Alberto Acosta: Ecuador: ¿Ajuste hacia arriba o el mismo ajuste hacia abajo?

Evadir la compleja realidad fiscal resulta imposible. Sin embargo, ceder una vez más a la coyuntura, tan cargada de estructura neoliberal, tan costosa en términos sociales, tan irracional en términos productivos, sería intolerable. Lo óptimo sería una colaboración amplia que rectifique el rumbo y que reparta equitativamente las cargas del ajuste.

Con el gobierno de Lucio Gutiérrez la mayoría espera el fin del interminable ajuste fondomonetarista, siempre orientado hacia abajo, pagado por los de abajo. En cambio desea una política económica, sustentada en una otra forma de ajuste, dirigida hacia arriba, que reclame una mayor contribución de aquellos grupos, nacionales y extranjeros, usufructuarios del ajuste fondomonetarista.

Es hora de desarmar un modelo que aumenta la pobreza y concentra la riqueza. La competitividad sistémica, la institucionalidad democrática y aún la seguridad ciudadana son inviables en un país en donde más de 7 millones de sus habitantes sobrevive con 36 dólares mensuales y cerca de la mitad de ellos con apenas 18 dólares al mes, mientras pocas personas -convencidas de que se lo merecen- tienen ingresos superiores a los 5 o 8 o 10 mil dólares o más. Seguir con los ajustes hacia abajo, sería una acto económicamente irresponsable, políticamente peligroso y éticamente injustificable.

En un ajuste hacia arriba se priorizará la producción sobre la especulación financiera, esto implica -para mencionar un par de acciones- conseguir que los depósitos que tiene fuera la banca retornen y se inviertan productivamente, obligando a las entidades financieras a provisionar por igual cada dólar depositado en el exterior; que los ingresos de las personas deben estar antes que los rendimientos del capital, lo cual obliga a reducir las tasas de interés al tiempo que se recuperan los salarios. Exige que ninguna decisión de política económica aumente la pobreza absoluta, por eso no es recomendable subir el precio del gas sin una focalización que considere aspectos económicos, sociales y ecológicos; que una adecuada política tributaria ayude a cerrar con equidad la brecha fiscal, para lo cual habrá que incrementar el impuesto a la renta de quienes más ganan y el impuesto a la herencia de quienes más tienen, erradicando, además, la corrupción en las aduanas; que no existan relaciones contractuales lesivas a los intereses del país, por lo que habrá que revisar los contratos petroleros y no devolver el IVA a las petroleras; que se desarmen las irracionalidades existentes, como el pago de intereses correspondientes a los bonos del salvataje bancario por parte del Ministerio de Finanzas al Banco Central... y así por estilo, muchos etcéteras más, entre los que asoma la renegociación de la deuda externa, la que, si no hay la receptividad de parte de los acreedores, tendrá que desembocar en una moratoria conciente y no forzada como en 1999, y esto sin descuidar la derogación de aquella disposición que destina el 70% de los futuros ingresos petroleros al servicio de la deuda.

El reto conlleva una definición muy clara: o el nuevo gobierno opta por un ajuste antioligárquico o al decidirse por un nuevo ajuste antipopular, aún antes de nacer, ya será un gobierno viejo.