5 de abril del 2008
Los desafíos del sindicalismo
Rodolfo de Benito
FSE. España, abril del 2008.
La primera de ellas es que, por ser sujeto, al sindicalismo le es consustancial la acción; por lo tanto, el sindicalismo está obligado a actuar y está obligado a actuar con un fin determinado: el sindicalismo está obligado a actuar para transformar la sociedad. Ese es el gran desafío, hoy como ayer, del sindicalismo; es lo que en primera instancia el sindicalismo tiene que asumir de manera inequívoca si no quiere perder su propio sentido, su propia razón de ser.
Ahora bien, como toda acción, la acción que emana del sujeto sindical tiene que tener los objetivos claros, pero también debe contar con estrategias definidas, y para esto último, para definir correctamente la estrategia sindical, es preciso interpretar correctamente cuáles son las claves que configuran la sociedad actual en su actual complejidad, saber dónde se sitúan los intereses de los trabajadores y trabajadoras, identificar qué formas adopta el conflicto general.
A partir de ahí, la estrategia sindical tiene que bascular sobre la capacidad de iniciativa, sobre el incremento cualitativo de las propuestas, sobre la definición de una nueva perspectiva de participación sindical en el establecimiento de las relaciones laborales, en el establecimiento de las condiciones de trabajo, en el establecimiento de los criterios sobre los que debe sustentarse el modelo de sociedad; en definitiva, una estrategia para intervenir en todo aquello que determina las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora, y para que esa intervención se salde ganando en equidad, ganando en igualdad, garantizando el efectivo ejercicio de cuanto configura la condición de ciudadanía, aumentando y afianzando el propio protagonismo sindical.
En función de todo ello el sindicalismo tiene que abordar también sus propios retos como sujeto, sus retos organizativos, empezando por su elemento nuclear, del que el sindicalismo cobra su fuerza y su legitimidad: la organización y cohesión de la propia clase trabajadora, para lo que la participación es un factor inexcusable a la vez que esencial, y para lo que se precisa también de la unidad de acción del sindicalismo de clase, de tal modo que la división entre las organizaciones sindicales, que tiene razones históricas y políticas, no se reduzca a una fractura permanente en las estrategias y los programas de acción, que es siempre indeseable, aunque pueda ser coyuntural y esporádicamente inevitable.
La configuración actual de la sociedad viene definida por el proceso cada vez más intenso y más acelerado, de la globalización. Este proceso ha hecho que se establezcan nuevas y más difusas relaciones entre lo laboral, lo social, lo económico y lo político, como ha hecho también que se hagan más complejos y diversos los mecanismos y las reglas contractuales, que sea más difícil identificar a sus agentes.
Si nos ceñimos a los impactos de la globalización en el terreno laboral, lo primero que constatamos es la fragmentación y diferenciación del colectivo trabajador, tanto en su vinculación con el empleo como en las condiciones en que se desempeña el trabajo. Esta fragmentación supone que las referencias en salario, jornada de trabajo, exigencias en el empleo y condiciones del mismo, tradicionalmente compartidas por amplios colectivos laborales, han perdido hoy gran parte de su fuerza aglutinante.
Esas condiciones de empleo y de trabajo fragmentadas inciden en la acción colectiva de los trabajadores y, por tanto, suponen el primero de los retos que el sindicalismo debe afrontar para no adquirir, si no ahora, sí en poco tiempo, un papel residualista en la defensa de intereses y derechos del conjunto de la clase trabajadora.
Efectivamente, la extensión y consolidación de la descentralización productiva, y sus consecuencias en la externalización de actividades, subcontratación de obras y servicios, deslocalización industrial, emergencia de empresas multiservicios, y que en su versión más extrema (que probablemente desde la lógica empresarial sea su auténtico objetivo), lleva a la expulsión de la tutela laboral de trabajadores de nuevos sectores productivos y de servicios en un contexto de mercantilización de las relaciones laborales, a lo que hay que añadir los usos y abusos de las distintas modalidades contractuales, han determinado la individualización creciente de las relaciones laborales; una individualización que, además, lejos de obedecer a la voluntad de los trabajadores, o a dinámicas micro-corporativas, no es sino un efecto de la imposición de las empresas, del fortalecimiento experimentado por el poder privado empresarial para el establecimiento unilateral de dichas relaciones laborales.
