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| 10 de agosto del 2006 |
El programa real (I)
La Insignia. España, agosto del 2006.
Pero hay un profundo abismo
entre el rico y el obrero no comparten gallinero el zorro y la comadreja. Si los muertos no se quejan, por algo es que se murieron. -Alfredo Zitarrosa- En lo que llevamos de año se han producido en España tres reformas supuestamente de gran calado: la reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones. Todas ellas tienen un contenido común: se han hecho para aumentar el margen de beneficios neto de las empresas. Mediante la reforma laboral, se ha reducido el coste de contratación y el coste de despido de la mano de obra; mediante la reforma fiscal, se ha reducido el tipo del impuesto de sociedades, que pasa de ser uno de los más elevados de la Unión Europea a ser uno de los más reducidos. Mediante la reforma del sistema de pensiones, se endurecen las condiciones de acceso al sistema de prestaciones, y se compensa con un tiempo más largo de cotización por parte de los trabajadores la reducción de la recaudación fiscal procedente de los beneficios. Todo esto más o menos lo intuye el personal, que una vez más, y como consecuencia de su bajo umbral para soportar el dolor de pensar, mira hacia otro lado, para evitar afrontar la realidad. Pero como los lectores de La Insignia son los dignos sucesores de los de la extinta revista La Codorniz ("la revista más audaz, para el lector más inteligente"), aquí vamos a indagar en el texto y el contexto de estas medidas, para concluir que estamos ante el programa real de gobierno del PSOE. Un programa saludado con entusiasmo por la CEOE y con indiferencia y desconocimiento por parte de los sindicatos y de los trabajadores en general. Los orígenes Todas y cada una de las reformas llevadas a cabo en este año, en su orientación general y en sus principales contenidos, coinciden ciertamente con las propuestas de la patronal CEOE, pero más aun, con el texto del Programa Nacional de Reformas (PNR), que como señala el gobierno en la presentación "constituye la referencia fundamental de la política económica del Gobierno a medio plazo." Vayamos por partes: como se sabe, el PSOE llegó al gobierno central del Estado en unas circunstancias imprevistas; por lo tanto, sin una idea clara de cuál tenía que ser la acción de gobierno. Tras año y medio de gestión, ha podido articular un programa de política económica, de la mano de la Unión Europea y su propuesta de reformas, para hacer efectiva la Agenda de Lisboa. Esta fue la constatación llevada a cabo por los jefes de gobierno de la UE, en el año 2000, de que la Unión Europea estaba inmersa en un proceso de competencia feroz con Estados Unidos. La Agenda pretendía mejorar la posición competitiva de la UE, superando a EEUU en el terreno estratégico de la tecnología y el conocimiento, logrando por este medio mayores tasas de crecimiento económico y de creación de empleo. Al margen de la más que dudosa relación que pueda haber entre el crecimiento del empleo y la inversión en tecnología, la constatación evidente de la rivalidad entre las dos potencias del Atlántico norte no se tradujo sin embargo en un programa de actuaciones coherente, y la Agenda de Lisboa fracasó en su objetivo de convertir a Europa occidental en el líder del conocimiento mundial, en medio de un estancamiento económico en los principales países de la Unión, en particular Alemania. En lugar de sacar la consecuencia lógica -pero políticamente incompatible con la estrategia el gran capital- de que el crecimiento económico acelerado y la restricción fiscal son incompatibles en un contexto de elevado desempleo, o dicho de otro modo, que en el terreno de la política económica el fracaso deriva del Pacto de Estabilidad comunitario, los gobiernos decidieron revisar la Agenda de Lisboa en 2003 y lanzar dos años después una Agenda de Lisboa renovada, que consiste esencialmente en darle una nueva vuelta de tuerca a la lógica neoliberal, y promover mayor desregulación y precariedad laboral, reducción del papel de lo público en el proceso de acumulación y reorientación de los magros recursos comunitarios, desde la producción material (agrícola) hacia la producción inmaterial (I+D). Y es en este carro que el gobierno español decide