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16 de enero del 2008

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Iberoamérica

Violencia en Guatemala


Amalia Antúnez
Sirel / La Insignia. Guatemala, enero del 2008.

 

El pasado 31 de diciembre, el compañero Carlos Mancilla fue víctima de un atentado. Mancilla es dirigente de la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUGS) y participante activo en la reclamación de justicia para el caso de Marco Tulio Ramírez, dirigente del SITRABI asesinado. En diálogo con Sirel, comentó lo sucedido y las medidas dispuestas para su seguridad, al tiempo que agradeció el apoyo del movimiento sindical, tanto a nivel nacional como internacional.


-¿Qué fue exactamente lo que sucedió?

-El pasado 31 de diciembre, mientras se celebraba la tradicional fiesta de fin de año, los vecinos escucharon además de los clásicos estallidos de los fuegos artificiales, otros, que correspondían a disparos de armas de fuego, si bien no supieron ver ni identificar a nadie, más tarde supimos que impactaron en mi casa. Afortunadamente mi familia y yo no estábamos en ese momento en la vivienda.

-¿Hubo amenazas previas?

-Nada tan explícito como esto, hubo algunas llamadas telefónicas, donde no decían nada, en algunos casos pasaban música fúnebre, pero esto nunca lo tomé como amenazas y nunca me intimidó.

-¿A qué hechos vinculas este atentado?

-Teniendo en cuenta que en el barrio no poseo enemigos y que se descartó también el intento de robo, lo único que puedo vincular a este hecho es al trabajo que desempeño. Desde el asesinato de Marco Tulio, fui designado por la Confederación para darle seguimiento a la denuncia tanto a nivel nacional como internacional. Participé de la Misión de la UITA y en varias oportunidades fui acompañado a reuniones por los compañeros David Morales y Edwin Ranchos, dirigentes locales, y a nivel internacional de la UITA.

Además he participado de reuniones con la empresa BANDEGUA, tanto en la ciudad de Guatemala como Izabal, así como con la propia ministra de Gobernación, solicitando la seguridad personal y perimetral para los miembros del SITRABI y los trabajadores bananeros en general.

-¿Qué medidas legales tomaron después?

-Inmediatamente denunciamos el hecho ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la oficina de atención a los trabajadores. De ahí solicitaron la apertura del expediente en el Ministerio Público. En esa instancia frente a mí y a la delegación de trabajadores que me acompañaban, la Procuraduría de los Derechos Humanos instó al fiscal para darle inmediata prioridad. Pero hasta el día de hoy ni el Ministerio Público, ni nadie ha brindado una respuesta activa, exceptuando que el viernes pasado me convocaron a una reunión para ofrecerme seguridad personal, pero del caso en sí no se sabe nada.

-¿Cómo percibes la reacción del movimiento sindical ante este suceso?

-El movimiento sindical tanto nacional como internacional se puso en acción de inmediato. Además del apoyo y seguimiento de la denuncia ante los organismos competentes, convocaron una conferencia de prensa para repudiar públicamente el atentado. Agradezco particularmente a la UITA, por la atención y apoyo que nos ha brindado. La solidaridad internacional que representa es siempre bienvenida.

 

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