Jorge Anaya: México: Limpieza en la Ibero

En la circunstancia crítica que atraviesa la educación superior pública -los vacilantes progresos hacia el nuevo congreso en la UNAM, la costosa huelga en la UAM, la consolidación del modelo vinculatorio y eficientista en el IPN y la Autónoma de Guada-lajara, por citar los casos que han ocupado la atención en semanas recientes-, el conflicto laboral en una institución como la Universidad Iberoamericana parecería un asunto menor y previsible. Después de todo, ¿qué tiene de particular que un colegio privado decida deshacerse de algu-nos cuadros académicos y administrativos que estorban sus planes? Así son las escuelas particulares, se dirá.

La cuestión es que la Ibero fue por un tiempo la única universidad privada del Distrito Federal que, bajo la inspiración de los jesuitas, pretendía cumplir la función de ser un espacio para la reflexión, el debate y la crítica, en vez de un centro productor de repetidores geniales de los dogmas del neoliberalismo como sus similares en esta y otras ciudades.

Pero los valores tradicionales de la compañía se han visto rebasados por la lógica feroz de la competencia mercantil. De ahí que hace seis años se escogiera para rector a Enrique González Torres, sacerdote jesuita sin trayectoria académica pero con amplia experiencia en el manejo de las muy cuestionadas instituciones de asistencia privada, quien desde el principio mostró su desdén por una comunidad académica a la que consideraba poco productiva, inhábil para competir en el actual contexto de la educación superior. Tampoco ocultó su mo- lestia con el sindicato universitario (STUIA), pues, como buen patrón formado en la nueva cultura laboral, prefiere negociar en lo individual que con empleados organizados.

Casi de inmediato González Torres emprendió la labor que no ha vacilado en calificar de "limpieza", cuyas primeras víctimas fueron los jesuitas que laboraban como académicos, mientras consolidaba su poder con base en encumbrar a sus incondicionales y modificar los órganos y reglamentos que rigen la vida de la institución.

La otra pinza de esta embestida la constituye el sometimiento del sindicato por medio de una directiva manipulable, que fue repudiada por la comunidad en la asamblea general realizada el 31 de enero pasado, en la cual se exigió la restitución de Arturo Alcalde como asesor legal del STUIA, a quien se había retirado el mandato mediante una negociación en lo oscurito. Ese mismo día, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Maricela Andrade, Julia González y Octavia Lara, representantes de los trabajadores en la comisión negociadora de la revisión salarial, fueron agredidas por cinco golpeadores azuzados por Alejandro Herrera Her-nández -dirigente de la CTM-, con quien se había pretendido remplazar al licenciado Alcalde cuando fue destituido por el comité. El hecho fue reportado en La Jornada por José Galán, quien ha seguido puntualmente los acontecimientos, pero a raíz de la publicación esas tres personas fueron despedidas por "difamar al rector y a las autoridades universitarias".

Después de esos hechos, y mientras en la universidad prevalece un estado de calma aparente, la guadaña ha segado silenciosa y sistemáticamente las cabezas de casi una veintena de trabajadores académicos, administrativos y de servicios, mujeres en su mayoría, en una cacería de brujas que no ha vacilado en recurrir al engaño y la humillación de profesores de amplia y reconocida trayectoria en la academia y la investigación.

Todo esto ocurre casi sin que la comunidad estudiantil y académica se dé por enterada, con uno que otro comentario en la prensa -entre ellos los de plumas jornaleras tan prestigiadas como Alberto Aziz Nassif y Néstor de Buen-, y sin que otros sindicatos universitarios, tan ocupados en sus propias reivindicaciones, vuelvan los ojos hacia las tribulaciones de un hermano menor que carece de los recursos y la capacidad de convocatoria que ellos podrían suministrarle.