Luis Peraza Parga: Con la iglesia hemos topado

La fiscal del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, Carla del Ponte, encargada de investigar la autoría de los crímenes contra la humanidad cometidos en los Balcanes durante la década de 1990, es una mujer esencialmente valiente. A diferencia de tantos diplomáticos que pululan por los diferentes ámbitos internacionales, no tiene la obligación de ser ni diplomática ni políticamente correcta, ni en su lenguaje ni en el fondo de sus palabras. Sus discursos son un derroche de verdad que duele, llama a las cosas por su nombre y no se deja engañar con buenas y bellas palabras.

Hace unos meses, Del Ponte se negó a celebrar el décimo aniversario de la luctuosa barbarie de Srebrenika (ocho mil musulmanes asesinados en el verano de 1995) porque sus autores intelectuales, sobre los que pesan órdenes internacionales de búsqueda y captura, siguen libres al amparo de las naciones surgidas del desmembramiento de la antigua Yugoslavia, que todavía los consideran héroes. Algo se está haciendo mal en la reconstrucción de los Balcanes cuando las autoridades y parte de la ciudadanía de los nuevos países siguen atribuyendo características heroicas a auténticos y sanguinarios asesinos de miles de personas.

Los discursos de la fiscal destilan un gran sentido del humor, necesario para una labor tan difícil y desagradable. Recientemente se lamentaba de que el Consejo de Seguridad no hubiera convencido a Harry Potter para unirse a su fiscalía, única forma de conseguir que Karadzic y Mladic comparezcan en Scheveningen (léase La Haya, sede de la Corte). Del Ponte considera que la clave de la estabilización del sudeste de Europa se encuentra en la verdad, la justicia y la reconciliación, cuyo requisito básico es el reconocimiento sincero de los crímenes cometidos por cada nación y la entrega subsiguiente de sus autores intelectuales y materiales. En tales circunstancias, la presión internacional a los estados balcánicos es muy importante, y la de la Unión Europea, esencial. Sin embargo, un nuevo e insospechado personaje ha irrumpido en el escenario de la reconciliación balcánica: la iglesia católica croata y su superior, la Santa Sede.

Para la fiscal, existen pruebas irrefutables que demuestran que el general Gotovina, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad, ha encontrado refugio en un monasterio franciscano católico de Croacia. La figura del asilo en la iglesia católica, de carácter eminentemente medieval, se utiliza ahora para eludir la acción de la justicia internacional e incumple, cuando menos, una de las cláusulas de exclusión de la convención sobre el refugiado de Ginebra de 1951: autores de delitos contra la paz, la guerra y contra la humanidad o de actos contrarios a los principios y finalidades de Naciones Unidas.

La orden franciscana no es un estado, pero El Vaticano lo es y está obligado moralmente, aunque no pertenezca a Naciones Unidas, a cooperar para que todos los criminales internacionales sean entregados a la Justicia cuando la orden procede de una decisión de la comunidad internacional. Se crea o no se crea en la vida después de la muerte, definitivamente la justicia es y debe ser de este mundo.