Aparentemente, se trata de un escenario en el que la negociación colectiva estaría perdiendo terreno predominantemente mediante una reducción de su campo de aplicación y un achique de la tasa de cobertura de trabajadores que ven reguladas sus condiciones de trabajo por el convenio colectivo. Sin embargo no tiene por qué ser así. Pero para que no sea así es preciso imprimir una nueva orientación a la negociación colectiva, una orientación que le permita revitalizar todo su potencial a través de la configuración del convenio colectivo de sector como la auténtica e inequívoca instancia completa de regulación de las relaciones de empleo y de trabajo en su ámbito, y desdeñando, por tanto, orientaciones o líneas de interpretación más económicas que regulativas.
Pero, además, hay que extraer también toda la potencialidad del artículo 82.1 del Estatuto de los Trabajadores, que permite seleccionar el ámbito del convenio y, por lo tanto, permite crear unidades transversales de contratación que aglutinen a un conjunto de empresas que, perteneciendo a diferentes sectores de actividad productiva, presenten un elemento de cohesión: la prestación de servicios para una misma empresa principal. Este tipo de negociación permite, por tanto, una igualación de las condiciones laborales de quienes participan en un mismo proceso de descentralización productiva, si no con carácter general, sí, al menos, en relación con determinadas materias que posibiliten tal equiparación.
Sin duda son temas que tienen una repercusión importante respecto de la estrategia sindical en la empresa y al papel de la sección sindical dentro de ella, y que habrá que ir definiendo, pero hay que incorporar esa dimensión al sindicalismo en su elaboración cotidiana, comenzando por abordar desde la propia negociación colectiva una revisión de los ámbitos de negociación, de los funcionales ante todo, pero también de los territoriales, prestando especial atención a los procesos de segregación de empresa, al objeto de la que negociación colectiva dé respuesta a espacios actualmente desprotegidos. No se trata de crear nuevos ámbitos de negociación que acentúen la dispersión actual, sino más bien al contrario, de contener los ámbitos de negociación al tiempo que se amplía su cobertura.
No obstante, abordar este giro radical tiene implicaciones que no podemos obviar; y las tiene porque se dan en un contexto, como hemos dicho antes, globalizado, lo que proporciona una dimensión supranacional y transnacional de las relaciones laborales en el que, precisamente, juega un papel muy importante el modelo de negociación colectiva, que tiene que ir poniendo las bases para que éste mire hacia el exterior y no actúe exclusivamente en función de la empresa, el sector o el país en el que se negocie.
Dicho de otro modo: el sindicalismo tiene que impulsar su propia capacidad de negociación más allá de las fronteras nacionales; también su propia capacidad de movilización Y para afrontar esta perentoria necesidad en las mejores condiciones, se requiere de un movimiento sindical fuerte a nivel global, y que tiene que ser capaz de articular, igualmente, propuestas y respuestas locales.
La apuesta en el ámbito de la Unión Europea no puede ser otra que la de una Confederación Europea de Sindicatos realmente consolidada y titular de los derechos de representación de los trabajadores, que articule una relación bien estructurada entre el sindicalismo de sector, la acción sindical en las empresas transnacionales y la suma de Confederaciones nacionales, configurándose como un verdadero sindicato supranacional. Intervenir sindicalmente en la reestructuración de las empresas, regular a escala europea los procesos de subcontratación, ampliar las competencias en materia de negociación colectiva de los Comités de Empresa Europeos, sobre igualdad de trato, o legislar sobre los trabajadores inmigrantes, supone ir poniendo las bases para un necesario espacio europeo de relaciones laborales.
