5 de marzo del 2008

Chile

Luchar por el cambio

Arnaldo Pérez Guerra
La Insignia. Chile, marzo del 2008.

Alrededor de 70 mujeres murieron durante el año 2007 a manos de sus esposos, convivientes o ex parejas. Es una cifra oficial, que oculta muchos más casos no contabilizados como tales o que ni siquiera se denuncian. Pero el problema de la violencia contra la mujer requiere de soluciones urgentes y de un cambio cultural, sobre todo en los sectores populares.

La violencia contra la mujer se expresa en todos los ámbitos: laboral, educacional, legal, político, de salud y cultural. Las políticas públicas y la legislación al respecto siguen siendo débiles. Lo mismo se podría decir de la infancia, los ancianos, los trabajadores, los estudiantes, los pobladores y un largo etcétera.

Muchas veces, la legislación actual deja a las mujeres en una situación de completa vulnerabilidad y abandono cuando se atreven a denunciar a su agresor o a plantear sus derechos en un tribunal. La cultura machista, que privilegia los papeles tradicionales en la familia y la violencia, se mantiene gracias a un sistema económico que acrecienta la desigualdad en todos los órdenes.

Exigir una preocupación real del Estado contra la brutal feminización de la pobreza en nuestra sociedad es, por tanto, una tarea de todas las organizaciones sociales y sindicales. Demandar al Estado políticas públicas que aseguren el acceso a una vivienda a las mujeres jefas de hogar, y a la justicia y a un seguimiento eficaz de las causas en lo relativo a las mujeres violentadas, es urgente.

Las organizaciones de mujeres exigen la aprobación de una ley de paternidad que sea equitativa a la de maternidad y que otorgue el beneficio de asignación económica por hijos a cada mujer. También exigen una ley de protección de la infancia, y se debería agregar una ley de participación política de la mujer y un marco legal que castigue el feminicidio y el acoso sexual y asegure una protección real de las víctimas de violencia. Las preocupaciones de las organizaciones de mujeres deberían ser preocupaciones de todos los sectores populares.

La discriminación laboral que sufren las mujeres no es nueva. La violencia y el abuso no son nuevos. La explotación de un sistema que beneficia sólo a los más ricos no es nuevo. Durante décadas, nuestro país no ha debido hacer frente a condiciones laborales indignas, acoso laboral, abuso sexual, inequidad salarial y desigualdad en el acceso al trabajo, la salud, la educación y la justicia.

A pesar de algunos esfuerzos del gobierno anterior, el panorama no ha cambiado sustancialmente. Siguen imponiéndose condiciones indignas de trabajo a miles de mujeres: en la industria del salmón, en los grandes supermercados y multitiendas, en la agricultura, en los servicios educacionales y de protección a la infancia, en el propio Estado. Los sueldos de las mujeres siguen siendo un 30 por ciento menores que los de los hombres aunque realicen el mismo trabajo. Y eso debe cambiar. Las organizaciones sociales y sindicales deben luchar por ese cambio. Porque no lo hará nadie más.