enganchar su carreta de medidas de política económica. Primera constatación por tanto: la dependencia intelectual del gobierno se concreta en que su programa económico es la consecuencia de trasladar al contexto nacional las directrices de la Comisión Europea. Se podría argumentar que puesto que España es miembro de la UE, es corresponsable de dichas directrices, negando así la tesis de la dependencia orgánica. Sin embargo, la capacidad de influencia de España en la UE es directamente proporcional al peso de las multinacionales españolas, por tanto muy reducido, y en consecuencia, las nuevas orientaciones estratégicas de la comunidad derivan del enfrentamiento y pacto de intereses entre los principales representantes del capital europeo (Gran Bretaña, Francia, Alemania y Holanda). El diagnóstico El PNR se estructura en cuatro partes: diagnóstico, objetivos, medidas y evaluación y seguimiento, y se inicia con una declaración de fe: "el gobierno comparte plenamente la nueva concentración de objetivos de la Estrategia de Lisboa. ¿Qué persigue la Estrategia de Lisboa? Aumentar las tasas de crecimiento y crear más empleo. Para ello, se plantea el siguiente conjunto de "acciones clave" (en "Acciones comunes para el crecimiento y el empleo: el programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa", Bruselas, 20.7.2005 COM(2005) 330 final, p.4):
"- el fomento del conocimiento y la innovación en Europa, Estas medidas están redactadas en la jerga tecnocrática al uso. Dicho con palabras más normales y precisas, significan que la UE pretende lograr tasas de crecimiento económico del 3-4% al año, y crear 18,9 millones de empleos (resultado de pasar en la UE25 de la tasa de ocupación actual del 63,8% al objetivo del 70% en 2010), mediante:
- un aumento en la inversión pública en I+D, especialmente en forma de ayudas a las empresas, Y con este programa inane, el gobierno del PSOE está de acuerdo. Pero no solo eso, sino que constituye el faro y guía de su programa de gobierno. El programa comienza señalando que la economía española crece y crea empleos a una tasa superior a la media de la UE. Pero -y este sería según el PNR el gran problema de la economía española-, la "productividad" evoluciona peor que en el conjunto de la UE. El diagnóstico estima que esta evolución se debe al "inesperado fenómeno emigratorio" que ha provocado el incremento demográfico más intenso del último siglo: "Según los datos del INE, desde 1900 a 2000, el máximo crecimiento entre dos censos se había alcanzado en el periodo 1960-1970, con un crecimiento interanual promedio del 1%. Sin embargo, a partir de 2000, todos los años la tasa de aumento de la población ha superado ese 1%, alcanzando en el año 2003 un máximo del 2,1%." (PNR, p.14). Como esa población es mayoritariamente fuerza de trabajo, el PSOE deriva que la inmigración es la causa más importante del crecimiento económico: "En lo que se refiere a la convergencia real, el crecimiento de la población asociado al fenómeno inmigratorio (...) eleva el PIB y la renta nacional". (PNR, p.16). El problema de la economía española, según el PSOE, es que el aumento de la ocupación vinculado a la inmigración se traduce en un uso extensivo de la fuerza de trabajo, que no se traduce en un aumento de la productividad, sino en todo lo contrario: al "percibir unos salarios inferiores a los de los trabajadores nacionales, abaratando el coste relativo del trabajo e induciendo la sustitución de capital." (PNR, p.23). De modo que, según el PSOE, los inmigrantes, -que como sabemos se concentran en la agricultura, construcción y servicio doméstico-, serían responsables de que sus patronos compren menos tractores, menos encofradoras y menos lavadoras, y a causa de eso, la relación capital-trabajo estaría disminuyendo en España, y la productividad no mejoraría. El absurdo diagnóstico les lleva al final a afirmar que el efecto de la inmigración sobre la productividad es en realidad ambiguo porque, por otro lado, como la fuerza de trabajo inmigrante es "más flexible" que la doméstica, favorece la adopción de nuevas tecnologías -es decir, el uso de capital-, "elevando la productividad de los factores y, por lo tanto, la productividad" (PNR, p.23). O sea, que ya lo saben: la inmigración produce, al mismo tiempo, un aumento y una disminución