San Alberto y San Antonio, fueron descubiertos en los 80 por la estatal petrolera YPFB (www.cristaldemira.com, 23/2/2006). La política de Sánchez de Losada de reducir las regalías de estos campos del 50 al 18% (Ley 1689 de 1996) se consideró una entrega de los recursos naturales. Es decir, un despojo. Todo a consecuencia de la política procapital extranjero de dicho gobierno, que también privatizó YPFB y concedió precios baratos para la exportación del gas.

La Ley 3058 de mayo del 2005 (consecuencia del referéndum) estableció un nuevo impuesto del 32% (llevando de nuevo la participación del Estado al 50%) y dio un plazo de 180 días (diciembre 2005) para la recuperación. Ese plazo no se cumplió y le tocó esta tarea al nuevo gobierno de Evo Morales, ya en el 2006. Bolivia (y todo el mundo) sabía que el gobierno tenía que cumplir con lo establecido en el Art. 5 de la Ley 3058, para lo cual planteó nuevos términos a las empresas.

Sin embargo, el decreto del 1 de mayo de nacionalización de los hidrocarburos fue sorpresivo; por un lado, no se había anunciado (se sabía que el 1 de mayo se anunciaría el aumento del salario mínimo) y, por otro, se hizo con una intervención militar en los pozos. ¿Por qué?

Las interpretaciones abundan. Algunos afirman que si bien hubo acuerdo con buena parte de las empresas (las negociaciones son individuales), no sucedió lo mismo con la estatal Petrobras, que tiene una participación preponderante en la industria petrolera del país. El gobierno habría planteado impuestos y regalías por 82%, con el 18% restante para Petrobras, pero ésta habría pedido 70% para el Estado y 30% para la empresa.

El impasse con las petroleras, la caída de la popularidad de Evo Morales del 80 al 68% a fines de abril (sólo 50% en Santa Cruz) y la cercanía de las elecciones de julio para la Asamblea Constituyente habrían sido las causas del "adelanto sorpresa" del decreto.

Por otra parte, el hecho de que los militares hayan tomado las instalaciones les confiere un papel activo en la actual política, lo que levanta su imagen después del "affaire misiles" (una buena cantidad de la cúpula militar fue purgada por el gobierno de Morales por la entrega a EEUU de misiles comprados a China). Hay más: se afirma que los militares (incluidos los que apoyaron a dictaduras anteriores) siempre criticaron las políticas económicas neoliberales de Sánchez de Losada.

Pero también hay "razones de Estado": los militares (que en todas partes se creen "garantes de la unidad nacional") ven con preocupación los planteamientos autonómicos, desde siempre impulsados por Santa Cruz, y que ahora son un punto central de agenda de la Constituyente.

La firmeza y contundencia con que se venía preparando el Paro General de Santa Cruz, anunciado para ayer 4 de mayo, también habrían podido contribuir a la decisión de Morales y de los militares. ¿Cómo hacer un paro justo cuando todo el país aplaude el decreto de nacionalización de los hidrocarburos? ¿Está Santa Cruz contra la voluntad de la mayoría de la población? Sea lo que fuere, el hecho es que el Paro General de Santa Cruz fue suspendido el 3 de mayo.

(Continuará)