12 de octubre del 2007
Las Naciones Unidas en Haití:
Problemas y soluciones
Texto y fotografías: Bárbara Meo Evoli
La Insignia. Haití, octubre del 2007.
Haití.- El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, se declaró el primero de agosto a favor de la prorroga de 12 meses de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Luiz Carlos da Costa, representante especial adjunto para la Misión, sostuvo que esta necesitará por lo menos cuatro años más para lograr sus objetivos. El Consejo de la ONU votó a favor de la prorroga de la MINUSTAH: 12 meses más de presencia en territorio haitiano. La comunidad internacional ha confirmado su apoyo a dicha misión, por la cual el presidente haitiano René Preval había abogado en la sexagésima segunda Asamblea general de la ONU.
Más de tres años después del despliegue en el país de la fuerza multinacional, la prorroga de una Misión que cuesta más de 500 millones de dólares al año sólo se puede justificar con resultados concretos para Haití. Según la resolución 1529 (2004) del Consejo de Seguridad de la ONU, la misión tiene como finalidad: "garantizar la paz y conseguir la estabilización del país". ¿Se han logrado estos objetivos?
Para dar una respuesta a la pregunta es necesario diferenciar la capital de las provincias. Puerto Príncipe, antes y después de la intervención de los militares de la ONU, ha sido el lugar donde se concentraba la mayoría de las bandas armadas, además de una pequeña región del norte (Gonaïve). De hecho las provincias nunca registraron altos niveles de violencia. Sin embargo, la capital ha sido escenario de la lucha violenta entre las bandas a favor y en contra del ex presidente Jean-Bertrand Aristide. Con la perdida del apoyo de parte de los que lo habían votado, el entonces presidente fue derrocado en febrero del 2004 por un golpe de Estado protagonizado por rebeldes haitianos apoyados por la oposición y los paramilitares del periodo de la dictadura de Raoul Cedras (1991-94) y de los Duvalier (1957-86). Joanny de Matteis, vicecónsul honorario de Italia en Haití, afirma que en su oficina en Puerto Príncipe (Av. Haile Selassie 28) se reunieron, antes de que Aristide renunciara formalmente, André Apaid, líder de la oposición haitiana, y Colin L. Powell, entonces secretario de Estado de EEUU.
Según la encuesta llevada a cabo en Puerto Príncipe en junio de 2007, el 95% de los entrevistados afirmaron que el nivel de seguridad mejoró a partir de febrero del mismo año, cuando la MINUSTAH llevaba ya dos años en el país. La pregunta que se hacían los mismos haitianos era entonces por qué, con semejante presencia militar, los efectos reales en la estabilización se vieron tan tarde, o sea, al cabo de dos años.
Hoy en día los niños no están encerrados en sus casas, los jóvenes han vuelto a salir hasta la madrugada y el miedo a los secuestros generalizados ya no es el mismo: su número ha disminuido drásticamente a lo largo de este año (desde 42 casos en enero a 6 en junio). La vida de los haitianos parece haber vuelto a la normalidad comparada con la situación de diciembre del 2006, cuando la capital sufrió el azote de las bandas que actuaban sin ningún objetivo político y llegaron a secuestrar un autobús escolar entero, lo que determinó la decisión de la autoridad de cerrar anticipadamente los colegios.
Según datos del Hospital de la Universidad de Puerto Príncipe, de los 721 asesinatos sufridos en la capital entre enero y noviembre del 2006 se ha pasado a menos de la mitad en lo que va de año. Hay que tener en cuenta que, hasta diciembre del 2006, el gobierno de René Préval, en vez de atacar militarmente las pandillas, intentó negociar con ellas para que entregaran las armas. El canje propuesto por la autoridad preveía que con la entrega del arma su posesor se sometiera a un proceso judicial, con la promesa de integrarse después en la sociedad. Pero las bandas armadas pedían inmunidad, dinero y visas para viajar al extranjero. El gobierno se negó rotundamente a pactar bajo esas condiciones y autorizó la intervención militar de la MINUSTAH en los barrios mas castigados de la capital.
