Javier Ponce: EL TLC y el fin de los campesinos

La agricultura es la cuestión clave de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos se niega a renunciar a los subsidios que entrega a sus agricultores por un valor superior varias veces a toda nuestra deuda externa. Este tema, además, divide a los ecuatorianos, entre los grandes exportadores favorables al TLC y los campesinos que desaparecerán cuando se abran las fronteras, con la pérdida de cientos de miles de empleos. Ya existe el ejemplo de México. Está probado que la producción campesina es más cuidadosa del medio ambiente y tiene bajos costos de producción. Sin embargo, los productos norteamericanos han recibido tanto subsidio y apoyo tecnológico durante tanto tiempo, que han alcanzado niveles imposibles de contrarrestar en países como el Ecuador, que carece de toda política de apoyo a la producción de alimentos.

La agricultura es el tema más preocupante en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio TLC, porque significa el ingreso, libre de impuestos, de todo tipo de alimentos.

En primer lugar, es preocupante por que en la agricultura queda al descubierto el doble discurso norteamericano: exigir a los demás libre mercado, pero subsidiar al interior del país a sus agricultores. Además, los Estados Unidos se han especializado en inventar argumentos fitosanitarios para bloquear el ingreso de productos. Pero a ellos no les gustarían nuevas normas y controles que disminuyan su capacidad de exportación de una producción afectada por enfermedades. ¿Qué tal si se ponen controles al ingreso de carne, a propósito de la enfermedad de las "vacas locas"?

En segundo lugar, porque dentro de nuestros países el tema de la agricultura divide a los productores en dos grupos: los dedicados a la exportación que apoyan al TLC; y los que sostienen el consumo interno, generalmente pequeños y medianos agricultores, que serían desplazados por las importaciones de alimentos.

En materia de empleo y salarios, Sandra Polaski (2004), ex funcionaria del Departamento de Estado de los EE.UU., afirma que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN " ha producido una ganancia neta decepcionantemente baja en materia de empleo en México". Y agrega que "los salarios reales para la mayoría de los mexicanos son más bajos hoy, que cuando el TLCAN entró en vigor".

Entre 2002 y 2004, los puestos de trabajo creados por las maquiladoras han descendido de 800 mil a 500 mil, y los salarios en ese sector son un 40% menos que los vigentes para el sector manufacturero en México; y los trabajadores de las filiales norteamericanas en México ganan 75% menos que los empleados en los EE.UU.

En la agricultura han desaparecido 1,3 millones de empleos, con el escándalo de lo ocurrido con el maíz, un producto histórico que ahora México lo importa de los Estados Unidos. El 70% de la población mexicana está bajo la línea de pobreza, se estima que 25 millones de mexicanos viven en la pobreza extrema, 15 millones han emigrado del campo a la ciudad y el 60% de los niños padece desnutrición. Para los agricultores mexicanos, las únicas áreas beneficiadas por el Tratado de Libre Comercio han sido las de hortalizas y frutas, que representan el 8,4% de la superficie sembrada y están bajo control, en gran medida, de grandes empresas nacionales y norteamericanas. Mientras tanto, el grueso de la producción agrícola, pecuaria y forestal, ha sido sacrificada, en especial la producción de granos básicos que ocupa el 71% de la superficie agrícola y a la que se dedican 3.2 millones de agricultores. Este momento, hasta la harina para las célebres tortillas está en manos de empresas norteamericanas. Una sola empresa controla el 70% del mercado.

El TLC acaba con el empleo rural

Pensemos que sólo el maíz duro representa en el Ecuador 251 mil empleos directos; el ganado vacuno 426 mil y el ganado porcino 323 mil; y estamos hablando de tres productos que no podrán competir con los similares importados libremente desde los Estados Unidos, con el TLC. Muchos miles de puestos de trabajo van a perderse. Hay algo más: la producción de alimentos no solo es tema vinculado al mercado. La agricultura, además de ser una actividad de producción y venta, permite que los campesinos cumplan con otras funciones necesarias para el bienestar de la sociedad.

A través de la agricultura:
Se puede asegurar una oferta agrícola de acuerdo a las necesidades y la economía popular.
Se construye una cultura andina.
Se crean empleos.
Se protege el medioambiente.

Una producción agrícola controlada por el gran capital, nacional o extranjero, no tiene otro principio que el de obtener las mayores utilidades posibles. No importa si en el proceso arrasa con la naturaleza. Ya hemos sufrido en el Ecuador de esta plaga en el caso de la explotación maderera. La finca campesina, en cambio, combina la producción de aquello que es para la venta, con lo que es para el autoconsumo. Por tanto, no cae en el peligro de depender de la producción en masa de una sola cosa, con uso intensivo de fertilizantes y pesticidas, y afectando profundamente a la tierra y el medio ambiente.

