28 de septiembre del 2007
Ecuador
Propuestas para la emigración (II)
Alberto Acosta
La Insignia. Ecuador, septiembre del 2007.
Ejes de acción en el campo social
1. En este ámbito no sólo hay que abordar las demandas nacionales, sino también, y sobre todo, propender a cristalizar un apoyo firme para la integración social efectiva en el país receptor. Las opciones son múltiples. Simplemente a modo de ejemplo, se podría pensar en establecer vínculos entre comunicadores sociales del Ecuador con los de las sociedades de acogida, así como potenciar la capacitación sobre la realidad del Ecuador de profesores de enseñanza primaria y aún secundaria en los países receptores, incluso viajes de estudio y también de turismo de maestras y maestros de dichos países al Ecuador podrían ser impulsados. Para la ejecución de estas tareas se cuenta con un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil en esos países que han demostrado un compromiso mucho más efectivo que el de las propias oficinas diplomáticas ecuatorianas en el exterior. Se trataría pues de vincular la sociedad de origen y de destino de los emigrantes desde un punto de vista bidireccional: integración social y cultural a través del paradigma de la interculturalidad.
2. La acción afuera debe complementarse con respuestas casa adentro. Esto implica el fortalecimiento de los lazos sociales en Ecuador. El asunto va más allá de lo familiar y comunitario, hay que pensar en las capacidades que podrían tener esas otras formas de remesas sociales, culturales, laborales y empresariales para potenciar al país. Esfuerzos puntuales por recomponer el tejido social redundarán en una mayor integración de la sociedad ecuatoriana, siempre que se lo haga de manera consciente, procurando desmontar las estructuras oligárquicas y rentísticas existentes en la actualidad.
3. El núcleo del proceso emigratorio está constituido por la familia. Por eso un respaldo efectivo a las familias de los y las emigrantes es una de las primeras obligaciones para el gobierno central y para los gobiernos seccionales. Esto implica no sólo atender adecuadamente sus demandas sociales (en salud, educación, empleo y vivienda), sino que exige estructurar leyes y normas -así como fomentar políticas- que faciliten la reunificación familiar, la seguridad de su existencia reproductiva y, por cierto, el respeto a los derechos humanos.
Un punto de crucial importancia es el relativo a la atención de los familiares de los emigrantes ecuatorianos. No habrá una política migratoria integral sin desarrollar programas gubernamentales destinados a los miles de niños y niñas cuyos padres y madres han migrado, o a las adolescentes que han asumido jefaturas familiares, etc. Esta política, en suma, debe mirar el tema migratorio como un asunto de derechos humanos. No debe enfocarse solamente en las garantías individuales y familiares, sino también al amplio conjunto de derechos de los individuos, las familias y los grupos sociales. Esta tarea debe ser directamente asumida como parte fundamental de la política exterior del Estado. Sin embargo, no se debe olvidar que es crucial que dichas medidas no clasifiquen a las familias en emigrantes y no emigrantes; no se trata sólo de una consideración semántica, sino de evitar los nefastos efectos que derivan de toda estigmatización.
Un punto importante de nuestra política será la celebración de nuevos convenios con los países de destino para viabilizar y facilitar el pago de pensiones alimentarias, derechos de paternidad y otros trámites administrativos que afecten a las relaciones familiares. Igualmente el Estado podría generar sistemas de jubilación complementarios a los existentes en los países de acogida. Se creará una normativa sobre previsión social complementaria con aquella de los países de migración, susceptible de recoger todos los posibles supuestos sobre enfermedad, incapacidad laboral, orfandad o jubilación.
