31 de octubre del 2007

Chile

El oro y la sangre del clan Pinochet (III)

Arnaldo Pérez Guerra
La Insignia. Chile, octubre del 2007.

Las maniobras para intentar sacar al juez Carlos Cerda del caso Riggs continúan. La propia Corte Suprema encargó al ministro Cornelio Villarroel determinar si el juez Cerda incurrió en "faltas" al hacer declaraciones en Estados Unidos tras recibir un premio de la Fundación Gruber y la Fundación Peter, en la Universidad de Georgetown (Washington), por su actuación en casos de derechos humanos y destacada labor judicial. El clan del ex dictador ha ocupado subterfugios y falacias para intentar conseguir su "inhabilitación del caso".

El informe del ministro Cornelio Villarroel, presidente de la Corte de Apelaciones, sugiere que se "sobresea la investigación administrativa" contra el juez Cerda. "De acuerdo a los preceptos legales consignados en la Constitución, prevalece en este caso el derecho de opinión. (…) No faltó al artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales. Del tenor de las palabras pronunciadas por el ministro señor Cerda, no se advierte que dicho magistrado haya atacado en ninguna forma la conducta oficial de los jueces. (…) (Sus dichos) constituyen única y puntualmente un juicio sólo comparativo que no debe ser tenido por ataque, con toda la fuerza que dicho término encierra y conforme con las definiciones ya antes extraídas. (…) Este ministro, en el transcurso de esta puntual investigación administrativa, ha adquirido la certeza de que las declaraciones del señor Cerda gozan de aquella legitimidad jurídica que emana del hecho de haberse encontrado autorizado constitucional, legal y plenamente para ello, esto es, con el título constitucional suficiente para el ejercicio efectivo de su libertad de opinión, por no ser sus derechos propios distintos a los de otro ciudadano no judicial. (…) Negarle el ejercicio del derecho de opinión llevaría por lo demás al absurdo de sostener que los miembros de la Corte Suprema puedan estar sujetos al juicio de todas las demás personas y no puedan estarlo en cambio al juicio u opinión de un miembro del Poder Judicial, que sí tiene el privilegio de conocer todos los ámbitos que conducen a la administración de justicia y que puede por lo tanto expresarse, con mayor autoridad y conocimiento, acerca de lo que le parece pueda lograr un mayor avance y perfeccionamiento en la administración de justicia", señala informe, que será conocido por el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema, quienes, finalmente, deberán resolver.

¿Amparos?

Hace apenas unos días la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la mayoría de los "amparos" presentados por el clan Pinochet -la viuda del ex dictador, Lucía Hiriart, y sus hijos Marco Antonio, Lucía, Verónica y Jacqueline- y 18 de sus ex colaboradores más cercanos. Dejando sin efecto los procesamientos por el delito de "malversación de caudales públicos", dictador por el juez Carlos Cerda, en el caso Riggs. La decisión fue adoptada por los jueces Dobra Lusic, Juan Fuentes y Mauricio Silva. Se mantiene procesado Augusto Pinochet Hiriart, que no recurrió de "amparo" quizás por vergüenza. Miles de recursos de "amparo" fueron rechazados por los jueces cuando los familiares de detenidos desaparecidos y presos políticos exigían a los tribunales saber del paradero de sus familiares. Miles de esos nombres aparecen en las listas de ejecutados, detenidos desaparecidos y ex presos políticos torturados en las cárceles y centros clandestinos de los organismos de seguridad de la dictadura. Los únicos "amparos" rechazados por la Quinta Sala fueron los interpuestos en favor de los ex funcionarios de la dictadura Gustavo Collao Lira y Eduardo Castillo Cádiz.

El abogado Alfonso Insunza, querellante en el caso Riggs, apeló de la resolución ante la Corte Suprema. Insunza explicó a la prensa que "el amparo no es la vía para dejar sin efecto los procesamientos", y que "la Quinta Sala resolvió sobre temas que son de fondo y que se alegan en otra instancia del proceso".

El gobierno se limitó a decir que las "instituciones funcionan". Tras participar en el consejo de gabinete extraordinario que encabezó la Presidenta Michelle Bachelet, el ministro vocero Ricardo Lagos Weber, dijo: "Tendría que interiorizarme respecto a qué es exactamente lo que ocurrió en los tribunales de Justicia, antes de emitir un pronunciamiento responsable. Nos preocupamos que las instituciones funcionen y que los tribunales puedan llevar a cabo su labor como corresponde, con tranquilidad. (…) Como Ejecutivo y como gobierno nos corresponde asegurarnos que los fallos se cumplan. El procesamiento de la familia Pinochet fue una decisión de los tribunales de Justicia, en consecuencia son los tribunales de Justicia los que toman esas resoluciones y los que las pueden revisar. Es lo único que puedo señalar como gobierno", aseguró.

