17 de octubre del 2007

Reflexiones peruanas

¡Están comiendo pollo!

Wilfredo Ardito Vega
La Insignia. Perú, octubre del 2007.

-¡Maldonado-Lima! ¡Maldonado-Lima! ¡Conteste, Maldonado!

En 1990, para comunicarse con Puerto Maldonado todavía había que acudir al Santuario de Santa Rosa en la avenida Tacna y usar la radio de los dominicos. En la olvidada capital de Madre de Dios, la luz y el agua estaban racionadas en las pocas zonas donde llegaban; sólo había unas seis cuadras asfaltadas y diez teléfonos a manivela, ya inoperativos.

Aquel año, mientras yo trabajaba con un grupo de profesores, los maldonadinos decidieron convocar a un paro general para llamar la atención de las autoridades limeñas sobre el abandono que sufrían. Pero los organizadores del curso decidieron que, dadas las necesidades de los profesores, éste debía proseguir.

A mediodía, los profesores se retiraron a sus casas para almorzar. Mis colegas y yo encontramos una pequeña fonda que, a puerta cerrada, vendía un modesto menú de sopa y estofado de pollo. El precio era mucho más elevado de lo normal, pero no había otra alternativa. Estaba tomando la sopa, cuando súbitamente se empezaron a escuchar gritos en la calle.

-¡Están comiendo pollo! - se oyó la voz acusadora de una mujer.

Los gritos continuaron y luego cayó sobre la puerta una andanada de golpes y pedradas. La fonda era un frágil local de madera y era evidente que los sitiadores la derribarían pronto. Yo no sabía si huir con mi plato de sopa o terminármelo rápidamente antes de ser linchado por comer en día de paro. Opté por lo último y los atacantes desistieron de repente, acaso porque encontraron otro infractor de la voluntad popular.

En un país con las terribles injusticias del Perú, las movilizaciones populares son justas y necesarias; sin embargo, a veces atentan contra los derechos fundamentales de las personas. Casos especialmente tristes han sido los de Percy López, quien falleció porque la ambulancia que lo transportaba desde Cerro de Pasco no pudo llegar a Lima, debido al bloqueo de la Carretera Central por los trabajadores de Casapalca, y el niño Fermín García, que murió de frío mientras intentaba cruzar a pie con algunos familiares.

Ese mismo día de junio, la violencia policial provocó la muerte de dos obreros y días después falleció también el policía Carlos Mariluz, víctima de una pedrada arrojada por uno de los trabajadores. Dudamos que alguna de estas muertes fuera intencionada, pero todas fueron igualmente condenables.

Desde Arequipa hasta Satipo, la destrucción de municipalidades, comisarías y patrulleros, así como los ataques violentos a los establecimientos que no acatan una paralización también han sido frecuentes. Nos preguntamos si puede ser legítima una movilización que se basa en la amenaza o el temor. Mucho más grave todavía ha sido la práctica de tomar como rehenes a funcionarios municipales o policías.

Ahora bien, las manifestaciones sociales que no buscan defender derechos sino salvaguardar intereses políticos o económicos son las que tienen las formas de protesta más insensibles frente a los demás. Recordemos por ejemplo a los ganaderos enfrentados a la empresa Gloria, que derramaron en las calles de Trujillo centenares de litros de leche que habrían servido de alimento a muchos niños pobres.

En varias localidades, la simple pretensión de ordenar el tránsito o la presencia de funcionarios "que no son del lugar" ha generado actos de violencia indiscriminada. Con relativa frecuencia, ha sido lamentable el papel de algunas emisoras radiales, que azuzaban a la población.

Naturalmente, la indiferencia del Estado, incluso frente a las protestas más legítimas, aumenta la sensación de que son necesarias medidas extremas. El mismo gobierno envía el mensaje de que bloquear una carretera o tomar un local público es más eficaz que todos los recursos legales para lograr solución a una demanda justa.

Sin embargo, los que organizan las movilizaciones sociales también son responsables de los derechos que pueden conculcar. Hasta en las guerras se deben evitar daños a enfermos, niños y ancianos, especialmente si tenemos en cuenta que ni Defensa Civil ni los bomberos hacen acto de presencia para auxiliar a las personas más vulnerables.

Ni las demandas sociales más legítimas, ni la incapacidad del actual régimen para responder a ellas, pueden justificar poner en riesgo la vida, la integridad física o cualquier otro derecho fundamental.