España: Instrumento de cohesión social

El pasado 8 de julio se firmó en el Palacio de la Moncloa por parte de sindicatos, patronal y gobierno una declaración con el guión de negociación de los que se han convenido como los principales objetivos estratégicos que en materia sociolaboral ha de afrontar nuestro país en el medio y corto plazo. Dicha declaración tenía como objetivos fundamentales articular mediante el Diálogo Social los mecanismos que hagan posible la "Competitividad, Empleo estable y Cohesión social" entendidos todos ellos como elementos fundamentales que garantizan el crecimiento económico del país y la redistribución de la riqueza.

De este modo, CC.OO. ha venido a reafirmar que el modelo de desarrollo económico que defiende pone en el mismo nivel de importancia materias tan importantes y tradicionalmente ligadas al discurso sindical como las del empleo estable y de calidad y la competitividad del modelo productivo que lo haga posible, con la reivindicación de la mejora de la cohesión social para avanzar en la redistribución de la riqueza generada. Y precisamente en el marco de la mejora de la cohesión social, en la Mesa de Diálogo Social ha cobrado singular importancia la negociación de la Ley de Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

En España viven cerca de 2,3 millones de personas (mayores y con discapacidad, principalmente) que dependen de la ayuda de un tercero para realizar las tareas más básicas de la vida cotidiana como son vestirse, asearse, hacerse la comida, limpiar la casa o desplazarse para realizar gestiones cotidianas. En el cuidado de estas personas están implicadas cerca de 4,5 millones de familias que, debido al escasísimo nivel de cobertura de los servicios sociales (apenas cubren el 9,4% de las necesidades) se ven obligados a cuidarles de manera informal.

Se trata, por tanto, de una situación que afecta a dos grandes grupos de población: las propias personas en situación de dependencia y las familias que se ven obligadas a cuidarlos. A este respecto es especialmente significativo señalar el hecho de que el 80% de los cuidadores informales son mujeres (madres, hijas, esposas, nueras,…) que son quienes dedican más de 9 millones de horas anuales al cuidado de familiares, lo que es equivalente a más de 5 millones de empleos. Una dedicación que tiene severos costes de oportunidad para las mujeres, que por atender a sus familiares se ven imposibilitadas para trabajar, tener vida social, y desarrollarse como personas. Por lo que la Ley, además, será de hecho un importantísimo instrumento para la emancipación de la mujer.

CC.OO. ha sido la organización social que con mayor fuerza y claridad ha puesto sobre la mesa cuál es su proyecto. A través de la campaña confederal en defensa de una Ley Básica Estatal se desgranan los 14 puntos fundamentales sobre a los que, a nuestro juicio, deberá asentarse la Ley y el posterior Servicio Nacional de Atención a la Dependencia. Y especialmente son cuatro las piedras angulares del proyecto que resultan irrenunciables para que el acuerdo cuente con nuestro concurso:

-El nuevo modelo de atención a la dependencia se articulará a través de una Ley estatal con carácter de básica, en el marco del desarrollo de la Seguridad Social.
-La Ley ha de garantizar un nuevo derecho de carácter subjetivo, reconocible y exigible, que asegure la universalidad de la prestación para todas aquellas personas que lo necesiten.
-Igualmente, la Ley ha de suponer la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Atención a la Dependencia que, con contenga un sistema único de valoración y reconocimiento en toda España. De modo que se establezcan los mismos criterios de acceso y las mismas prestaciones para todos los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia.
-Dicho Sistema Nacional de Atención ha de establecer la prestación preferente de servicios frente a otras posibles alternativas como la prestación económica directa a las familias. La prestación preferente de servicios asegura de un lado la calidad en la atención a las personas y, además, la creación de empleo. Se calcula que la puesta en marcha del Sistema generará 300.000 puestos de trabajo directos.

Otros aspectos igualmente relevantes de la propuesta hecha por CC.OO. contemplan el establecimiento de un calendario de aplicación que incorpore de manera progresiva al total del colectivo afectado; una financiación suficiente en la que participen las tres administraciones con competencias (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos); el aseguramiento del carácter público de la prestación, independientemente del modelo de gestión utilizado; y la participación en el gasto de las rentas más elevadas.

(*) Secretaria confederal de Política Social.

Toda la información de la campaña de CC.OO. por una Ley Básica de Atención a la Dependencia se encuentra en la web www.ccoo.es y en www.ccoo.es/social