Javier López: España: Defender al pueblo

Enrique Múgica nos hace llegar su informe a las Cortes Generales correspondiente al año 2004. El informe del Defensor del Pueblo es un buen termómetro para medir el grado de insatisfacción del pueblo sobre las actuaciones de las administraciones.

Lo primero que llama la atención es que el número de quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo fue de 28.990 frente a las 17.379 del año anterior, lo cual indica un incremento del nivel de insatisfacción de los ciudadanos con respecto a la actuación de sus administraciones.

El segundo dato es la importancia de las quejas colectivas que, con 14.614 quejas presentadas, se sitúan por encima de las individuales, indicando claramente que el Defensor del Pueblo es una institución de referencia no sólo entre la ciudadanía sino entre las organizaciones sociales y grupos sociales que utilizan esta vía para tramitar sus demandas.

La mayoría de las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo tienen que ver con la Administración educativa (8953), la Administración de Justicia (2394), la Ordenación de la actividad económica (3446), el Personal al servicio de las administraciones públicas (2012), la Inmigración (2183), la Seguridad pública (1265), la Acción social y la Seguridad Social (1368), la Hacienda Pública (1171), el Urbanismo y vivienda (1156) o la Sanidad (857). Las quejas recibidas tienen que ver, por tanto, con la actuación de todas las administraciones del Estado (central, autonómica y local).

Lo más llamativo, no obstante, es el origen de las quejas, cuando comprobamos que el 40,75 por ciento de las quejas proceden de Madrid, es decir 11.595 quejas, que suponen un 107 por ciento más que el año anterior.

Hay factores que pueden explicar en parte esta situación. En Madrid coinciden todas las administraciones y la propia institución del Defensor del Pueblo tiene su sede en la capital. Por otro lado, los datos ponen de relieve un malestar social importante de una ciudadanía mayoritariamente trabajadora que se enfrenta a unas condiciones de vida cada vez más hostiles y menos humanizadas.

En tercer lugar, el número de quejas de los madrileños se explica por la carencia de una institución autonómica que defienda los intereses de los madrileños en relación con sus administraciones. No creemos que el nivel de malestar sea mayor en Madrid que en otras comunidades autónomas de similares características, pero los catalanes, andaluces, gallegos, vascos, canarios, aragoneses, valencianos, castellano-leoneses y manchegos o navarros cuentan con comisionados nombrados por sus parlamentos autonómicos para defender al pueblo.

El Informe Anual del Defensor del Pueblo debería hacernos reflexionar a todos sobre la necesidad de que Madrid cuente con un Defensor del Pueblo que canalice, gestione y resuelva las quejas de los madrileños con respecto a la labor de las instituciones, que evalúe permanentemente el nivel de satisfacción, la calidad de los servicios públicos, y que proponga soluciones y medidas que contribuyan a mejorar la relación de los ciudadanos con sus administraciones.

No hay nada más digno que la defensa de los intereses generales, la calidad de vida. Cada empleado público, cada trabajador en un servicio público es en sí mismo un defensor del pueblo. Ahora se trata de pensar si crear la figura del Defensor del Pueblo madrileño haría más fácil el trabajo de esos cientos de miles de personas que cuidan de nuestra vida y nuestra convivencia, y permitiría que los ciudadanos nos sintamos más seguros en nuestra convivencia cotidiana.

(*) Secretario general de CC.OO. de Madrid.