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| 8 de septiembre del 2005 |
Joaquín Arriola
De próxima publicación en Noticias Obreras (España)
Una de las características de la clase política que gobierna en España es su falta de voluntad convertir en temas de debate político todo lo que afecta a los trabajadores y sus condiciones de vida. Uno de esos temas es el gasto social, y en particular el gasto sanitario. Hay que señalar que este último ha aparecido en el debate no en sí mismo, sino como un problema fiscal, de déficit público.
Lo cierto es que en España nunca se ha consolidado un verdadero Estado de bienestar, al estilo del que disponen los países de Europa occidental. Los cuarenta años de dictadura siguen pasando factura, a pesar de la desmemoria colectiva, y los años perdidos en el desarrollo democrático se traducen en veinte años de atraso social. El estado de bienestar significa el establecimiento de un sistema de protección social que evita que la población pueda caer en situaciones de pobreza absoluta. En su origen, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, fue concebido como un sistema de protección frente al avance del comunismo, y surge de la constatación de que el mercado es un mecanismo que asigna los recursos de forma cada vez más desigual. Las leyes del mercado obligan a una centralización y concentración cada vez mayor del capital, es decir del poder, y por lo tanto del disfrute de la riqueza. Para evitar que el mercado conduzca a una explosión social, se establecen desde el estado un conjunto de redes sociales de protección, en forma de sistemas de salud, ayudas familiares, prestaciones por desempleo, pensiones de jubilación, atención a los ancianos y discapacitados... una característica de estas redes es que tienen carácter universal, es decir que se aplican a todos los ciudadanos independientemente de su capacidad de pago. Por lo tanto, no pueden ser suministradas por el mercado, que se caracteriza por discriminar en función del dinero de que dispone cada persona. El estado se va a hacer cargo del suministro de estos servicios, y para ello va a detraer del mercado una cantidad sustancial de dinero, que va a gestionar con criterios de servicio público, de rentabilidad social a largo plazo, y no de rentabilidad mercantil de corto plazo. Mediante impuestos, cotizaciones sociales e ingresos de empresas públicas, los gobiernos de los países de Europa occidental en los cuales se ha desarrollado el Estado de Bienestar recaudan de esta forma entre el 40 y el 60 por ciento de la renta generada cada año (el PIB), para distribuir una parte sustancial de la misma en forma de prestaciones sociales (el resto se destina a las otras cosas que hace el estado: ley y orden, infraestructuras y enseñanza, principalmente).
Los ingresos públicos en España en 2004 fueron el 38,4% del PIB, un porcentaje que no permite desarrollar todos las prestaciones sociales propias de un Estado del Bienestar. Para ver cual es la situación en España de las prestaciones sociales por un lado y de los impuestos y las cotizaciones sociales por otro, vamos a realizar una comparación con los otros países del espacio monetario del euro, pues al compartir una misma moneda la economía española está en proceso de fusión con estos países -la llamada "Europa de las dos velocidades" es por tanto una realidad desde 1999. El esfuerzo que se realiza en España para financiar las prestaciones sociales equivale a dos tercios de la media de Eurolandia: la media se sitúa cerca del 30% del PIB, y en España en un 20%.
La razón más importante de este desfase es el menor peso del Estado en España, en particular, los menores impuestos y cotizaciones sociales: en la eurozona, más del 40% del PIB se transfiere al Estado en forma de impuestos y cotizaciones sociales, y en España, menos del 35%. Esos más de cinco puntos de diferencia significan por ejemplo que España mantiene en el mercado el equivalente a 45.000 millones de euros que, con un sistema como el europeo, estarían en manos del Estado y eventualmente podrían incrementar las prestaciones sociales disponibles (con una estimación del PIB para 2005 de algo más de 900.000 millones de euros, que he calculado proyectando los datos comparativos aportados por el INE 2005/2004 para el primero y segundo cuatrimestres). Por tanto, si el esfuerzo que representa la financiación de la sanidad española es solamente tres cuartas partes de la media europea, y si las camas hospitalarias disponibles son la mitad de la media europea, es porque en España se destina una parte menor de la renta generada a la sanidad que en el resto de la Europa del bienestar. Y ello es así porque en España se recaudan menos impuestos y cotizaciones sociales que en el resto de Eurolandia, y además se destina una parte menor de dichos impuestos a gastos sociales: el 59%, frente al 68% de media. A mayor abundamiento, hay que señalar que en los últimos años, mientras en el resto de Eurolandia se dedica un mayor porcentaje de los impuestos al gasto social, en España este porcentaje disminuye, como se puede observar en los datos de la siguiente tabla.