Para el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras, "con los Pinochet en tribunales suele suceder algo que rompe el principio constitucional de igualdad ante la ley. Porque la vía del recurso de amparo, históricamente establecido con un fin específico y determinado, no es la vía idónea para discutir el fondo. No es la sede para pronunciarse acerca de los autos de procesamiento. (…) El peso de los Pinochet y de su círculo de hierro hace posible un fallo distinto en que se anula procesamientos por una vía no destinada al efecto. Esta sola circunstancia nos lleva a afirmar que el fallo de la Quinta Sala es equívoco, errado y sin fundamento legal y rompe la igualdad ante la ley pues a nadie más que no sean estos personajes privilegiados se le concede el revocamiento de un auto de encausamiento por el camino del amparo. El momento procesal jurídicamente válido es sólo el de la vista del recurso de apelación", agrega.

Cuentas de la mafia

El procesamiento dictado por el ministro Cerda evidencia que las cuentas que la familia Pinochet mantuvo en el extranjero acumularon un total de 20 millones 199 mil 753 dólares, cuyo origen "no encuentra justificación razonable". Al analizar los ingresos del ex dictador -entre 1973 y 2003, año en que dejó su cargo de comandante en Jefe del Ejército-, Cerda señala que sus ingresos ascendían a 2.146.473.111 pesos, correspondientes a la suma de sus "sueldos" en el Ejército, la "dieta" como Senador, su "pensión" como ex presidente de la República y "otras pensiones y honorarios". Pero el ex dictador y su esposa, en igual período, "gastaron" la cifra de 6.331.471.120 pesos. El "saldo negativo" no se cubría con lo que los Pinochet "acumularon" años anteriores. La "diferencia" fue solventada con "gastos reservados" asignados a la Casa Militar, la Comandancia en Jefe del Ejército y la Presidencia de la República, que fueron "sacados del país" y luego "reingresados" a través de "complejas operaciones financieras". Incluso, los secretarios generales del Ejército de Chile "cursaban las peticiones de dinero" del ex dictador y su familia, recursos que luego fueron utilizados para "comprar propiedades", "hacer construcciones" y "adquirir objetos suntuarios". Agregados militares en el extranjero también se implicaron en el "traspaso de fondos".

Una investigación del Senado de Estados Unidos estableció la existencia de 127 cuentas y certificados de depósito registrados en ese país a nombre del ex dictador Augusto Pinochet y su clan familiar. Se encontraron evidencias de otras cuentas en paraísos fiscales como Las Bahamas, Islas Vírgenes y Gibraltar, y también en Suiza y Reino Unido. El Banco Citigroup reconoció que entre 1981 y 2004 abrieron en Estados Unidos 63 cuentas y certificados de depósito a nombre de Pinochet y sus hijos, y otras a nombre de entidades offshore creadas por el banco a petición de los hijos de Pinochet, las que se cerraron entre 2000 y 2004, "salvo una que se encuentra embargada". La investigación del Senado, en julio de 2004, reveló que el ex dictador tenía cuentas secretas no sólo en el Riggs. Se descubrieron unas 127 cuentas bancarias fuera de Chile, en las que el clan Pinochet amasó y escondió una fortuna que supera los 27 millones de dólares. Fortuna que el propio Consejo de Defensa del Estado (CDE) plantea "proviene de la malversación de gastos reservados y de la venta y tráfico de armas". El abogado Alfonso Insunza asegura que "está acreditada la red financiera y la asociación ilícita que se formó para abultar el patrimonio financiero de los Pinochet Hiriart".

Para el abogado Contreras, quien presentó la primera querella criminal en contra del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, patrocinando a Gladys Marín, líder del PC, "este episodio judicial está muy lejos de haber concluido y que cabe esperar que finalmente los culpables sean condenados. De no ocurrir así, el país estará notificado de la voluntad del sistema de poder actual en Chile en orden a 'dar vuelta la página', poner 'punto final' y 'mirar al futuro' que son los eufemismos más empleados para tratar de esconder la basura bajo la alfombra, y en este caso dar el 'perdonazo' a quienes construyeron al margen de la ley una de las más impresionantes fortunas de la historia y en que se mezclan no sólo la malversación y la estafa sino el contrabando de armas y la incautación de valiosos bienes de los perseguidos de los primeros años de la dictadura militar", dice.

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