Y la Confederación Europea de Sindicatos debe ser, a su vez, un instrumento dinamizador del trabajo sindical, que tiene que abordar a escala planetaria la Confederación Sindical Internacional, porque la CSI es la apuesta básica e irrenunciable para avanzar en la defensa de los derechos humanos, sociales y sindicales en unos lugares, y de defensa y ampliación de conquistas en otros. El sindicalismo debe asumir que en un mundo cada vez más interdependiente, los derechos sólo pueden defenderse haciéndolos extensivos a los demás.
La Confederación Sindical Internacional, que debe convertirse en la base que impulse el internacionalismo sindical, ha de ser el vehículo que permita universalizar la acción sindical, y con ello hacer frente a la internacionalización de una parte de las empresas, así como a la descentralización productiva, en definitiva, a unas condiciones laborales donde el empleo se desregula y precariza.
Como es necesario también impulsar iniciativas que refuercen el papel de la Organización Internacional del Trabajo, y caminen en la idea de lograr la eficacia universal de los principios y derechos fundamentales de la Declaración de 1998, favoreciendo además la creación de mecanismos de fortalecimiento de la eficacia del conjunto de estas normas fundamentales en el plano internacional, como podría ser un tribunal laboral internacional con jurisdicción universal, al estilo de lo que se ha ido consiguiendo en materia penal en los delitos o crímenes contra la humanidad.
El sindicalismo, por tanto, tiene ante sí el desafío de articular su auténtica dimensión transnacional, lo que influye de manera determinante en cómo debemos concebir las organizaciones sindicales de carácter nacional. Una concepción que debe bascular sobre el principio de la confederalidad, en el buen entendimiento de que el término alude no a una estructura, por tanto a un entramado lógico más o menos flexible, sino a una organización, esto es, a una articulación viva, orgánica en este sentido, con intereses compartidos, equilibrada, racional.
Y es que, efectivamente, confederalidad no es sólo ni principalmente el conjunto de normas o reglas por el que se vinculan distintas organizaciones entre sí; confederalidad es, ante todo, representación general de los derechos e intereses de los trabajadores, partiendo de su diversidad, defendidos y promovidos desde un programa compartido e inspirado en valores que identifican al sindicato y lo diferencian de otras organizaciones sociales o políticas.
Con todo, no es suficiente. El sindicalismo debe, en paralelo, afrontar un nuevo desafío, también vinculado a la fragmentación de la clase trabajadora, y que no puede ser resuelto íntegramente a través de iniciativas que incidan en el entorno laboral.
Me refiero al hecho de que la equidad en las condiciones de vida, por tanto, la cohesión social, no pueden dirimirse únicamente en función de parámetros laborales, aún cuando estos son de suma importancia. Pero es absolutamente determinante también el modelo social sobre el que se articula el entramado laboral, y lo es porque los mecanismos de redistribución de la riqueza generada, básicamente, por la fuerza del trabajo, operan también a través de la redistribución social de la renta, a través de la accesibilidad de bienes y servicios básicos para la calidad de vida, incluso, para la verificación efectiva de la condición de ciudadanía.
El mito de una economía abierta y en libre competencia, que lleva a entender que las demandas ciudadanas se deben satisfacer a través del mercado, ha llevado al triunfo no sólo de las políticas de privatización de los derechos sociales y de los servicios públicos, sino a una concepción dominante en la que la sociedad se concibe como un espacio de mercado. Es la sociedad de mercado lo que implica una progresiva injerencia del mercado en la prestación de servicios básicos, así como la consideración especulativa de otros, singularmente de la vivienda, lo que provoca, entre otras cosas, que el poder adquisitivo de los salarios se vea significativamente mermado, en una espiral creciente que el sindicalismo debe atajar, sin duda, a través de una negociación colectiva que permita la recuperación del poder adquisitivo; pero no es menos cierto que una posición ofensiva por parte del sindicalismo debe tener como objetivo comprometer al Gobierno en la profundización del Estado del Bienestar en nuestro país, de impulsar en el marco de un modelo social europeo sostenible y perdurable, la articulación de un modelo social en nuestro país que revitalice la ciudadanía social que el proyecto político del Estado social diseña.