Actualmente la MINUSTAH ha arrestado a la mayoría de los jefes de las bandas, lo que sin duda ha ayudado a estabilizar el país. Pero el 80% de los haitianos entrevistados se pregunta si los resultados conseguidos serán duraderos.
Los presuntos delincuentes fueron arrestados en la mayoría de los casos sin armas, con lo que cabe la posibilidad de que que la Justicia no pueda condenar a muchos de los imputados por falta de pruebas. Se calcula que en la capital hay alrededor de 250.000 armas en manos de bandas de facciones distintas. Armados están: el movimiento Lavalas, que lucha para la vuelta al poder del ex presidente Aristide, bandas que no pertenecen a ningún partido político y se financian a través de secuestros, extorsiones, trafico de drogas y asesinatos, y gran parte de los privilegiados que viven atrincherados en las alturas de la capital y que promovieron el golpe de Estado del 2004.
Ante el fracaso de la estrategia que se había seguido hasta entonces, Alix Fils Aimé, presidente de la Comisión nacional para el Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNDDR), anunció en junio un cambio del programa de la ONU dirigido a la reinserción en la sociedad de miembros de bandas que habían depuesto las armas (el DDR). El plan no tenía en cuenta la realidad haitiana y se fundamentaba en las experiencias de Sierra León y Liberia, dos conflictos armados donde los grupos rebeldes implicados habían pactado la paz y convenido en dejar las armas. El DDR prácticamente se limitaba a dos acciones: el desarme voluntario y el desarme forzado de personas descubiertas en los controles con armas no registradas. En ambos casos, el programa ofrecía un curso de formación profesional o un microcrédito para facilitar la reinserción social.
De hecho, hubo varios casos en que participantes del programa DDR fueron arrestados mientras cometían un delito; dichos sujetos poseían y utilizaban armas mientras gozaban de los privilegios por haber entregado, supuestamente, esas mismas armas. La MINUSTAH reconoció la ineficacia del DDR y lo convirtió en el plan de Reducción de la Violencia Comunitaria (RVC), vigente en la actualidad, que centra su acción en la prevención y sensibilización comunitaria de la violencia.
Analizando las zonas más castigadas de Puerto Príncipe, se observa que la MINUSTAH está presente desde el año 2005 en Cité Soleil, zona donde antes de la intervención ni la policía nacional ni las autoridades tenían acceso. A principios de la década de 1990, Cité Soleil era la sede principal del movimiento Lavalas que, después del golpe de Estado, pedía la vuelta de Aristide; a partir del 2003, debido al incumplimiento de sus promesas electorales, el movimiento político se descompuso y muchos de los integrantes del movimiento armado se convirtieron en gángsters.
Hoy en día, el alcalde, Wilson Louis, ha vuelto a trabajar en la sede municipal en el centro del barrio; los niños han vuelto a la escuela; los habitantes que habían huido han regresado a sus casas y los barcos han vuelto a salir del puerto a pescar. No se puede negar que la presencia de los militares de la ONU ha contribuido a la pacificación de la Cité.
Pero ¿a qué precio? Según datos de Médicos Sin Fronteras, que trabaja en el hospital Saint Catherine, ubicado en el centro del barrio, sólo en julio del 2005 se produjeron 60 muertos por los enfrentamientos entre MINUSTAH y los grupos rebeldes. Entre diciembre del 2005 y enero del 2006 hubo 106 heridos por balas, de los cuales el 60% fueron civiles. En diciembre del 2006, cuando los militares de la ONU empezaron las últimas operaciones detinadas a ocupar determinadas bases de las bandas, hubo 47 heridos por balas, de los cuales el 10% fueron civiles. Las últimas acciones se dirigieron entonces a objetivos estratégicos y superficies previamente delimitadas; por eso causaron menores "daños colaterales", es decir, victimas entre la población civil.
