Miguel Ángel Ferrari: Bolivia: La guerra del gas

El sábado pasado, fuerzas combinadas del ejército y la policía abrieron fuego contra los campesinos, estudiantes y docentes de la escuela Normal rural, que se hallaban cortando una ruta en la localidad de Warisata, en las proximidades de Achacachi, reducto del dirigente campesino Felipe Quispe, uno de los dos líderes de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia. El corte de ruta se realizaba en demanda de la libertad de un dirigente campesino y en oposición a un millonario proyecto de exportación de gas a los Estados Unidos, que dejará enormes ganancias a las empresas transnacionales del petróleo, pero sólo migajas para el Estado boliviano.

Según las últimas informaciones, en lo que ya se ha dado en llamar "la masacre del Altiplano", cayeron acribillados cinco civiles (entre ellos una niña de ocho años) y dos militares. A estas muertes hay que sumarles más de treinta heridos de bala, la mayor parte de ellos campesinos y estudiantes.

La violencia de las clases dominantes bolivianas contra su pueblo se ha constituido en una práctica "normal" desde 1985, fecha en que comienza la experiencia neoliberal en ese país. Desde ese entonces se han producido 190 muertes en conflictos sociales, más de seis mil heridos y alrededor de diez mil ciudadanos detenidos arbitrariamente.

A raíz de la represión criminal del sábado pasado, el dirigente cocalero, diputado y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, solicitó la inmediata renuncia del ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, acusado de ser el principal responsable del accionar militar en la "masacre del Altiplano". No obstante, el ministro fue rápidamente respaldado por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien asumió la responsabilidad de todos los sucesos del sábado. Es bueno recordar que Sánchez de Lozada ostenta el tristemente célebre "galardón" de haber provocado la mayor cantidad de muertes de luchadores sociales, entre los presidentes surgidos por la vía electoral. Su "debut" en este segundo mandato fueron las trágicas jornadas del 12 y 13 de febrero de este año en la ciudad de La Paz, donde perecieron 33 personas y más de 200 quedaron heridas de bala.

Sánchez de Lozada que posee intereses en diversas compañías bolivianas y chilenas, se propone desarrollar un megaproyecto consistente en la exportación de gas hacia los Estados Unidos, a través del puerto chileno de Patillos, en el norte del país trasandino, región arrebatada por Chile a Bolivia durante la guerra de 1879. Estas exportaciones serían operadas por las empresas transnacionales que controlan toda la extracción y comercialización de hidrocarburos, desde la implementación de un decreto "secreto", firmado por Sánchez de Lozada durante los últimos días de su anterior mandato, seis años atrás.

Este proyecto ha desatado la denominada "guerra del gas".

Por estos días decenas de miles de campesinos, cocaleros, obreros, estudiantes, docentes, desocupados y sectores empobrecidos de la clase media, se movilizaron en las principales ciudades de Bolivia y dieron un plazo de un mes para que Sánchez de Lozada anule el referido proyecto elaborado por el consorcio Pacific LNG, conformado por Repsol-YPF, Panamerican Gas y British Gas, ésta última subsidiaria de la British Petroleum Company.

En Cochabamba, el epicentro de las protestas, un verdadero cabildo abierto de más de 40 mil personas decidió realizar una huelga general indefinida, el bloqueo de rutas e iniciar la resistencia civil, si hasta el 19 de octubre sus demandas contra este proyecto de exportación de gas no son atendidas.

Se está extendiendo por todo el país un consenso popular en torno a la defensa de un proceso de industrialización, con una creciente utilización interna del gas nacional, en lugar de exportarlo únicamente como materia prima, sin valor agregado, con escasos beneficios para el país.

La Central Obrera Boliviana y el Movimiento al Socialismo, consideran que este proyecto de exportación de gas a través del puerto del norte chileno, dejará enormes beneficios para las transnacionales y para empresas chilenas. El propio presidente de la transnacional British Gas, Edward Miller, señaló meses atrás que las compañías participantes del negocio obtendrían anualmente más de mil trescientos millones de dólares. En cambio, el Estado boliviano sólo quedará -en el mejor de los casos- con 70 millones de la misma moneda, en concepto de impuestos y regalías.

Esto del gas es como la gota que desborda el vaso. En los últimos tiempos numerosas empresas transnacionales están saqueando sin ningún pudor la economía y las riquezas de Bolivia. Una de ellas es la Bechtel Corporation, la beneficiada con la privatización del agua en Cochabamba, que tuvo que retirarse del negocio luego de las luchas populares, de abril de 2000, en defensa del agua como bien social y no como mercancía. Ahora, la Betchel intenta arrancar dolosamente 25 millones de dólares al Estado boliviano en un tribunal secreto del Banco Mundial, en la ciudad de Washington. Otras de las empresas que saquearon al país son la inglesa Allied Deals y la tristemente conocida Enron, que tomó en sus manos con la Shell el transporte de gas a Brasil, luego de negociaciones plagadas de irregularidades y vicios constitucionales, con la estrecha colaboración -"comisiones" mediante- de los funcionarios del gobierno.

La corrupción y el crimen -como ocurrió el sábado pasado con hombres, mujeres y niños del pueblo- son ingredientes inseparables del neoliberalismo. El saqueo colonial, imperial o simplemente capitalista, siempre requirió de corruptos colaboradores de guantes blancos y de esbirros dispuestos a manchar sus manos con la sangre de quienes se levantan contra el saqueo.