Es ahí donde también tiene mucho que decir el sindicalismo de clase, reforzando la acción general, es decir, su vertiente sociopolítica, haciendo del diálogo social una prioridad real, con contenidos sustantivos, promoviendo negociaciones y, eventualmente, acuerdos que incidan, configurándola como un derecho, sobre la garantía efectiva en el acceso a bienes y servicios básicos para el conjunto de la sociedad y, significativamente, para sus sectores más vulnerables al riesgo de pobreza y exclusión social, no desde una concepción asistencial, sí desde la concepción de cohesión y equidad que está en la base del modelo social europeo.
Un modelo que también está siendo presionado por los efectos de la globalización, significativamente por los fenómenos migratorios, porque en la medida en que el gasto social de los distintos países se incrementa muy por debajo de lo que lo hace su economía, los grupos sociales más desfavorecidos, entre ellos la población inmigrante, compiten por algunas prestaciones sociales, generándose así no sólo una ampliación del empobrecimiento social, sino también fenómenos inducidos de xenofobia y racismo o, lo que es lo mismo, la materialización de una nueva fragmentación social.
El sindicalismo tiene pues que hablar, decididamente, de gasto público, y para hacerlo tiene que hablar de fiscalidad, y tiene que hablar de estos temas porque, sin duda, tiene mucho que decir en la medida en que política fiscal, salario directo y salario diferido, siempre van de la mano: Si la capacidad de recaudación del Estado es menor, los servicios públicos y los sistemas de protección social se debilitan. La alternativa para los sectores con más posibilidades pasa por la iniciativa privada; pero para los sectores más desfavorecidos la alternativa son unos servicios y unos niveles de protección social de mínimos, rayando el concepto de beneficencia. Si disminuyen los programas públicos se refuerzan los privados, que sólo abastecen a aquellos con capacidad de pago. Si se reduce el ingreso fiscal, se reduce el gasto social; y por ello se reducen los servicios para todos, y dentro del "todos", especialmente para aquellos sin alternativa de mercado. Eso produce sociedades duales donde la desigualdad es cada vez más pronunciada.
Los servicios públicos y los sistemas de protección social no han sido, desde una perspectiva histórica, una concesión: son un logro de la clase trabajadora, y corresponde por tanto a los propios trabajadores su defensa y su ampliación. Por eso tampoco aquí el sindicalismo puede plantearse una posición tibia o residualista; por el contrario, debe ser capaz, en primer lugar, de rebatir los argumentos neoliberales con relación a la bondad de la "colaboración" entre lo público y lo privado en la prestación de servicios públicos, que ya no se definen como públicos, sino de "interés general", como debe acometer una auténtica labor de pedagogía sindical que traslade a los trabajadores y trabajadoras, al conjunto de la ciudadanía, el auténtico calado, mensurable incluso en términos de niveles de pobreza, que tienen los servicios públicos, los sistemas públicos de protección social como medio de aumentar el bienestar general.
Es este entramado de lo público el único que puede garantizar de manera generalizada oportunidades suficientes sobre las que poner en pie proyectos individuales, precisamente en la medida en que permite, si no eludir, sí al menos amortiguar tanto la discrecionalidad de las empresas, como la incertidumbre de los mercados.
Por eso el sindicalismo no puede mirar hacia otro lado cuando se plantean políticas desfiscalizadoras que, a la postre, no sólo están cambiando servicio por mercado, sino que, además, imposibilitan que se acometan otra serie de inversiones necesarias para compensar los graves déficit que aún existen en nuestro país, y que son determinantes para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y los sistemas de protección social en la medida en que lo son para garantizar la sostenibilidad del propio crecimiento económico.
Efectivamente, no sólo, pero también en España se ha abierto camino un modelo de competencia basado en la presión sobre el factor trabajo, lo que significa el desplazamiento del debate sobre competitividad de su verdadero centro de gravedad, que siendo, efectivamente, la empresa, no es el vínculo con el factor trabajo a la baja lo que la determina, sino la capacidad de las empresas de generar valor añadido. Esto es, medidas que favorezcan la modernización y el reforzamiento del tejido productivo, inversión tecnológica, formación, redes comerciales, producto, mercado, es decir, aspectos centrales que tienen que ver en lo sustantivo también con la organización del trabajo.
