José Miguel Florez: Perú: Justicia y disculpa

La llegada de la democracia en Chile y Argentina tiene diversas coincidencias y más de un matiz. Ambas fueron precedidas por cruentas dictaduras militares signadas por la sistemática violación de derechos humanos; sin embargo, la salida castrense fue distinta en cada situación: mientras en la Argentina dejaban el poder unas fuerzas armadas políticamente despreciadas y militarmente derrotadas, en Chile los militares podían darse el lujo de una transición negociada que hasta hoy les confiere ciertas prerrogativas.

A pesar de estas diferencias, hoy, en ambas naciones, la demanda por justicia se alcanza poco a poco con juicios a militares inculpados por crímenes contra los derechos humanos. Es cierto que en la mayoría de casos se trata de ancianos oficiales o incluso de algunos ya fallecidos, pero lo que más llama la atención de procesos como estos es que sean las propias instituciones militares las que reconozcan los errores y soliciten disculpas de su sociedad.

El proceso por verdad y justicia en el Perú es muy distinto. Es cierto que los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Perú no se dieron en el marco de una dictadura institucional de la fuerza armada, sino en un contexto de gobiernos democráticos que enfrentaron una guerra contra subversiva y, después, un proceso autoritario encabezado por una mafia civil y militar. ¿Esta diferencia es suficiente para no llegar a un gesto de disculpa por parte de la fuerza armada por los crímenes cometidos?

La disposición política y social requerida para alcanzar el proceso de justicia que necesitamos hace más compleja la respuesta a esa pregunta y, en ese sentido, el contexto de nuestra transición no ha sido favorable. El reconocimiento en primera persona de la responsabilidad militar en violaciones de derechos humanos requiere no sólo de la reflexión institucional castrense, sino sobretodo de la demanda permanente desde la sociedad y de la disposición estatal. Es decir, un escenario difícil en el que confluyan estado y sociedad, que promueva la actitud reflexiva de la fuerza armada.

Lamentablemente, frente a ello el recurrente interés por deslegitimar las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no es el único escollo, pues hoy la situación de inestabilidad política, inseguridad y movilización social por la que atraviesa la región andina podría favorecer un ambiente de temor en el que prendería fácilmente la mecha de una demanda por seguridad que subordine el respeto de los derechos humanos a la eficacia en el control del orden interno, de ser necesario, con la ayuda de la fuerza armada. En ese escenario el olvido es una inversión y la impunidad un costo.

El Perú comparte con la región la movilización social y el conflicto político que sacudieron Ecuador y Bolivia. La crisis de la autoridad del Estado es una de las dificultades centrales, pero ese problema de autoridad se centra en la precariedad de las instituciones estatales y en la escasa legitimidad que las propias instituciones poseen ante la ciudadanía. En esa lógica, reformar la fuerza armada es profesionalizarla y generar institucionalidad en el Estado para brindar seguridad, pero legitimarla es acercar democráticamente sus relaciones con la sociedad y ello pasa por incluir a algunos militares en el proceso de verdad, justicia, reparación y reconciliación que setenta mil muertes exigen.

La reciente orden de captura dictada contra militares involucrados en la masacre de Accomarca es parte de esta coyuntura; dicha orden incluye a oficiales en retiro y en actividad, entre los cuales se encuentra el Gral. José Williams Zapata, actual jefe de la Región Militar del Norte, ex jefe del comando Chavín de Huántar y oficial en línea de carrera a la Comandancia General del Ejército.

Hasta ahora no se conocen los fundamentos del juez para dictar dicha orden de captura. Así, no sabemos si es que hay nuevas y adicionales pruebas incriminatorias (testimonios, etc.) a las que, en su momento, aportó el general Williams Zapata a la Comisión de la Verdad y Reconciliación en las dos oportunidades en que se reunió con ella. Por ende, no tenemos elementos de juicio para opinar si es que es una orden de detención abusiva y equivocada, conforme lo ha sostenido recientemente el periodista Gustavo Gorriti.

Lo que sí podemos señalar, por principio, es que si en el proceso judicial se prueba la responsabilidad penal del general Williams Zapata en relación a la masacre de Accomarca, deberá cumplir la pena que se le imponga, sin que pueda apelarse a su trayectoria y prestigio castrense o de poner en riesgo la intervención de la fuerza armada en probables escenarios de inestabilidad política o social en el país. A su vez, en democracia este alto oficial tiene también la oportunidad de demostrar su inocencia ante los tribunales.