4. Fortalecer los vínculos de las futuras generaciones resulta también vital. Hay que pensar oportunamente en las nuevas formas de desarraigo en ciernes. Muchas veces la juventud heredera de los flujos migratorios, en poco tiempo, pierde los vínculos con su país de origen sin lograr enraizarse o insertarse adecuadamente en los países de destino, atravesando problemas de integración, carencia de reconocimiento social, pérdida de identidad, discriminación en el acceso a oportunidades vitales, etc. De igual importancia es el fortalecer los vínculos familiares, como canalizadores de afecto y guía, para el correcto desarrollo y formación de los hijos de los emigrantes que se quedan en el país de origen. Esta es una amenaza cierta para la seguridad humana. Por lo tanto hay que tener presente esta realidad y responder efectivamente con propuestas educativas, culturales y de reinserción social (desde la idea de competencia intercultural en ambas direcciones, origen y destino).
5. Las diversas marginaciones que sufren nuestros compatriotas fuera del país o aún dentro de él por el hecho de haber emigrado, entorpecen el proceso de aprendizaje de los inmigrantes al obstaculizar su integración en la sociedad de acogida. Situaciones similares se encuentran en el ámbito laboral, donde se ha visto que los ecuatorianos ocupan los escaños inferiores; o incluso en el ámbito residencial, ya que en muchos barrios, los moradores se niegan a aceptar la presencia de los inmigrantes evitando asociarse con ellos. El desarrollo de movimientos y comportamientos segregacionistas como éstos es entonces uno de los principales obstáculos para el proceso de integración de la comunidad de ecuatorianos en los países de acogida, como un primer paso hacia la inserción en el sistema global. Frente a eso el Estado ecuatoriano está en la obligación de actuar en favor de sus compatriotas, sea utilizando todo el instrumental disponible a nivel diplomático o sea fortaleciendo las asociaciones de emigrantes. Al respecto, es importante mencionar que las redes en este contexto transitan de sus antiguas identidades regionales hacia una nueva "ecuatorianidad", difícil de comprender sin analizar el hecho migratorio.
6. En este ámbito, en el que la imaginación debe abrir la puerta a respuestas creativas e innovadoras, se debe pensar incluso en cuestiones aparentemente puntuales, pero que podrían tener un impacto trascendente. Por ejemplo diseñar esquemas de seguro y reaseguro para los y las emigrantes en el exterior y sus familias en el país. Estos esquemas no sólo deben estar orientados a asegurar la repatriación de las personas fallecidas, lisiadas, con algún tipo de discapacidad, o que deseen ya regresar al Ecuador por el motivo que fuere, sino que deberían ampliarse en el campo de la salud y la educación para los parientes que se quedan en el país.
7. Dentro de la gestión de flujos, pensando sobre todo en los inmigrantes de los países vecinos, se deben revisar y actualizar las normativas existentes para asegurar su adecuada contratación laboral, inserción empresarial e integración en la sociedad ecuatoriana. Esto incluye dar vida a los acuerdos bilaterales de gestión de flujos que están suscritos con algunos países, actualizar las políticas que se aprueban desde el gobierno para promover la inmigración en condiciones regulares, así como las prácticas de tratamiento de la irregularidad administrativa y el control de las fronteras. Esta política compete sobre todo al gobierno central, pero puede ser complementada con acciones puntuales de parte de los gobiernos seccionales.
Ejes de acción en el campo político
1. Uno de los pasos que deben darse de inmediato es la cristalización de los derechos democráticos de los emigrantes en el Ecuador. Esto implicó hacer realidad la Constitución que establece el derecho al voto para las personas residentes en el exterior. Este derecho, que no es una obligación como para los electores y las electoras residentes en el país, no puede convertirse en un mecanismo para recrear nuevas estructuras clientelares y populistas. Esto obligaría a pensar en la posibilidad para que los candidatos o las candidatas tengan la posibilidad de realizar su campaña electoral en igualdad de condiciones hacia ese grupo de electores y electoras, residentes en el exterior.
