| Mapa del sitio | |
Portada | |
Redacción | |
Colabora | |
Enlaces | |
Buscador | |
Correo |
|
|
| 26 de agosto del 2005 |
Santiago González Vallejo
No vamos a plantear nada nuevo ni extraño. Se trata de seguir los pasos históricos lógicos que se han dado en otras épocas ante la evolución de los medios de pago. En su día, los billetes nacieron como meras letras de cambio de un banquero de un burgo al corresponsal de otro para que su portador cambiase el papel por el oro o las monedas. Siendo sus emisores privados, se fue transfiriendo paulatinamente esa capacidad de aval y su control a los bancos estatales emisores. Hora es ya, creemos, para hacer lo propio con las tarjetas. Al fin y al cabo, la tarjeta es una alternativa al dinero físico.
No olvidemos que pagamos ese servicio los consumidores, aunque es liquidado por los comerciantes y los receptores del pago. No sólo porque la posibilidad de su uso requiere firmar un contrato con la entidad emisora de la tarjeta que nos cobrará 6, 12 o 24 euros anuales por la tarjeta plástica y un mínimo seguro para cubrir ciertos usos irregulares de la tarjeta por personas diferentes a su dueño. Es que, además, en cada uso de ella pagamos, vía receptor del pago, una comisión del 0,1% al 3%, e incluso más, de la cantidad transferida. El abuso, injustificado por razones de avance tecnológico, se agrava al ser los intermediarios oligopolios, Visa, Mastercard, American Express, etcétera. Encima, el peso de cada uno de ellos es bastante asimétrico con abusos de posiciones dominantes que impiden la competencia entre sí. Y esa posición dominante frente a comercios e incluso entidades financieras ha conducido, tanto a la Administración estadounidense como a la comunitaria europea, a la interposición de demandas y reclamación de sanciones por dichas prácticas. Los comerciantes liquidan los porcentajes acordados con la entidad financiera para sufragar los costes de comunicación y computación, amortización de los aparatos físicos donde se leen las tarjetas y el margen comercial, incluyendo la cuota de los dueños de la emisión de la tarjeta. Tan evidente es el abuso, la diferencia entre la suma de costes dichos y el precio que se cobra, que en los comercios grandes han intentado paliar ese coste favoreciendo la emisión de sus propias tarjetas y las entidades financieras fidelizar con descuentos por su uso y que ponen al descubierto los pingües beneficios de todos los intermediarios. En nuestro país, desde el Parlamento se ha presionado y se han producido ciertos intentos de reducir como máximo al 3% la comisión a los comercios y a partir de ahí, dejar a las partes (asimétricas) negociar. Pero no ha habido una gran presión efectiva dado que en nuestro país se cobran generalmente comisiones superiores a las que se realizan en otros países europeos. Ante el rechazo monopolista de los Servired, Euro 6000 y 4B a modificar la tasa que cobran a los comerciantes y los alegres beneficios de las entidades financieras por seguir con ese mercado cautivo, es conveniente que la ciudadanía responda. La realidad es que se está aceptando pagar y transferir a empresas privadas por un servicio fedatario (se tiene o no dinero en tu cuenta de ahorros) cuando tecnológicamente se puede solventar y hacer que el Banco Central Europeo (¿al servicio de quién está?) tenga el poder de emisión del dinero y de emitir a cada ciudadano un carnet-tarjeta de débito avalado por los activos líquidos de ese mismo ciudadano. Otra cosa es que el Parlamento Europeo no pueda obligar a dicho banco realizar esta labor. Lo lógico sería, igual que se pasó en la Baja Edad Media de la moneda al billete y en la moderna al monopolio público de emisión, convertir a nuestros bancos centrales en tecnológicamente emisores de dinero con tarjetas de chip electrónico, aprovechando la obligación de que a partir del año 2008 en Europa las tarjetas han de pasar de banda magnética a chip, sirviendo mejor al ciudadano. |
|