Tozuda como es la realidad, pone de manifiesto que la mejora de la competitividad de las empresas en un marco económico y comercial cada vez más internacionalizado, no bascula sobre la presión constante hacia la moderación salarial, ni sobre la precariedad laboral; que el argumento de que el aumento de los costes laborales hace menos competitivos los productos, con la consiguiente pérdida de cuota de mercado y la subsiguiente reducción de la riqueza, no se verifica en la realidad. Por el contrario, lo que la realidad muestra es que las empresas de países con altos salarios siguen siendo las que más riqueza generan. Y es que la competencia entre producciones de países desarrollados y las producciones de países en desarrollo no se produce vía precios, sino que las innovaciones tecnológicas incorporadas a la calidad de los productos de los países más desarrollados es lo que hace más deseables estos productos aunque sean más caros.
El sindicalismo tiene que situar la centralidad que debe adquirir el impulso a la economía productiva frente a la excesiva financiarización actual y, en este marco, asumir el impulso también a un modelo de competitividad que revierta en una efectiva reducción de las desigualdades sociales y en el cuidado y preservación del medio ambiente. Por lo tanto, un modelo de competitividad que bascule sobre las producciones de mayor valor añadido, que incorporen capital humano y tecnológico, lo que pasa por un posicionamiento sindical que huya del principio del "mal menor" y sea capaz de articular una auténtica política industrial desde la que situar como un elemento estratégico la participación sindical en los procesos de innovación, que además debe vincularse a los nuevos desafíos que se han de producir en el seno de las empresas, y que exigen de éstas espacios de participación en materia de organización del trabajo.
Se trata de un desafío cierto, aunque plagado de dificultades, a las que el sindicalismo no puede añadir, porque sin duda es una dificultad de primera magnitud, su propia dejación.
Es imprescindible que el sindicalismo se nutra de su propio conocimiento, que sea capaz de aglutinar sus propias experiencias, de desbrozarlas de sus elementos casuísticos y articularlas en un planteamiento general. Pero para ello el sindicalismo tiene que reforzar (y tal vez reformular) sus pautas y sus mecanismos de vinculación con la afiliación; en definitiva, tiene que fomentar de manera decidida la participación de su afiliación, y hacerlo no sólo para tomar decisiones, siendo esto imprescindible, sino fundamentalmente para elaborar propuestas.
Este llamamiento a la participación cuenta, sin embargo, con afrontar otro gran desafío para el sindicalismo; un desafío que podemos caracterizar como la superación de un cierto alejamiento de determinados colectivos de trabajadores y trabajadoras respecto a las estructuras sindicales.
Lo que este alejamiento expresa no deja de tener su propia lógica, una lógica que se inscribe, precisamente, en la fragmentación de las condiciones de trabajo, que genera una auténtica segmentación en el mercado de trabajo, sobre la que confluye toda una constelación de mecanismos de carácter social y económico de individualización, y que hace que los procesos de identificación, tanto de los propios trabajadores entre sí, como de los trabajadores con el sindicato, cuenten, actualmente, con más dificultades que en épocas anteriores. La fractura en la estructuración de la fuerza de trabajo global genera identidades diferentes que ni son recompuestas en una identidad común, ni pueden ser coordinadas en su diversidad eficazmente -de manera últil- por un sujeto general como el sindicato de clase.
He dicho en muchas ocasiones anteriores que para superar estas dificultades es imprescindible que los trabajadores perciban la utilidad del sindicato; sin embargo, es importante que entendamos bien qué se quiere decir con "utilidad". La utilidad del sindicalismo reside de manera casi exclusiva en su capacidad para responder a intereses sociales de carácter general, y para ello tiene que reforzar su propia capacidad para captar los intereses y las necesidades de aquellos a los que representa; capacidad para presionar, negociar y acordar; capacidad para unir voluntades políticas y sociales.