Esta posibilidad de ejercer el voto en el Ecuador, estando en el exterior, debería ser la puerta de entrada para concretar otras opciones que amplíen la ciudadanía de los compatriotas afuera. Por ejemplo, habría que permitir que los extranjeros residentes en Ecuador y que estén legalmente radicados puedan ejercer este derecho en las elecciones municipales, al igual que los compatriotas en el exterior. Sin embargo, hay que tener una y otra vez presente que votar es importante, pero no suficiente.
Por todo esto proponemos la creación de una nueva región electoral, la Quinta Región. La nueva región electoral recibirá el nombre de Provincia Electoral del Exterior, que actuará como circunscripción electoral especial. La legislación electoral la regulará de forma autónoma respecto al resto de circunscripciones provinciales. Los candidatos a diputados del Congreso Nacional en representación de los y las compatriotas residentes en el exterior serán elegidos guardando proporcionalidad con el número de ciudadanos ecuatorianos censados en el exterior.
Una vez instaurada la anterior estructura electoral, los candidatos de esta nueva región, se verán obligados a atender, preferentemente, en sus programas electorales, las problemáticas relacionadas con la migración y con los y las emigrantes. Como proponemos en nuestras reformas políticas, estas personas elegidas por el voto popular podrán ser revocadas de su mandato si sus electores y electoras consideran que han traicionado el mandato popular. En este empeño tendrán que comprometerse activamente las asociaciones de emigrantes, configurando líneas directas de comunicación entre la colectividad migrante, la institución legislativa y los grupos parlamentarios.
2. La elaboración de leyes que amparen a los ecuatorianos en el exterior es una tarea urgente. Desde la realidad legal del país, con todas las limitaciones existentes, es deseable contar con un marco legal amplio que englobe toda la problemática del hecho migratorio: sus amenazas y también sus oportunidades. Esto exige una acción que va mucho más allá que el estrecho marco jurídico nacional, pues hay que analizar cuáles son las normas y legislaciones existentes en otras latitudes, sobre todo en aquellos países en donde el colectivo de ecuatorianos ha alcanzado un número significativo. Por ejemplo, se precisa un estudio detenido del cuerpo legal de los EEUU y de la Unión Europea, que permita proponer cambios y reformas al marco jurídico ecuatoriano.
3. Uno de los aspectos en donde hay que trabajar mucho es en la especialización del cuerpo diplomático para el apoyo activo de los emigrantes. No se trata simplemente de ampliar los horarios de atención, de enviar un mayor número de funcionarios diplomáticos, de crear nuevas oficinas en el exterior o de idearse sistemas itinerantes de atención a los y las compatriotas fuera del país. Hay que ir más allá. Se requiere un cambio conceptual profundo en la tarea de las personas que laboran en los consulados de los países receptores. No hay necesidad de más de lo mismo, sino de nuevas visiones que permitan, por ejemplo, sustituir a los tradicionales cónsules o a los agregados militares por agregados laborales y sociales especializados en el tema de la migración para reducir las connotaciones negativas que de ella se derivan.
Esto implica, por ejemplo, un trato preferente y protector a los y las compatriotas que se encuentran indocumentados en los países de tránsito y destino. Además, los funcionarios diplomáticos deberán ser verdaderos especialistas en el conocimiento de los países en donde trabajan, pues de esta manera podrán no sólo comprender su realidad, sino optimizar el aprovechamiento de las organizaciones de protección de los derechos humanos, y de las mismas organizaciones de emigrantes ecuatorianos, con las que habrá que mantener estrechos vínculos de cooperación. La posibilidad de desplegar un sistema consular más activo y móvil tampoco puede ser descuidada.
Aquí aparece como oportuna la creación de los Comités de Gestión, como espacios de asesoramiento y colaboración dentro de los distintos consulados. Dichos comités serán conformados por representantes de las Asociaciones de Migrantes. Su colaboración se inscribirá en el marco de la salvaguarda de los derechos arriba mencionados y, en general, para la defensa de la dignidad colectiva de la emigración ecuatoriana y de cualquier compatriota ecuatoriano en situaciones de legítima defensa de sus intereses y de su honor y evitar las situaciones de trato degradante. Asimismo los Comités de Gestión velarán por el buen funcionamiento y correcto comportamiento de los agentes consulares, manteniendo a tal efecto una línea directa con los servicios exteriores de las correspondientes embajadas.