Además de la zona mencionada, la MINUSTAH consiguió establecer una base militar permanente dentro de Martissant, otro barrio de la capital considerado en riesgo de convertirse en una nueva Cité Soleil. En este barrio, ubicado en un cerro del sur de Puerto Príncipe, la fuerza de la ONU dirige un patrullaje conjunto con la policía nacional haitiana (PNH), lo que ha significado una disminución de la violencia. Según la MINUSTAH, la población ha colaborado con los soldados otorgándoles información valiosa sobre los miembros de cinco bandas no vinculadas con partidos políticos.
Según la encuesta, el 70% de la población haitiana entrevistada, aunque reconoce la gran contribución de la MINUSTAH para mejorar la seguridad del país, considera que la Misión de la ONU es una ocupación extranjera del territorio. En las provincias, donde nunca se han registrado altos índices de violencia, la población, con una expresión muy representativa de la consideración que da a la MINUSTAH, denomina los militares TURISTAH.
Cabe destacar que, el 90% de los entrevistados afirma que la policía haitiana es un organismo muy ineficiente y corrupto. Haciendo hincapié en esta constatación, una de las justificaciones de la prorroga de la Misión consiste en la necesidad de formar a la fuerza de orden local. La portavoz de la MINUSTAH, Sophie Boutaud de la Combe, afirma que ya se han formado 7.000 policías y que para garantizar la seguridad se necesitarían 7.000 más, por lo que "la MINUSTAH tendría que permanecer cuatro años más en Haití". Pero ¿la colaboración entre PNH y MINUSTAH es una forma de aprendizaje para la policía haitiana o fomenta su dependencia hacia los soldados de la ONU?
René Preval y Hédi Annabi, jefes de la MINUSTAH desde septiembre, coinciden en que la prorroga de la Misión es necesaria principalmente por una cuesión bien distinta: la Justicia. En este ámbito, el plan de acción de la ONU consiste en profesionalizar la judicatura, prestar asesoría en la preparación de los textos legislativos, crear un sistema de asistencia accesible a todo el mundo y mejorar la formación de los funcionarios en la administración penitenciaria.
"La justicia penal y el sistema penitenciario haitiano todavía presentan graves carencias. Se han hechos muchos progresos, pero falta todavía -sostiene Thierry Fagart, jefe de la sección para los derechos humanos de la MINUSTAH-. La reforma de la policía va mucho más rápida que la reforma del sistema judicial, por lo que se correría el riesgo de construir un estado policial y no un Estado de derecho."
Es preciso reconocer el papel desempeñado por la Misión de la ONU en la pacificación de Haití. No olvidemos en el año 2004, el país se encontraba en una situación de anarquía generalizada y de lucha abierta entre bandas rivales, lo que provocó muchísimas victimas entre la población civil y la devastación de la economía nacional.
Por otra parte, la Misión tiene un costo elevado respecto a los beneficios reales para la población. Hay que considerar que el precio anual de la Misión corresponde a poco menos de la cantidad de dinero que Haití destina al gasto publico total y quintuplica el presupuesto de la policía nacional.
La inseguridad no se combate sólamente con la vigilancia y custodia de cada una de las ciudades y calles, sino respetando y protegiendo el derecho de sus habitantes a una vida digna. Para lograr una estabilización a largo plazo, Haití no necesita tanques, helicópteros militares y metralletas, sino políticas sociales y económicas: formación de profesores, programas de alfabetización, construcción de infraestructuras, creación de puestos de trabajos, fomento del turismo, formación de la policía, reestructuración del sistema penitenciario, adopción de leyes orgánicas para el funcionamiento de las administraciones locales y una nueva política energética.
Ronald Lamy, desempleado de Cité Soleil, afirma: "Los pobres no apoyamos a los bandidos. Ahora, con la presencia de la MINUSTAH, hay menos violencia; pero tenemos más hambre que cuando gobernaba Aristide".