Se ha probado, además, que la agricultura familiar puede ser más eficiente y barata que la agricultura empresarial. Porque aprovecha mejor los pocos recursos disponibles, no utiliza tantos químicos que son importados, tiene una flexibilidad mayor que le permite resistir mejor a las crisis (sequía, mala cosecha, plagas, etc.), compensa con unos productos los problemas que tenga en otros. La producción campesina es socialmente justa pues crea empleo.

Con los argumentos hasta aquí expuestos, no queremos decir que los campesinos ecuatorianos que producen con costos más bajos, puedan realmente competir con los agricultores norteamericanos. Es imposible que eso ocurra, si los segundos vienen recibiendo ayuda estatal acumulada a lo largo de decenas de años, consistente en subsidios y apoyos tecnológicos. Los subsidios norteamericanos alcanzan varias veces el monto de nuestra deuda externa y favorecen precisamente a los productos que el Ecuador debería mantener con protección: trigo, maíz, arroz, grano de soya, azúcar, leche, aves. No es posible competir en esas condiciones.

Tomemos el caso de un productor de cereales de los Estados Unidos: puede trabajar sin contratar mano de obra, sus cien hectáreas, y cosechar quinientas toneladas por hectárea. Mientras tanto, un productor andino de nuestros países, ocupando su mano de obra pero en una tierra desgastada, y sin acceso a servicios, ni a créditos baratos ni a vías de comunicación, en el mejor de los casos logra producir cinco toneladas. Es decir, el productor andino produce cien veces menos que el productor estadounidense.

Si el TLC abre los mercados del Ecuador en condiciones tan desiguales, significará que el TLC equivale a negar el derecho a vivir a los campesinos. Y tampoco basta con que se supriman los subsidios en los Estados Unidos, porque la enorme distancia entre los agricultores de uno y otro país ya ni siquiera depende de los subsidios.

Defendamos el derecho a tener políticas agrarias

Para defender nuestra agricultura, es necesario mantener el derecho de protección de los mercados internos, a través de aranceles y de medidas de control y protección de la producción nacional. Es necesario defender el mecanismo de las franjas de precios, lo que quiere decir precios que aseguran un cierto grado d e protección a lo nuestro; y crear una política que ayude al productor a encontrar mejores tecnologías y productos más competitivos.

Se deben mantener precios agrícolas más altos para los productores; y el dinero proveniente del cobro de aranceles debe utilizarse para ayudar a reactivar el consumo de los sectores más humildes, para financiar políticas a favor de la pequeña agricultura productora de alimentos. En síntesis, se trata de:

Defender el derecho a mantener los precios agrícolas con aranceles.
Fomentar un mejor acceso al financiamiento para los pequeños productores, con políticas de subsidios y de acceso al crédito, incluso para efectos de la búsqueda de nuevos productos para el mercado.
Plantear una política para fomentar el acceso a la tierra para los productores familiares (individualmente o a través de propiedades colectivas o de territorios comunales), y medidas de conservación de los recursos naturales.
Tener una política de investigación a favor de la pequeña producción: tecnología apropiada, rescate de semillas y aprovechamiento de la biodiversidad, etc.

En vez de impulsar estas medidas ¿qué tenemos en el país?

No existen políticas agropecuarias, y los programas de desarrollo rural se abandonaron hace más de una década.
Las autoridades del sector agropecuario carecen de programas.
El Ministro de Agricultura y Ganadería parecería estar sentado en el ministerio únicamente para arreglar los conflictos entre productores y exportadores del banano… y después caerse.
No existen políticas ambientales y sociales para ajustar a ellas la producción.
No hay políticas nacionales para reducir la pobreza ni para garantizar una seguridad alimentaria.
La fragilidad de nuestros productos de exportación y los problemas de competitividad de nuestros productores, sometidos a negociaciones de libre mercado desiguales, vuelven al Tratado de Libre Comercio incierto y peligroso.

Para finalizar, recordemos las palabras, nada menos que de John Maynard Keynes, uno de los más destacados tratadistas de economía de Occidente, pronunciadas en 1933: "Los procesos agrícolas tienen raíces profundas, ellos mismos encuentran soluciones lentamente, son resistentes al cambio y desobedecen a un orden administrativo, y a pesar de ello son delicados y frágiles, cuando han sufrido daños, no se recuperan con facilidad...." No se trata, por tanto, de abrirnos al mercado y que allá el diablo cargue con los campesinos.