Wilfredo Ardito Vega: Perú: Discriminación en los servicios turísticos

Hace unos meses, al llegar a Písac en el Valle Sagrado, quise cambiar un billete de 100 soles y el único lugar que ofrecía este servicio era el albergue Samana Wasi (casa de descanso). Delante mío había una docena de franceses, a quienes el encargado entregaba fajos de billetes de 10 y 20 soles por sus euros o dólares. Cuando tocó mi turno, me miró con severidad y me dijo:

-Si quieres, te cambio tu billete, pero te cobro una comisión.
-¿Por qué?
-Porque aquí trabajamos para los turistas.
-Yo también soy turista.
-¡Mentiroso, tú eres guía! - me dijo desdeñoso y pasó a atender a otros extranjeros.

Indignado, pasé al hospedaje que había reservado, el Hostal Písac y la chica que atendía primero dudó que yo fuera la persona cuyo nombre estaba escrito y luego exigió que pagara por adelantado, demostrando siempre desagrado por mi presencia. Súbitamente su rostro hostil se iluminó, como el de un anacoreta ante una aparición: habían ingresado dos turistas extranjeros y empezó a atenderlos sumisa y sonriente.

-Qué amable eres con ellos, ¿no? -le dije y me marché, disgustado por ser maltratado sucesivamente en mi propio país.

La mala experiencia de las congresistas María Sumire e Hilaria Supa (RP 105) ante el mostrador de Iberia, refleja el racismo existente en la infraestructura destinada al turismo. Desde los "pubs" del Cuzco hasta las discotecas miraflorinas, desde las playas de Zorritos hasta uno que otro restaurante en Puno, mozos, empleadas de aerolíneas o porteros de hoteles asumen que "el turista" tiene rasgos nórdicos y, a veces, orientales, y cuando llega un cliente peruano es percibido con sospecha o abiertamente discriminado. Para mantener alejados a los indeseables connacionales y a los similares latinoamericanos, algunos establecimientos difunden sus servicios solamente en inglés.

Por ello, si bien Paola Bolívar, Antonella Gonzales y Roxanna Sevilla, las empleadas de Iberia que atendieron a las congresistas, deben asumir su responsabilidad legal, sería un error reaccionar como si ellas fueran las únicas personas racistas del Perú. Es peligroso también explicar el racismo por el carácter extranjero de una empresa: la abrumadora mayoría de prácticas racistas en nuestro país son cometidas por peruanos hacia peruanos.

A nuestro entender, más que calificar a Iberia como una empresa racista, debe precisarse que su responsabilidad está en carecer de una política para enfrentar el racismo de sus empleados peruanos y esta política sería esencial para cualquiera que desee realizar negocios en nuestro país, más aún para quien presta servicios a un público tan multirracial como el que aborda los aviones hacia España.

Un problema añadido que los permanentes incidentes discriminatorios revelan es la ineficiencia de las instituciones públicas que deberían enfrentarlos. En el caso de Samana Wasi, el procedimiento ante Prom-Perú fue inútil: no encontraron ningún establecimiento registrado con ese nombre, a pesar que aparece en todas las guías turísticas y está en plena plaza de armas de Písac.

En cuanto a Indecopi, el ciudadano que intenta denunciar un caso de discriminación deberán afrentar numerosas dificultades. En primer lugar, debe pagar una tasa para iniciar el procedimiento, lo cual es injusto y disuasivo. En segundo lugar, la Ley 27049 dispone que pruebe que fue discriminado, lo cual es sumamente difícil. Si al final hay una multa para el establecimiento infractor, ésta incrementa los ingresos fiscales y el denunciante no recibe ninguna indemnización.

Además, algunos funcionarios de Indecopi presentan un servicio tan deficiente como el que muestra la caricatura de Perú 21 o son francamente hostiles hacia quienes osan presentar un reclamo. En este contexto es muy preocupante que Jaime Thorne, el nuevo presidente de Indecopi señale que la institución será aún "menos intervencionista", poniéndose a tono con las tendencias neoliberales que se han apoderado de este gobierno.

Están pendientes, por lo tanto, al menos cuatro modificaciones para evitar que las prácticas discriminatorias continúen: las reclamaciones deben ser gratuitas, la investigación de los hechos debe corresponder a Indecopi, los funcionarios encargados requieren un mayor compromiso y, en caso de disponerse una multa, al menos un porcentaje de ésta debería pasar al agraviado. Una sanción eficaz sería también suspender temporalmente la atención de los establecimientos infractores.

Finalmente, es fundamental que la Ley 28867 sea aplicada por el Ministerio Público y el Poder Judicial. El temor a la prisión puede generar un cambio en la conducta de propietarios de restaurantes, hoteles o discotecas racistas.

Si no se afrenta seriamente la discriminación en los servicios turísticos, es preferible que el gobierno deje de establecer feriados largos con el argumento de promover el turismo interno, porque pretender conocer el Perú puede generar muchas experiencias desagradables a los peruanos.