en la composición técnica de la producción, eleva la productividad al mismo tiempo que la reduce. En este vaivén, no se sabe si la productividad finalmente sube, baja o se da vuelta de cabeza; lo único que está claro es que se reducen los salarios relativos de los trabajadores inmigrantes. Este diagnóstico no sólo se da de patadas con los datos estadísticos, que muestran un importante crecimiento de la composición orgánica del capital en la industria (vale decir, de la relación capital-trabajo), sino que además refleja las dificultades de los ideólogos del gobierno para definir que es eso de la "productividad del trabajo" que en otro momento definen como "la eficiencia con que se utiliza ese factor productivo" (PNR, p.18). La productividad tiene un sentido real cuando se refiere a la relación en el tiempo entre el esfuerzo (unidades de trabajo) y el producto en volumen (unidades de mercancía). La productividad aumenta si dedicando el mismo esfuerzo, se obtiene un volumen mayor de producto. El capitalismo es un sistema que se caracteriza por generar un permanente aumento de la productividad, constatable históricamente. El problema aparece cuando se quiere "medir" la evolución de la productividad, porque las estadísticas capitalistas recogen la producción medida por su valor-precio, no por su volumen. La evolución de la productividad física del trabajo es una relación simple en el tiempo entre las horas empleadas (denominador) en generar un determinado volumen de producto (numerador) en dos momentos distintos (por ejemplo dos años). Pero al querer calcular dicha variación en términos monetarios, la cosa se complica, porque el valor-precio de las mercancías (numerador) va a variar dependiendo del salario que se pague a la fuerza de trabajo (denominador). Por ejemplo, un camarero en Berlín y otro en Madrid son capaces de servir 100 cervezas en una hora, y en ambos bares la cerveza tiene el mismo precio de venta al público. Ambos trabajan las mismas horas al mes. Pero el de Berlín cobra 2.000 euros mensuales, y el madrileño solo 1.000. Por lo tanto, la contribución al valor añadido (numerador de la productividad en valor) del primero será el doble que la del segundo. Si el madrileño aumenta su productividad sirviendo 150 cervezas por hora, el dueño del bar le modifica el contrato por uno a tiempo parcial, de ¾ de tiempo, y le baja el salario a 800 euros. En ese caso, su contribución a la productividad en valor-precio de la economía española habrá descendido. Los salarios en España, gracias a los esfuerzos sindicales, están estancados desde hace varios años. Y en algunos sectores están descendiendo, por el aumento de la oferta de fuerza de trabajo inmigrante. El resultado es que el aumento del valor añadido crece más despacio que el empleo, y la productividad-precio global de la economía española deja de crecer, por muchos ladrillos que pongan los obreros de la construcción en un día, o por mucho que aumente el ritmo de trabajo en la cadena de montaje de la Volkswagen de Pamplona. El concepto de productividad que se maneja usualmente es aun más disparatado cuando se quiere demostrar que el "factor capital" contribuye también al aumento de la productividad. Ese factor no es otra cosa que las máquinas, y como sabe cualquiera que haya trabajado con un martillo o con una máquina de coser, mientras se trabaja con la misma máquina, el aumento en el volumen de producción deriva exclusivamente del cambio en los ritmos de trabajo. Las máquinas lo único que pueden hacer es permitir trabajar con más intensidad y rapidez a la fuerza de trabajo para generar más producción en menos tiempo. Solamente cuando se cambian las máquinas, se puede decir con cierto sentido que la nueva maquinaria mejora la productividad del trabajo sin aumentar el esfuerzo o gasto de tiempo de trabajo directo. Sin embargo, para calcular la contribución del capital, se utiliza de nuevo un indicador estadístico que mide la inversión bruta en capital fijo. Esta inversión no es solo en maquinaria, sino también en infraestructura, edificaciones etc., que solo muy tangencialmente puede afirmarse que aumentan la productividad inmediata. Y tampoco mide la maquinaria nueva, sino también la reposición de maquinaria desgastada. En fin; lejos de ser una aproximación, la denominada "productividad total de los factores" es una forma de esconder el hecho de que solo la contribución del trabajo, el esfuerzo de los hombre en el proceso de producción, mejora la productividad real. Pretender por tanto que la remuneración de los trabajadores dependa de algo tan ambiguo como la productividad, es una invitación a limitar aun más la capacidad de maniobra del colectivo laboral sobre su participación en la distribución del valor añadido, otorgando mayor poder discrecional al capital -al de verdad, no a las máquinas- en el reparto de la tarta. Que sea esta una de las propuestas estrella del Programa Nacional de Reformas, nos dice más del color del cristal con el que miran los economistas del PSOE que de su capacidad analítica o teórica. El diagnóstico del PNR sale del empantanamiento en que le ha sumido su análisis de la productividad para sobrevolar la realidad del boom inmobiliario, vinculándolo a la demanda de las familias como consecuencia de los mayores ingreso debidos al aumento del empleo y la reducción de los tipos de interés, para decir que "no está claro" que haya un proceso especulativo en el sector de la vivienda. El déficit del comercio exterior refleja el deterioro de la actividad industrial española. En 2005 España solamente fue superavitaria (exportó más de lo que importó) en frutas y verduras, bebidas, carne, grasas y aceites, productos cerámicos, cal, neumáticos, colorantes, material de transporte ferroviario y automóviles, tejidos y calzado. En todo lo demás, la industria española ha sido incapaz de abastecer el mercado interior. El único sector con superávit es el de alimentos, aunque este fue de 1.417,5 millones de euros en 2004, y tan solo de 360,8 millones en 2005 (datos de la Secretaria de Estado de turismo y comercio). Sin embargo, en el Programa se le resta importancia a esta situación, señalando que en el actual contexto de la UEM, nuestro déficit exterior no tiene problemas de financiación y no se traducirá en ajustes bruscos como en el pasado." (PNR, p.28) y que por otro lado "la competitividad no se ha deteriorado significativamente" (PNR, p. 29). Es significativo que el análisis que realiza el gobierno del déficit comercial es meramente monetario: la moneda de pago, los términos de intercambio o los niveles relativos de inflación para medir la evolución de la denominada "competitividad". Pocos ejemplos tan claros del enfoque reduccionista de la economía neoliberal, incapaz de entender los condicionamientos históricos, sociales y estructurales de los procesos económicos, en este caso el comercio exterior. El diagnóstico inmobiliario y comercial da pie para volver al ataque: si el comercio exterior no chuta, es por culpa del "insuficiente avance de la productividad" (PNR, p.31). Y de esta afirmación, solo hay un paso a argumentar que la productividad es la clave para conseguir la convergencia real con la UE -es decir, al convergencia en nivel de renta por habitante-, y cuyo aumento parece depender según el gobierno (PNR, pp.34-45) de:
a) invertir en infraestructuras; En opinión del PSOE y de su gobierno, la productividad aumentará si se desregula más el mercado de trabajo, y si la evolución de los salarios pasan a depender precisamente de la productividad, en una relación causal que como se ha señalado no tiene ni pies ni cabeza. Por otro lado, el programa no saca la consecuencias obvias de la propia información que maneja; por ejemplo, con los datos que se aporta, se ve con claridad que la reducción en las infraestructuras per capita respecto a la UE obedece ¡a la caída de la inversión pública! Pero reconocer esta conclusión pondría en cuestión el dogma neoliberal que ya se había respetado al señalar que la aplicación del programa no supondría ningún incremento del peso en el sector público en la economía (PNR p.12).
En fin, no vamos a detenernos más es este alucinado diagnóstico. Pero es preocupante que las organizaciones sindicales, que por lo visto tuvieron conocimiento del borrador del programa, no hayan sido capaces de realizar ninguna crítica de fondo al mismo, ni general ni puntual, en un claro síntoma de descomposición de la praxis de las cúpulas dirigentes del movimiento sindical, y por extensión, del movimiento obrero español. |
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