Así cuando el PSOE pretende convencer a los ciudadanos de que pagar menos impuestos es progresista, intenta pasar de 'macuto' su ideología neoliberal. Mientras no se alcance el umbral mínimo de cobertura social -y un país con ocho millones de pobres, con un 28% de pensionistas en situación de pobreza, está lejos de haberlo alcanzado-, lo progresista es pagar más impuestos y, sobre todo, que paguen más impuestos quienes tienen capacidad para ello. Para lograr ese objetivo, que no es pagar más impuestos sino convertir el Estado del 'medioestar' español en un Estado del bienestar homologable, hay que homologar primero la situación fiscal.
El cuadro anterior nos informa que la diferencia de recaudación fiscal entre España y la media de la eurozona equivale a una menor recaudación de dos puntos del PIB en impuestos indirectos, dos puntos en impuestos directos y dos puntos y medio en cotizaciones sociales. Si desagregamos cuales son los principales impuestos en los que la presión fiscal es más reducida en España respecto a la media de Eurolandia, encontramos en el periodo 2001-2003 los siguientes:
- en el IVA, España tiene una recaudación inferior a la media de aproximadamente un 1% del PIB (unos 9.000 millones de euros en 2005) Con estos datos se deduce que una mejor inspección fiscal sin subida de impuestos permitiría situarnos en la media comunitaria en esfuerzo fiscal por IVA e impuesto de la renta y recaudar 20.000 millones de euros. Si además se quiere aumentar la presión fiscal para recaudar más, los más adecuados son ciertos impuestos indirectos sobre el capital (propiedad inmobiliaria, transacciones financieras) los más adecuados, que permitirían obtener otros 10.000 millones de euros de recaudación. En un primer vistazo, puede parecer que las cotizaciones de asalariados son la principal diferencia con Eurolandia en materia de esfuerzo fiscal. Pero aquí juega otro factor diferencial: los salarios, que en España son sustancialmente más reducidos que en Eurolandia.
Una de las características de la unión monetaria es que los precios se aproximan a gran velocidad entre las distintas regiones participantes. Ello explica en parte el diferencial de inflación entre España y la media de Eurolandia. Pero hay un precio que sigue sometido a las condiciones de los mercados fragmentados por las legislaciones nacionales. Es el precio de la fuerza de trabajo, que lejos de converger, se mantiene vinculado a las condiciones laborales específicas cada país. En España la mayor parte de los salarios son salarios de subsistencia, es decir, que una vez deducidos los gastos de supervivencia física y social (alojamiento, comida, transporte y comunicaciones, energía, vestido, etc.) a los asalariados no les queda ni un euro. Y en muchos casos, cubren con precariedad algunas de esas necesidades básicas. Es por ello que no se puede incrementar la presión fiscal sobre los asalariados, sin poner en riesgo las condiciones actuales de vida de una parte sustancial de la población española. Sólo un aumento de los salarios puede permitir aumentar la presión fiscal sobre los asalariados, sea en el impuesto sobre la renta, las cotizaciones sociales o los impuestos al consumo. Pero para incrementar sustancialmente los salarios, hay que producir cosas que se puedan vender a mayor precio que las naranjas, el vino o los servicios turísticos, que es lo que produce nuestro país, además de casas y obras públicas. Por lo tanto, el problema fiscal de fondo está vinculado al nivel de desarrollo de nuestro país, el cual se ve limitado por el retraso tecnológico, el cual está alimentado, además de por las circunstancias históricas, por el elevado nivel de beneficios que obtiene el capital en España respecto a la media europea. Es este un problema estructural que nos llevaría a reflexiones que dejamos para otro momento. En todo caso, subrayo para terminar que en impuestos especiales (gasolina, alcoholes y tabaco) España recauda un 0,5% del PIB más que la media de Eurolandia (equivalente a unos 4.500 millones de euros en 2005). Por si quedaba alguna duda del despropósito del gobierno central, que no sólo está de acuerdo en afirmar que existe un déficit de financiación específico de la sanidad (¿por qué no en el ejército, las cárceles, el sistema judicial o las facultades de derecho? Respuesta: porque en España nadie está pensando en privatizar la ley) sino que pretende "cubrirlo" gravando la energía y el transporte, es decir, elevando el coste de la vida a todos los españoles, y proporcionalmente más a quienes menos tiene. Como suele decir el líder del PP, es "de libro". |
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