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19 de abril del 2008

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Iberoamérica
Paraguay

Los campesinos no creen en las promesas electorales


Rosalía Ciciolli
Sirel / La Insignia. Paraguay, abril del 2008.

 

El sector rural se debate entre la pobreza más extrema, el avance descontrolado de la soja transgénica y la consecuente contaminación con agrotóxicos que trae aparejada. Esta situación se agrava año tras año. Los campesinos calcula que el área sojera llegará a cubrir 6 millones de hectáreas en dos años más. Este cultivo originó un considerable aumento de la emigración rural hacia las ciudades y aumentó los bolsones de pobreza urbanos. Frente a ello, los gobiernos colorados de los últimos 20 años sólo mostraron una actitud indiferente y represiva. ¿Cambiará la situación con el próximo presidente? Los dirigentes campesinos se mostraron poco optimistas al respecto.

La realidad social y rural que deberá enfrentar el próximo titular del Poder Ejecutivo incluye la pobreza extrema, que afecta al 19,4 por ciento de la población, y la pobreza que alcanza al 35,6 por ciento de un total de 6 millones de habitantes, según cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censo (DGEEG).

El próximo presidente de la República también tendrá que asumir el acelerado incremento, en los últimos dos años, de la migración de paraguayos a España y Argentina en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Se estima que unos 500.000 compatriotas viajaron a estos países -unos 100.000 a la península ibérica, sólo en los últimos dos años-. Además, el que ocupe el sillón del Palacio de los López deberá poner freno a la creciente migración de los productores campesinos a los centros urbanos, quienes se ven obligados a abandonar sus tierras ante el avance indiscriminado y descontrolado de la soja transgénica, cuyo nivel actual de cultivo se calcula en 3 millones de hectáreas, lo que va en detrimento de la producción agrícola tradicional y, por tanto, de la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Otros aspectos urgentes por resolver tienen que ver con el deficiente acceso de la población a la salud y la educación.

La opinión de los agricultores

Algunas organizaciones que agrupan a los labriegos, como la Federación Nacional Campesina (FNC), mantienen una posición dura frente a las próximas elecciones presidenciales, instando a los campesinos al voto castigo (escribiendo reivindicaciones en las papeletas de voto), como una forma de repudio a las deficientes políticas implementadas durante los sucesivos gobiernos de los últimos 20 años.

Otros sectores campesinos agrupados en la Organización Nacional Campesina (ONAC) o la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) muestran una postura más conciliadora, presentando demandas concretas al próximo gobierno, que contemplan un mayor desarrollo rural, más viviendas, mejor hábitat y equidad de género.

Los lineamientos presentados por estos grupos rurales incluyen la definición de políticas que rescaten y fortalezcan el modelo de la finca rural familiar campesina con un enfoque agroecológico, la participación de la mujer y el joven como protagonistas del desarrollo, fortaleciendo su liderazgo y participación activa, y la modificación de las leyes consideradas discriminatorias hacia las mujeres.

Otros dirigentes del sector, como Belarmino Balbuena, del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), decidieron que pueden contribuir a la lucha reivindicatoria rural ocupando una banca en el Parlamento, por lo que aspiran a ser elegidos el 20 de abril. Balbuena, candidato a diputado, indicó que su agrupación llegó a la conclusión que los sucesivos gobiernos nacionales siguen manteniendo una deuda histórica con el sector rural, sobre todo por la ausencia de una reforma agraria integral. "Ese es el principal factor que profundiza la crisis económica y social por la que atraviesa el país. La propuesta que presentamos es la democratización del Presupuesto General de Gastos. Vamos a realizar leyes para recuperar tierras mal habidas, que representan más de 12 millones de hectáreas de propiedades", manifestó el dirigente campesino a un medio escrito local.

En cambio, el dirigente Odilón Espínola, de la Federación Nacional Campesina (FNC), se muestra más radical y afirma con énfasis ya no creerles a los candidatos presidenciales que siempre realizan las mismas promesas y después nunca las cumplen. Aseguró que las propuestas presentadas por éstos forman parte de un mero discurso electoral que, una vez elegidos, se convierte en letra muerta.

"El eje de la reforma es el latifundio, esa es una de las principales causas de la miseria en que está sumido el país. También rechazamos la sojización del campo paraguayo, en detrimento de la agricultura tradicional, así como la agroexportación, profundizada a través de los cultivos extensivos de la soja", se quejó el líder campesino a un medio informativo local.

La FNC sigue rechazando en forma categórica el crecimiento económico nacional basado en el modelo agroexportador de la soja, por no contribuir con el desarrollo del país, al no generar valor agregado manufacturero ni utilizar mano de obra. "Existe una agricultura mecanizada, sin agricultores, lo que implica menos mano de obra agrícola; menos trabajo para el campesino y más migración del campo hacia la ciudad, en busca de oportunidades que nunca se presentan", subrayó Espínola.

Radiografía de la situación agraria

El próximo Presidente de la República tendrá que hacer frente a una situación muy poco auspiciosa en el sector rural, sobre todo, teniendo en cuenta que la economía nacional se basa, casi con exclusividad, en la producción agrícola y ganadera, por lo que tendrá que lidiar con los múltiples conflictos que aquejan al sector campesino en general.

Una radiografía de esta situación, elaborada por la Mesa de Desarrollo Sostenible, conformada por organizaciones sociales y campesinas, indica que a casi 20 años de transición democrática en el país los campesinos siguen teniendo un acceso limitado a la propiedad. Este organismo afirma que unos 250.000 pequeños productores controlan el 6 por ciento de la superficie agrícola (entre 3 y 20 hectáreas). En contrapartida, el 1 por ciento de los grandes propietarios rurales concentra el 77 por ciento de las tierras.

