Wilson Hernández Breña: Perú: Presupuesto judicial duplicado, reforma disminuida

Casi el doble. Eso es lo que el poder judicial se ha planteado como presupuesto para el próximo año. En efecto, los 1167 millones de nuevos soles que presentó como propuesta de presupuesto al ministerio de Economía y Finanzas para el 2006 superan largamente los 635 millones de nuevos soles que recibirán como asignación para este año.

Evidentemente, este pedido complejizará la situación fiscal del presupuesto público para el 2006 y afectará a la baja el presupuesto del resto de instituciones, pues -recordemos- que el Tribunal Constitucional determinó que es competencia del Poder Judicial presentar su proyecto de presupuesto al Ejecutivo, sin que este último lo modifique, para su posterior sustentación ante el Congreso. Junto a ello, además, el Tribunal Constitucional formuló dos exhortaciones orientadas a que el poder judicial elabore una política judicial (guía de su accionar y sustento técnico para la aprobación de su presupuesto en el Congreso) y a que los padres de la patria dicten una ley de coordinación entre el Ejecutivo y el Judicial en cuanto al presupuesto de este último. A la fecha, no se ha concretado nada en estos dos importantes temas que precisamente se formularon con el fin de brindar equilibrio al fallo del Tribunal Constitucional. Esta dejadez es causa de lo abultado de la propuesta económica del Judicial. ¿Ante quién responderán ambos poderes por el desbarajuste presupuestal que generará su indolencia?

Valgan verdades, no tiene nada de malo que los jueces soliciten más recursos, si la reforma es el fin primordial. ¿Se cumple esto en el caso del recientemente presentado proyecto de presupuesto judicial para el 2006? Lamentablemente, no. Por segundo año consecutivo, la judicatura estaría desperdiciando la oportunidad de dar un golpe de timón en su accionar, al no incluir en su proyecto de presupuesto prácticamente ninguna de las medidas de reforma desarrollada por la Comisión de Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus), instancia que presidió.

En razón a ello, en lugar de financiar la lucha anticorrupción, la redefinición del rol de la Corte Suprema, la eliminación de barreras lingüísticas y culturales al acceso a la justicia, etcétera, el aumento se destinará a pagar salarios, gratificaciones y CTS (204 millones de nuevos soles), crear 253 órganos jurisdiccionales (128 millones de nuevos soles), informatización (100 millones de nuevos soles) y capacitar al personal (4 millones de nuevos soles más parte de 15 millones de dólares del préstamo de la Unión Europea para la administración de justicia). Nadie desmerece el destino de estos recursos, pero creemos que es cuestionable la prioridad asignada.

El Ejecutivo debe entregar al Congreso a más tardar a fines de agosto el proyecto de ley de presupuesto del sector público. Consideramos que planteando las debidas instancias de coordinación entre los tres poderes del Estado (habida cuenta que el Legislativo tiene la voz final, al corresponderle la aprobación del presupuesto) y, en vista del plazo de tiempo, todavía es posible dar un giro al presupuesto a favor de la reforma (presentar un presupuesto judicial alternativo) y no tener que esperar simplemente más de lo mismo.