4. Otro aspecto que no puede pasar desapercibido es el relativo al marco institucional. Para empezar se requiere la creación de un ministerio o secretaria para la migración. Algo que por lo demás yo lo hizo el gobierno de Rafael Correa. En este empeño se requiere un proceso de revisión integral y radical de toda la institucionalidad existente que se caracteriza por una enorme dispersión y duplicación de entidades comprometidas y de funciones. No se está pensando en más burocracia, sino en la racionalización de la institucionalidad existente con miras a potenciar los recursos y capacidades disponibles, que ahora se encuentran dispersas.
Este esfuerzo, desde su fase conceptual, exige una activa participación de organizaciones de la "sociedad civil", especialmente de las organizaciones de emigrantes e inmigrantes dentro y fuera del país. Estamos frente a un proceso complejo por su diversidad y por sus alcances, que exigen la constitución de espacios de diálogo permanente, en un esfuerzo que deberá ser asumido a través de múltiples vías, pues el hecho migratorio no requiere sólo respuestas desde el gobierno central.
5. Todo este esfuerzo, apenas esbozado en términos gruesos en las líneas anteriores requiere de una base de legitimidad interna y externa. La primera se fundamenta en las relaciones Estado y "sociedad civil", mientras que la segunda arranca con el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos.
Si se precisa respaldar desde Ecuador a su comunidad de emigrantes, también hay que hacer esfuerzos para sensibilizar a la sociedad ecuatoriana en relación a la inmigración. Esta política debería desplegar campañas de sensibilización destinadas a la población en general, a fin de prevenir, reducir y eliminar comportamientos xenóbofos, en algunos casos, alentados por voceros policiales y medios de comunicación, que efectúan erróneas interpretaciones de las causas de la inseguridad ciudadana y la variación de los índices delictivos. La inmigración tiene que ser vista como una oportunidad para la integración regional y subregional, y no como una amenaza. Esto es fundamental.
Los inmigrantes y solicitantes de refugio colombianos proceden de un país hermano con aproximadamente cinco décadas de violencia y, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que muchas veces se encuentran más preparados que nuestros compatriotas para sobrevivir en situaciones adversas. Esto quiere decir que si el Estado y la sociedad ecuatoriana no les brindan oportunidades de integración social a largo plazo, y obstaculiza esa posibilidad, ellos buscarán abrirse paso a través de cualquier medio y esa respuesta comprensible podría generar conflictividad con las comunidades de acogida en el país. Por tales razones, la gestión y administración de los flujos de inmigrantes debería tener como objetivo la integración social, a fin de aprovechar sus habilidades y experiencias, tomando en cuenta para ello las necesidades y los requerimientos laborales en el país.
6. Para concluir, desde el gobierno cabe asumir a la emigración y la inmigración como un elemento más en las relaciones internacionales del Ecuador. Esta realidad migratoria debería ser puesta en la mesa de negociaciones internacionales, incluso las económicas. El reto es salir de un camino sin salida, y dejar de someterse a los países más ricos, quienes jamás aplicaron las políticas que hoy recomiendan a los países empobrecidos. El progreso de los países subdesarrollados no puede estar jaqueado por condiciones económicas que llevan a la población al desempleo, la migración, la informalidad y la violencia. El servicio de la deuda externa que limita las políticas sociales, o las barreras comerciales que dificultan el ingreso de productos a los mercados de los países industrializados, entre otros factores que limitan el desarrollo, deben ser integrados en la elaboración de un marco internacional que tenga al ser humano en el centro de sus preocupaciones.