España: La encrucijada de las dependencias

Francia y Holanda han dicho NO al Tratado de la Constitución Europea. Los empresarios europeos agrupados en UNICE explican, en parte, la reacción de los ciudadanos franceses y holandeses en la lentitud de la puesta en marcha de la Estrategia europea para el Crecimiento y el Empleo. Los sindicatos europeos integrados en la Confederación Europea de Sindicatos (CES) explican el revés afirmando que "no parece que sea un rechazo a Europa en general, sino un rechazo a la Europa neoliberal. Es también una reacción ante los temores vinculados al desempleo, las deslocalizaciones y la inseguridad (...). Es una señal muy clara a la Unión Europea: ésta no escuchó suficientemente las llamadas a favor de una Europa social.

Durante décadas Europa ha ido construyendo un modelo de desarrollo económico y social que muchos ciudadanos ven en peligro, especialmente en algunos países fundadores, como ha ocurrido en Francia y Holanda. Si algo nos separa del modelo social europeo es la existencia de un sistema público de Servicios Sociales como el que se ha ido construyendo en Europa a lo largo de los años ochenta y noventa, asentados en nuevos derechos de las personas como el de atención a las situaciones de dependencia.

Los mayores, los discapacitados, los niños entre los 0-3 años cuentan con un Antimodelo Español de Atención a la Dependencia que se basa en la falta de recursos públicos y en el trabajo de las mujeres. El 84% de las personas que cuidan y atienden a personas dependientes son mujeres.

El 41% de esas mujeres dedica más de 40 horas a la semana a esos cuidados. El 44% dedica más de 8 años de su vida a esta tarea y el 37% entre 2 y 8 años. Mujeres que renuncian a su empleo o que desisten de acudir al mercado de trabajo porque la familia delega en ellas, a dedo y forzadamente, la tarea de cuidar al anciano, al discapacitado o al menor.

En Madrid estimamos en 347.000 las personas en situación de dependencia. Para atenderlos sólo hay 122.000 recursos sociales, entendiendo por tales, por ejemplo, la ayuda a domicilio durante 15 horas a la semana, que es a todas luces llanamente insuficiente para atender a un mayor que vive solo.

No estamos ante un reto fácil, pero es inaplazable porque cuanto más dejemos correr el tiempo mayor será la brecha que nos separa de Europa y más grave y difícil la situación en nuestro país.

Necesitamos con urgencia un Sistema Nacional de Atención a las Dependencias con compromiso del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para garantizar el derecho subjetivo, por ley, de las personas en situación de dependencia a verse atendidas con prestaciones básicas iguales en todo el país.

Las personas tenemos derecho a envejecer en casa y contar con los recursos necesarios para garantizar nuestra autonomía.

Un sistema como el que proponemos cuesta mucho dinero y crearía muchos puestos de trabajo que hoy en parte están siendo cubiertos desde la economía sumergida por inmigrantes y mujeres sin contrato.

El esfuerzo inicial de 6.000 millones de euros, un billón de las antiguas pesetas, podría realizarse utilizando recursos del fondo de Reserva de la Seguridad Social, que deberían ser abordados progresivamente por impuestos. Los trabajadores estamos dispuestos a que una parte del remanente actual de la Seguridad Social sirva para poner en marcha el Sistema Nacional de Atención a las Dependencias de manera transitoria.

Las dependencias son hoy la encrucijada en la que se resolverá el modelo de Estado y de sociedad, la capacidad de financiación, la seguridad de los ciudadanos, la calidad del empleo, la integración laboral de un buen número de trabajadores inmigrantes y la posibilidad de conciliar la vida laboral y personal, sin la cual será imposible la plena incorporación de la mujer a un empleo.

De ahí que la atención a las dependencias sea un eje central del diálogo social entre Gobierno, empresarios y sindicatos a nivel nacional, con repercusiones en los ámbitos autonómicos y municipales.

(*) Secretario general de CCOO de Madrid.