Alfredo Villavicencio Ríos: Perú: Lo que está en juego

El Estado de Derecho se sustenta en la separación de poderes y en el delicado juego de equilibrios y controles entre ellos. El papel del poder judicial es clave en este campo. No sólo porque resuelve los conflictos entre privados, donde a veces hay poderosos intereses en juego, sino porque también lo hace respecto de los que involucran al poder ejecutivo y al legislativo, tanto en lo referente a los actos administrativos (resoluciones) o legislativos (leyes), cuanto a la actuación de sus componentes (corrupción, abuso de autoridad, etc).

Por ello, junto al interés público de contar con una administración de justicia proba, técnica, rápida y transparente, conviven importantes grupos de poder (políticos, económicos y sociales) que la prefieren manejable, como históricamente ha sido, aunque digan lo contrario. Para tal fin, apuntan a tener alguna influencia en la designación de los jueces, para luego usarla para obtener una resolución o sentencia que sea favorable a sus pretensiones.

También históricamente, la designación de los magistrados era política: estaba en manos del poder ejecutivo y del legislativo, por lo que, en aras de eliminar la influencia política y sus consecuencias, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, compuesto por siete consejeros: uno es designado por la Corte Suprema, otro por el Ministerio Público, dos son elegidos por las universidades públicas y privadas, uno por los colegios de abogados y los otros dos por colegios profesionales restantes.

La creación de este órgano constitucional es, qué duda cabe, un paso importante en la ruta de materializar uno de los dos valores máximos en la designación de los magistrados: la independencia de los consejeros. Sin embargo, el proceso de nombramiento en caso de los tres representantes de los colegios profesionales (que se eligen este domingo), al ser puramente cuantitativo (elección universal), descuida, tanto el otro valor máximo: la idoneidad o solvencia en la materia que deben tener también los consejeros, como la independencia, habida cuenta que permite que los partidos políticos jueguen un papel determinante, al igual que quienes financian las costosas campañas que hay que llevar a cabo a nivel nacional.

Hay, pues, que seguir avanzando en este campo, correspondiéndole al Congreso las reformas constitucionales y legales que, sin costo alguno, resultan imprescindibles para apuntalar los cimientos de cualquier intento de reforma.

En tal dirección, además, no se está en pañales, sino todo lo contrario: la CERIAJUS precisó cambios relevantes en la composición y funciones del CNM, al nivel pertinente, que rediseñan el órgano y su funcionamiento en términos mucho más apropiados. Por ejemplo, a nivel constitucional se propone que sólo participen en la elección de los consejeros representantes de las universidades, las facultades de derecho que tengan al menos 30 años de antigüedad; y que los elegidos sean profesores principales. Yo me atrevería a agregar, que sean miembros de las facultades de Derecho y que tengan, además, reconocida versación en temas vinculados con la administración de justicia.

A nivel legal, habría que incidir en que el sistema de elección de los Colegios Profesionales otorgue esta facultad al Consejo de Decanos, condicionando que ésta recaiga en profesionales con reconocida trayectoria vinculada al sistema de justicia.

Finalmente, hay que esperar que los representantes de los colegios profesionales elegidos este domingo 19 de junio, lleven el cargo con la independencia y solvencia profesional que se requiere, de manera que contribuyan decisivamente a mejorar la imagen del CNM a partir de cumplir con su papel: elegir, ratificar y sancionar a los magistrados, desde una perspectiva que priorice únicamente la excelencia en el servicio de justicia.