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23 de octubre del 2007

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Iberoamérica
Chile

El oro y la sangre del clan Pinochet (II)


Arnaldo Pérez Guerra
La Insignia. Chile, octubre del 2007.

 

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó "en acuerdo" los amparos presentados por familiares y ex colaboradores del fallecido dictador Augusto Pinochet en el caso Riggs. La ministra Dobra Lusic redactará la resolución que se dará a conocer esta semana.

Doce de los 23 procesados por el ministro Carlos Cerda intentan "impugnar el procesamiento". Cerda los procesó el 4 de octubre como "autores de malversación caudales públicos"; según la investigación, los dineros del clan Pinochet -26 millones de dólares en cuentas repartidas por el mundo, de las que sólo han justificado 6 millones-, provenían de los gastos reservados de la Comandancia en Jefe del Ejército, de la Casa Militar y de la Presidencia de la República.

El ministro Carlos Cerda estuvo más de un año y medio fuera del caso gracias a las alegaciones y recursos judiciales presentados por el abogado del ex dictador Pablo Rodríguez -otrora creador y líder de la banda terrorista Patria y Libertad durante el gobierno de Salvador Allende-.

Las maniobras para intentar sacar al juez Cerda del caso continúan. La propia Corte Suprema encargó al ministro Cornelio Villarroel determinar si el juez incurrió en "faltas al declarar en Estados Unidos que sólo la Sala Penal del máximo tribunal se ha modernizado". Cerda fue recientemente premiado por la Fundación Gruber y la Fundación Peter, en la Universidad de Georgetown, en Washington, Estados Unidos, por sus actuaciones en casos de derechos humanos. Los familiares del ex dictador han reclamado su "inhabilitación del caso".

Cerda señaló al dictar el fallo contra el clan Pinochet y sus colaboradores más cercanos que "ojalá que la sociedad chilena tenga la posibilidad de conocer qué es lo que en verdad ha ocurrido. Estamos sometidos a un procedimiento que establece la ley y nosotros hemos seguido el camino del caso. Este es un caso que se inició en 2004, con el señor ministro Sergio Muñoz, cuando él fue promovido a la Corte Suprema y el mismo tribunal me designó para sustituirlo. (…) En el periodo que se ha podido trabajar es necesario recordar que a raíz de acusaciones de algunas defensas, en el sentido que yo habría perdido la independencia, la imparcialidad y la objetividad en esta causa, yo no podía seguir actuando como juez, esto generó que durante un año y seis meses no haya podido actuar en la causa como juez. (…) Miembros de la familia Pinochet han sido procesados porque estando acreditado, en concepto del tribunal, los copiosos antecedentes que se vierten en la resolución, la existencia del delito de malversación de caudales públicos; hay presunciones fundadas, bien justificadas, en cuanto a que a esas personas que son parientes de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, que en paz descanse, han tenido participación en ese delito. (…) A nosotros, los jueces, lo que nos interesa es que la justicia, que procuramos hacer sobre la base de lo que consideramos es la verdad, genere paz. Siempre las resoluciones de los jueces pretenden la paz y sobre la base de la verdad, por supuesto".

El clan Pinochet adquirió bienes inmuebles y creó sociedades de papel. En las cuentas del Banco Riggs figuran decenas de nombres falsos ocupados por la familia Pinochet y sus colaboradores para esconder el origen de los dineros y sus triangulaciones. El dinero proveniente de fondos reservados de la Casa Militar, la Comandancia en Jefe del Ejército y la Presidencia era enviado por la Tesorería General de la República al Banco del Estado que, desde 1980 hasta 1994, los dirigía a un banco en Canadá y, después 1994, al Banco Riggs. Parte de esos dineros "regresaban" a Chile, a través de las sociedades de papel creadas para tal efecto. También se investiga la compra-venta de armas, aviones Mirage y tanques Leopard, que habrían aportado ingentes dineros al enriquecimiento ilícito del clan Pinochet.

El ex dictador "adquirió" propiedades en Iquique, Quintero, Reñaca y Valparaíso. Su esposa, Lucía Hiriart, participó en la compra de nueve inmuebles, cinco de ellos en Las Condes, uno en Ñuñoa, dos en Viña del Mar y otro en Los Boldos, que luego fue traspasado a mano de sus hijos mediante la intervención de una de las sociedades. Según el fallo, este mecanismo fue utilizado para ocultar las operaciones y el origen del dinero.

Pinochet figuraba como dueño de algunos inmuebles. Su nombre estaba en una serie de "sociedades de inversión", entre ellas la Belview International Incorporated, inscrita en Islas Vírgenes, en 1991. Creó una filial en Chile, la Sociedad de Inversiones Belview International S.A., cuyo apoderado era Oscar Aitken Lavanchy. Funcionaba en un departamento de Ñuñoa "comprado" a Lucía Hiriart. Belview era utilizada para "comprar inmuebles". Muchas de estas compras se hacían al propio ex dictador, su esposa e hijos.

Otra sociedad, Meritor Investment, estaba a nombre de Marco Antonio Pinochet. Trilateral International Trading Limited, de Bahamas, era propiedad de Augusto Pinochet, al igual que Eastview Finance S.A., registrada en Islas Vírgenes Británicas junto a Abanda Finance Limited. Ashburton Company Limited fue inscrita en Bahamas, a nombre de Augusto Pinochet Ugarte y Lucía Hiriart al igual que Althorp Investment Company Limited. Banco Riggs abrió una cuenta de inversión a nombre de Ashburton Company. A la lista se agregan las sociedades Redwing Holding Incoporated, GLP Limited, Tasker Investment Limited, Cornwall Overseas Coporation y la Agrícola Santa Gemita, en Chile. El Banco Riggs incluso cambió la titularidad de la cuenta del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte a la de A.P. Ugarte. Al ser descubierto por una investigación del Senado norteamericano, el Riggs ya había cerrado las cuentas y girado entre cuatro y ocho millones de dólares al propio Pinochet.


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