El sector campesino tradicional cuenta con 1.500.000 personas: "Estos labriegos representan un sistema de producción, un modo de vida, y por consiguiente una de las facetas más importantes de la identidad cultural y social del país", sostiene la Mesa de Desarrollo Sostenible. Ante esto, la lucha por la reforma agraria adquiere hoy igual urgencia y legitimidad que antes, por el avance incontrolable del capitalismo agrario sobre la agricultura tradicional, que trae aparejada mayor migración del campo a la ciudad, "que no es más que el traslado de la pobreza campesina a los sectores urbanos, lo que ocasionará nuevos problemas y agravará otros, donde el resultado negativo radicará en el mayor deterioro de la condición de vida y la seguridad de la población rural. Por consiguiente, la reforma agraria sigue siendo una necesidad histórica que beneficiará no solamente al sector campesino, sino al conjunto de la sociedad paraguaya", indica el informe de la Mesa.

Al avance de la sojización de la agricultura se suma el nuevo proyecto del agrocombustible, orientado a satisfacer la demanda de los países del primer mundo, lo que está convirtiendo a la agricultura en un agronegocio, es decir, en un medio más para la acumulación de riqueza sin tener en cuenta los daños sociales y ambientales que ocasionará al país, al no existir una política de Estado que garantice la coexistencia de ambos modelos agrícolas. "De lo contrario, irá en desmedido aumento la desaparición de comunidades campesinas y la invasión de tierras indígenas por empresarios sojeros", asegura el documento social.

La población rural en Paraguay en 1982 alcanzaba el 57 por ciento, en 1992 llegaba al 47 por ciento y en 2002 al 43 por ciento. Esta notable disminución trae aparejado el debilitamiento de la cultura campesina, la descomposición social y el consiguiente aumento del desempleo y la desigualdad social, critica el informe.

Si esta tendencia continúa, en diez años más, la población rural disminuirá en un 57 por ciento, con lo que en 2022 el 20 por ciento del total de la población urbana provendrá del sector rural.

Propuestas electorales para el campo

Los presidenciables mejor posicionados en las encuestas, Blanca Ovelar y el ex obispo Fernando Lugo, tienen muchas coincidencias en las propuestas electorales para el sector agrario. Así, mientras Ovelar plantea facilitar el acceso al título de propiedad y distribuir nuevas tierras a 20.000 familias campesinas no propietarias en asentamientos con infraestructura básica, Lugo asegura que priorizará la recuperación de las tierras mal habidas y la legalización de los asentamientos. El candidato opositor también sostiene que impulsará la reforma agraria, como eje fundamental para alcanzar el desarrollo agrario y rural integral, con políticas incluyentes, que contemplen planes para la agricultura, ganadería, acuicultura y la explotación forestal.

Ambos presidenciables también coinciden con que la reactivación económica del país debe, necesariamente, pasar por la reorientación de la política agropecuaria paraguaya. Lugo propone la implementación del seguro agrícola, asociado al crédito que el campesino haya obtenido por cualquiera de los organismos existentes, lo que permitirá en circunstancias adversas que cumpliera con sus compromisos financieros. Al mismo tiempo, promete que su administración cubrirá las pérdidas causadas por fenómenos climáticos hasta dos tercios de la deuda.

Mientras que la aspirante colorada propone el Seguro Agrícola para la Agricultura Familiar Campesina basado en la zonificación de la producción, épocas de siembra adecuadas y la utilización de semillas certificadas. Lugo pone énfasis en la reducción gradual y la eliminación de los latifundios improductivos, aspecto que cayó bien entre las organizaciones que agrupan a los labriegos.

El ex militar Lino César Oviedo apunta, en tanto, a la ocupación territorial del Chaco paraguayo, que por las condiciones del terreno resulta más apta para la producción ganadera que agrícola. Sin embargo, asegura que puede llegar a implementar en este territorio árido y seco actividades productivas sustentables, estimulando el desarrollo de la producción agropecuaria y agroindustrial en la Región Occidental, y promoviendo la ocupación de este territorio, de gran importancia estratégica para el país.

Pedro Fadul sostiene que el sector rural requiere una estrategia de desarrollo que incluya algunos aspectos como la mayor participación de la sociedad rural en las definiciones de la política pública, una capacitación efectiva y mayor autogestión de los campesinos, cooperación para el fortalecimiento de sus organizaciones (agremiación, cooperativización), y una cooperación en la búsqueda de alternativas productivas y comerciales más rentables y favorables para los pequeños productores.

Frente a estas propuestas políticas se encuentra un sector campesino organizado, pero aún débil para conseguir el cumplimiento de las promesas estatales. Si bien en estos 20 años de transición democrática el sector rural alcanzó un alto grado de organización, sus propuestas y peticiones siguen siendo ignoradas e incumplidas por los ocupantes de turno del sillón presidencial. ¿La nueva administración marcará la diferencia para los campesinos?. Quién sabe... Lo cierto y concreto es que los labriegos tampoco se muestran muy esperanzados de que así sea, aunque esa desesperanza no implicará que bajen los brazos, dijeron, y manifiestan que con las marchas campesinas realizadas en forma anual en Asunción y las ocupaciones de tierras no explotadas por los latifundistas, seguirán llamando la atención ciudadana y reclamando sus derechos. Sólo así, alegan los dirigentes campesinos, evitarán que impere la tendencia agroexportadora, implantada por las grandes transnacionales en el sector rural, ante la ausencia de una política de Estado al respecto.

 

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