La cultura obrera fue una construcción destinada a articular la clase social y a construir un entramado cultural-institucional en el cual los trabajadores se podían reconocer, y en cuya configuración, la organización de los trabajadores a través del sindicalismo de clase es un factor clave. Las formas de vida características de la modernidad han tenido un impacto decisivo en las tradiciones de clase y en sus manifestaciones culturales, y no ha habido, de momento, ninguna estrategia defensiva eficaz o un intento exitoso de reconstruir una nueva cultura.
Pero también hay que constatar que cada vez hay más complejidades en la orientación política de la clase trabajadora, crecientemente fracturada en su realidad y diseminada en sus intereses. De ahí que en una situación compleja como la actual, se verifiquen pautas muy diferentes según sean los momentos y la coyuntura histórica o económica.
Las crisis sociales que han marcado a muchas sociedades europeas en los últimos veinte años nos proporcionan una buena cantidad de ejemplos en los que visualizar esta situación nueva, por ejemplo, a través de los conflictos producidos dentro de las fuerza del trabajo protagonizados por sectores de la clase obrera industrial, y los colectivos de inmigrantes por el acceso a algunos bienes del estado de bienestar, especialmente en la medida en que estos son escasos.
Por consiguiente, es prioritaria la recuperación de la política y de la cultura como elementos centrales del discurso sindical, hay que seguir batallando por hacer realidad la definición teórica de sindicato confederal. Y hacer frente a esa prioridad sindical requiere, con urgencia y con intensidad, situar la participación en el centro del discurso y de la práctica sindical. Hay que entender esto bien: no quiero decir que hablemos de la participación; quiero decir que la construcción misma del discurso sindical debe sostenerse sobre la participación, que el discurso sindical es ya, de suyo, un compromiso de la organización con su afiliación -no concibiendo al afiliado y afiliada como un mero administrado-, un compromiso con los trabajadores, donde realmente reside la "soberanía" del sindicato, porque si no lo es, no son más que palabras.
Del mismo modo, la práctica sindical, los modos de hacer del sindicalismo, los procesos de movilización, de negociación, la toma de decisiones, precisan de un proceso de construcción participada que es lo único que legitima la representación, porque, si no, la representación se convierte en suplantación. Las propias dificultades que se encuentran en las formas de acción sindical y de presión y movilización colectiva sobre la base de la nueva organización de empresa y de los procesos productivos de servicio, son compensadas y superadas sólo en la medida en que se produzca una participación activa de los trabajadores en relación directa con el sujeto sindical que los representa.
Dicho con mayor rotundidad: sólo puede haber sindicato si se hace sindicalismo, y no se puede hacer sindicalismo a espaldas de los trabajadores o a pesar de ellos, como no se puede hacer sindicalismo banal, intrascendente, que no aporte nada sustantivo a los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, sólo se puede hacer sindicalismo a través de la participación.
Sólo a través de la participación seremos capaces de identificar los intereses de los trabajadores, a veces contrapuestos entre sí, de elaborar planteamientos de síntesis que sepan articular las diferencias en un planteamiento general, de organizar a los trabajadores desde un planteamiento emancipador, por lo tanto, consciente y crítico, no tutelar (porque la tutela es incompatible con el sindicalismo de clase), de articular, por tanto, una movilización sostenida alejada del creciente protagonismo que en el sindicato está adquiriendo lo que José Luis López Bulla llama la "cultura de lo fugaz", que se materializa en acciones puntuales que, sin embargo, no se dotan de una continuidad necesaria en la medida en que no están articuladas en una estrategia sindical, y que venga a dotar de continuidad aquello que las nuevas formas de organizar la producción y la propia normativa laboral ha fragmentado.
Soy consciente de que esta conferencia se inserta en el proceso previo a la realización del 9º Congreso de la Confederación Sindical de CCOO, un Congreso que hay que aprovechar para ampliar y profundizar en los debates, para abordar las contradicciones y la necesidad de introducir los cambios necesarios para con ello dar respuesta a las necesidades sociolaborales, económicas y productivas que se derivan de un nuevo escenario. Que tienen que contribuir a recuperar un consenso amplio, desde una concepción plural de la vida sindical.
Un Congreso es el mejor momento para reforzar el debate, la participación, y con ello impulsar el protagonismo sindical, poniendo al sindicato a la ofensiva, tal y como acertadamente recogen las conclusiones del último Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos, ganando en capacidad de propuesta y de iniciativa, dando nuevas respuestas organizativas, tanto a los cambios que se vienen produciendo en materia de organización del trabajo, como a los que se desprenden de la existencia de nuevos colectivos, de una sociedad más diversa, y de la emergencia de nuevas necesidades sociales.
Un sindicalismo inteligente en definitiva, capaz de hacer frente a los retos presentes y futuros, que se convierten en prioridades para el movimiento sindical en nuestro país.
Sin duda a todo modelo productivo le es consustancial un determinado modelo de mercado de trabajo y las consecuencias que de éste se derivan en materia de relaciones sociolaborales. Por tanto, ha de ser una prioridad sindical que se acometa un cambio acelerado y profundo del actual modelo de crecimiento económico; un cambio que gire hacia la economía productiva, lo que exige, a la vez, del desarrollo de políticas industriales basadas en la inversión, el desarrollo y la innovación tecnológica, por consiguiente, en la formación, porque sólo sobre ese modelo se puede reconstruir un mercado de trabajo con mayores niveles de estabilidad y, consecuentemente, con menor fragmentación y precariedad, lo que, de hecho, se convierte en la base de mayores niveles de productividad y competencia de las empresas.
Ello exige también abordar sin dilación el actual proceso de individualización de las relaciones laborales, su mercantilización en el extremo, y los fenómenos de precarización que esto conlleva; fenómenos que están creando una situación de auténtico empobrecimiento y de reforzamiento de la situación de subordinación para un número nada despreciable de trabajadores y trabajadoras a los que, precisamente, el sindicato tiene que dar respuesta.
Como consecuencia, la negociación colectiva debe ser objeto de una nueva orientación que le permita poner en valor todo su potencial regulativo, dando respuesta también a los fenómenos de descentralización productiva, externalización y subcontratación; fenómenos todos ellos que, además, están muy vinculados a la existencia de empresas de carácter global, lo que se convierte en un gran desafío para el movimiento sindical, que tiene que reformular estructuras y desarrollos organizativos y también nuevas estrategias sindicales.
De manera prioritaria, igualmente, hay que abordar la creación de nuevos instrumentos, nuevas políticas del derecho, nuevos espacios y nuevas perspectivas de participación que garanticen nuevos derechos del sindicato en la empresa, también con relación a los fenómenos que hemos analizado anteriormente, y que son consecuencia de la descentralización productiva, así como con relación a la cada vez mayor atomización de las empresas y con relación a la incorporación de nuevos espacios de intervención social.
Hemos de afrontar también el necesario impulso de un auténtico modelo social en nuestro país; un modelo que no sólo profundice y desarrolle políticas públicas de bienestar y protección social, sino que verdaderamente vertebre las existentes, y articule así un sistema, en la perspectiva, además, de reforzar el modelo social europeo, del que no están al margen ni los derechos laborales, ni la negociación colectiva.
Afrontar estos retos de manera solvente pasa necesariamente por un incremento cualitativo y cuantitativo de la participación. Participación del sindicato, que debe explorar nuevas instancias de participación, pero también nuevos modos, intensificando de otra parte su dimensión internacional y transnacional; pero también participación en el sindicato que debe fortalecer sus vínculos naturales, paradójicamente dotándolos de una mayor flexibilidad, de una mayor permeabilidad, facilitando la participación de los trabajadores y trabajadoras, de la afiliación, de sus propias estructuras, más allá de los momentos álgidos y puntuales en que esta participación es requerida.
La participación, en definitiva, no es un objetivo; es el suelo en el que se asienta la vertebración de una organización, singularmente de una organización como CC.OO.
(*) Rodolfo Benito, presidente de la Fundación Sindical de Estudios y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras, de España. Conferencia pronunciada durante el ciclo de debates "Diálogos sobre política sindical" (Madrid, febrero del 2008).